Las afirmaciones más cuestionadas de la intervención de Marta Lucía Ramírez en la ONU

La vicepresidenta y canciller habló sobre la implementación del acuerdo de paz, el paro nacional y el narcotráfico ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, por redes sociales cuestionaron la veracidad de sus afirmaciones.

“El paro nacional es resultado de la pandemia”

Marta Lucía Ramírez negó que el paro nacional estuviera relacionado con un incumplimiento del acuerdo de paz o de otros acuerdos firmados por el Gobierno en protestas anteriores. En cambio afirmó que las protestas son resultado de los efectos de la pandemia del covid-19.

“Esas protestas no obedecen al incumplimiento del Gobierno en materia de este acuerdo. Son protestas que de seguro varios países han sufrido como consecuencia del dolor que vive la humanidad entera por cuenta de una pandemia que se ha llevado a millones de personas y ha empobrecido a millones de seres en todo el planeta. Esa es la razón principal de la gran insatisfacción que hay en Colombia”, dijo Ramírez en la sesión especial.

La canciller aseguró que la crisis por el coronavirus agravó la pobreza y la pobreza extrema en el país y que por ello el Gobierno ha dado “prioridad a atender las solicitudes de los jóvenes”, que se han manifestado por más de dos meses.

Sin embargo, las razones que desencadenaron el paro nacional el 28 de abril son diversas. El proyecto de reforma tributaria de Alberto Carrasquilla fue un detonante que evidenció una serie de inconformidades que, de acuerdo con el Comité del Paro, se venían acumulando sin soluciones efectivas desde noviembre de 2019.

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Organizaciones sociales, en especial las que se encuentran en los territorios afectados por el conflicto, como el Catatumbo, sí le han reclamado al Gobierno por la implementación del acuerdo de paz. De hecho, esa es una de las grandes solicitudes.

“Falta a la verdad una vez más el Gobierno, esta vez en voz de la vicepresidenta Ramírez, cuando afirma que el paro nacional nada tiene que ver con los incumplimientos al acuerdo de paz. ¡Falso! Esa es precisamente una de las reivindicaciones centrales. Colombia quiere paz”, aseguró Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes.

El representante de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, afirmó que la implementación del acuerdo es una “oportunidad para ayudar a responder a muchos de los problemas duraderos a los que se enfrenta el país” y sugirió que se debe avanzar con “pasos decididos” para acelerar dicha implementación en los próximos meses.

“Las muertes durante el paro son culpa de las infiltraciones”

Aunque la canciller hizo referencia a los asesinatos durante las manifestaciones, no reconoció la participación de la fuerza pública: “Durante estas protestas hemos tenido muertes, que nos duelen; no importa el número, lo importante es que no debió haber ni un solo muerto. Pero estos muertos se dieron porque en un contexto de protestas válidas, legítimas, que nuestro Gobierno apoya y protege, desafortunadamente hubo minorías que se infiltraron, desarrollando vandalismo, destrucción, llegando armados a las protestas, dando muerte a muchos de los ciudadanos que estaban allí”.

Si bien se adelantan investigaciones sobre las infiltraciones de grupos armados en la movilización social y no se desconocen los hechos de vandalismo, las organizaciones nacionales e internacionales han señalado el abuso de fuerza por parte de la Policía.

La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresó su “profunda preocupación” por las denuncias de “graves violaciones de derechos humanos” por parte de las fuerzas de seguridad durante el paro nacional.

La oficina de Bachelet registró, del 28 de abril al 16 de junio, denuncias de 56 muertes (incluidos 54 civiles y 2 policías) en el contexto de la protesta, ocurridas principalmente en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, así como 49 presuntas víctimas de violencia sexual.

Con corte al 27 de junio, la Policía había abierto más de 200 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias en el marco de las protestas, incluidas 16 por homicidio. Y las organizaciones sociales tienen cifras alarmantes, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y Temblores ONG denunciaron que en los dos primeros meses de paro se presentaron 75 asesinatos, 44 presuntamente perpetrados por la fuerza pública.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, respecto a las declaraciones de Ramírez, señaló que la canciller “olvidó decir que hay evidencias sólidas que apuntan a miembros de la policía en al menos 25 homicidios”.

Respecto a las afirmaciones de la canciller, también se cuestionó que el Gobierno apoye y defienda en Colombia la movilización social. Por redes sociales también se recordó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que desaprobó el uso desproporcionado de la fuerza durante las manifestaciones.

De hecho, una de las grandes críticas al Gobierno del presidente Iván Duque durante el paro nacional, tiene que ver con la “negación” de la violencia cometida por la Policía.

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Sin embargo, la canciller defendió la labor de la fuerza pública y aseguró que lo que se vio en Colombia fue un “proceso de destrucción sistemática, organizada, planeada y financiada para deteriorar las condiciones sociales, políticas y económicas” del país.

Ramírez agradeció la intervención del organismo mundial al apoyar los acercamientos entre el Gobierno, el Comité del Paro y otros actores de las protestas; y dijo que lo visto en medios de comunicación respecto a violencia y represión estatal no responde a la realidad.

Implementación del acuerdo de paz

Por otra parte, respecto al tema de la sesión especial del Consejo, la canciller colombiana afirmó que el presidente Iván Duque ha sido respetuoso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional creado tras el acuerdo. Pero hizo la salvedad que “si bien se ha progresado en líneas como la del secuestro, la sociedad colombiana espera ver mayores esfuerzos y celeridad en los casos de violencia sexual y de reclutamiento de niños”.

“¡No cesaremos en nuestros esfuerzos para proteger a quienes dejaron las armas y le apostaron a la paz! Los avances alcanzados en materia de reincorporación política, económica y social son incuestionables. Para abril de 2021, se registraron 13.998 personas como desvinculadas de las Farc, de las cuales el 99,1 por ciento cuenta con afiliación a salud y el 87,2 por ciento a un régimen pensional”, señaló.

En su discurso, la vicepresidenta también expresó su preocupación por la incidencia, “aún patente, del narcotráfico como fuente de ilegalidad y violencia” y aprovechó la oportunidad para referirse a la extinta guerrilla.

“A pesar del esfuerzo del Gobierno y de la sociedad colombiana, el narcotráfico sigue siendo un desafío sobre el cual esperamos que las antiguas Farc avancen con mayor celeridad y profundidad en compromisos reales, incluyendo la identificación de las rutas del narcotráfico y sus aliados internacionales en el negocio, allí está la causa fundamental de las muertes de tantos líderes en nuestro país, defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras y, sobre todo, de sustitución de cultivos”.

Sobre estas declaraciones también hubo reparos, particularmente de Rodrigo Londoño que aseguró que la canciller mintió ante la comunidad internacional sobre el narcotráfico, pues aseguró que “el acuerdo de paz fijaba la solución a este problema y deliberadamente el Gobierno decidió no implementarlo”.

Asimismo, dijo que no hay cifras que soporten los avances en la reincorporación, teniendo en cuenta que más de 270 firmantes han sido asesinados. Del mismo modo, se ha cuestionado al Gobierno de Duque por los recursos asignados a la paz y los avances en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Con información de Agencia Anadolu
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