Las dos caras de la reforma a la Procuraduría aprobada en el Congreso

Mientras los defensores del proyecto aseguran que se trata de una oportunidad para fortalecer la lucha contra la corrupción, quienes lo critican denuncian que se está creando un órgano para perseguir a la oposición y premiar la burocracia. ¿Qué fue lo que se aprobó?

Sin mayor problema pasó por las plenarias de Cámara y Senado el proyecto de ley que modifica el Código General Disciplinario, la máxima norma para los procesos en contra de funcionarios públicos. A pesar de las críticas, en la noche de este miércoles, la iniciativa superó sus últimos debates.

En el Senado, la propuesta recibió una apabullante votación a favor, con 53 votos de respaldo y solo nueve en contra. Lo mismo sucedió en la Cámara de Representantes, donde la disputa se cerró con 102 votos a favor y 28 en contra.

Este proyecto de ley fue presentado directamente por la procuradora Margarita Cabello y el ministro del Interior, Daniel Palacios. Asimismo, contaba con el respaldo del presidente Iván Duque, quien envió a la Mesa Directiva del Congreso una carta para solicitar el trámite de urgencia.

La polémica empezó con la discusión de la propuesta en las comisiones primeras de Cámara y Senado, donde varios congresistas de oposición presentaron proposiciones para tratar de hundir el proyecto. Angélica Lozano, Roy Barreras, Inti Asprilla y Juanita Goebertus fueron algunos de los legisladores que cuestionaron la reforma.

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“El proyecto que le da superpoderes a la Procuraduría es una burla al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y genera un gasto burocrático multimillonario innecesario para un ente anacrónico, cuyas funciones ya ejercen otras instituciones públicas”, dijo la senadora Lozano.

Cabe resaltar que con este tema se revivió la discusión sobre la sentencia de la Corte IDH en el caso Petro-Ordóñez. El tribunal internacional aseguró que la destitución de Petro como alcalde de Bogotá fue una violación a sus derechos políticos, pues no había un fallo judicial contra él, y que Colombia debía modificar sus normas para que no volviera a suceder.

Por esa razón, la Procuraduría argumenta que su proyecto es una respuesta a las consideraciones de esta corte. Sin embargo, los opositores aseguran que se trata de todo lo contrario, pues la iniciativa ignora las disposiciones y pone en riesgo al país de recibir sanciones internacionales.

El argumento de la oposición radica en que el proyecto de ley faculta a la Procuraduría para investigar y sancionar a funcionarios públicos, incluso los electos por voto popular. En otras palabras, con la nueva ley, el Ministerio Público puede destituir a dichos funcionarios, una función que estaba restringida a los jueces penales.

Ese carácter jurisdiccional que el proyecto le da a la Procuraduría fue la manzana de la discordia durante todo el debate. “Cualquier decisión de suspensión mayor a tres meses o de destitución de servidores públicos electos por el voto popular debe pasar por un control automático de un juez de la república”, dijo el representante José Daniel López.

Expertos como Esteban Hoyos, decano de la Escuela de Derecho​​ Eafit, se mostraron preocupados por la facultad de juzgar que se le da al ente. “La propuesta tal y como se presentó es potencialmente violatoria de los derechos de los funcionarios de elección popular”, dijo.

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La defensa de la Procuraduría

El Ministerio Público, en cabeza de Margarita Cabello, realizó una fuerte campaña en medios y redes sociales para promover el proyecto. Según la funcionaria, se dijeron muchas mentiras al respecto y se habló muy poco de la motivación real del proyecto, evitar la impunidad y la prescripción de varios procesos disciplinarios.

“La verdad es que la Procuraduría y la procuradora, desde la Constitución Política de 1991, tienen facultades de policía judicial y lo que el proyecto quiere es todo lo contrario, que no le quiten a la entidad la facultad de investigar a los funcionarios de elección popular”, aseguró Cabello.

Los defensores del proyecto aseguran que este le brinda a la entidad un fortalecimiento para cumplir su función disciplinaria. Con la nueva ley, la Procuraduría crea una sala especial de juzgamiento y habilita un proceso con hasta tres instancias para la defensa de los funcionarios públicos.

Asimismo, se propone introducir otra garantía del proceso penal al proceso disciplinario. Se trata de la separación de las fases de instrucción y juzgamiento, las cuales deberán hacerse por funcionarios diferentes e independientes.

Otro de los puntos fuertes en la defensa de la Procuraduría está en el rescate de más de 10.000 procesos disciplinarios que, según la entidad, se tendrían que archivar sin la aprobación de la iniciativa. Entre dichos procesos estarían las investigaciones contra Alejandro Lyons por el cartel de la hemofilia, los escándalos de Odebrecht, el Programa de Alimentación (PAE), entre otros.

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Las sombras de la nueva ley

A falta de la conciliación y la sanción presidencial, este proyecto parece no tener vuelta atrás. Sin embargo, las voces críticas aseguran que la decisión es un golpe a la democracia y que buscarán otras instancias para continuar el debate. Congresistas como Katherine Miranda e Iván Cepeda anunciaron demandas.

Además de los cuestionamientos sobre el desacato al fallo de la Corte IDH y de las denuncias sobre una supuesta estrategia de persecución a la oposición, la ley tiene otros lunares que generan preocupación en la sociedad.

Uno de los más polémicos es la creación de varios cargos que serían necesarios con la entrada en vigencia del nuevo código disciplinario. Fabio Amín, coordinador ponente de la propuesta, aseguró que los nuevos puestos serían cerca de 100. Sin embargo, aún existen muchas dudas al respecto y parece que ni la Procuraduría tiene claro el tema.

Para la representante Juanita Goebertus, la planta de la Procuraduría aumentaría en cerca de 500 cargos, de los cuales no existe un estudio responsable sobre los costos de nómina. “Esto es echarle gasolina al fuego que está en las calles, que nos exige quitarnos privilegios como funcionarios y ser austeros”, dijo Goebertus.

Algo similar opina el representante Gabriel Santos, del Centro Democrático, quien aseguró que es necesario “mandarles un mensaje a los contribuyentes, quienes están exigiendo que hagamos un buen manejo de las contribuciones y se vaya al gasto social. Pedimos que haya racionalidad en el gasto”.

A las críticas de los congresistas se han sumado las de organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Consejo de Estado. Este último aseguró, en una carta enviada, a la procuradora que la medida “desconoce la función constitucional de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

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4 Comentarios

  1. Nada nuevo ni relevante en este articulo. Solo un resumen mas de lo dicho en los grandes medios. Un poco decepcionante ya que estos portales digitales nuevos han creado mucha expectativa por hacer nuevo periodismo. Entendible que hacer buen periodismo e independiente es costoso, pero si es frustrante leer resumenes de otros diarios. Mucha expectativa generada para tan poco. Esperar como evolucionan estos medios que trabajan con las uñas.

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