Las bandas y organizaciones criminales que asechan a Bogotá y Cundinamarca

La presencia de grupos armados ilegales en la capital y municipios de Cundinamarca es un fenómeno del que poco se habla, sin embargo, la Defensoría del Pueblo alertó amenazas, usuras, desaparición forzada y homicidios.

No alcanzan los dedos de la mano para contar los grupos ilegales que hay en Bogotá y en los municipios aledaños, incluso, funcionan como “un cuerpo colegiado”, según las autoridades. 

En la base están grupos de crimen organizado con presencia regional y local (Los Chatas, Los Paisas, La Unión, Los Triana, Caicedo, Los Pachely, La Cordillera, La Sierra, La Mafia, La Oficina de San Andresito, entre otros). En el nivel medio, grupos de alcance nacional como La Oficina, Los Boyacos, las Águilas Negras, disidencias de las Farc, el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, que se articulan con grupos locales. En el último nivel, las organizaciones de crimen transnacional, que por medio de acuerdos con el nivel medio, extienden las economías ilícitas a otros países. Hasta se analiza la presencia de carteles mexicanos. 

Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo advirtió, en la alerta temprana 010-21 del 31 de mayo, el riesgo en diez localidades de Bogotá y doce municipios de Cundinamarca por la presencia de grupos armados. Se trata de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén, localidades en las que habita el 88 por ciento de la población de la capital del país. Los municipios son Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí, Ubaque y Chipaque. 

Entre diciembre de 2018 y agosto de 2020, se emitieron cuatro alertas tempranas que involucran algunas de estas zonas. Con la nueva advertencia queda sobre la mesa que no solo continúan los escenarios de riesgo, sino que se han expandido. Mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con orientación sexual e identidad de género diversa, víctimas del conflicto, excombatientes, migrantes venezolanos, jueces penales de circuitos especializados y defensores públicos, son los más vulnerables. 

Los dos escenarios de riesgo

El primer escenario de riesgo se evidencia en la expansión y disputa por el control de los corredores entre Los Paisas -que estarían subordinados a las AGC- contra Los Boyacos, quienes tendrían alianzas con organizaciones criminales transnacionales. El segundo, tiene que ver con la presencia del ELN y el Bloque Oriental de las disidencias de las Farc. “Siempre está latente el riesgo de activación de artefactos explosivos en Bogotá y Soacha”, dice la Defensoría. 

Los dos corredores

La Defensoría alertó la existencia de cuatro nodos (nororiental, suroriental, suroccidental y noroccidental) en la zona, que articulan dos corredores usados por los grupos ilegales. El corredor oriental se ubica desde Usme hasta Usaquén, conectando con Chipaque, Ubaque, Choachí, La Calera, Guasca y Sopó. El occidental va desde Sibaté hasta Chía, atravesando zonas urbanas de Soacha (como La Despensa, Cazucá y San Mateo) también Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba. 

Bogotá es un punto estratégico. De acuerdo con los datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) el consumo de cocaína en la ciudad deja rentas de hasta 15 millones de dólares. Su ubicación la hace un eje que articula los llanos orientales con el Urabá, además, la geografía de los cerros orientales y el Parque Natural Chingaza facilita el traslado de mercancías ilegales. 

La disputa por el control de los corredores de movilidad y la expansión de actores armados ilegales que hacen parte del conflicto y de grupos armados de crimen organizado, aumenta el riesgo de las comunidades. La Defensoría también evidenció mayor incidencia de organizaciones de crimen transnacional, articuladas con grupos armados ilegales.

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En febrero de 2020 quedó en evidencia la disputa por el control del nodo oriental, cuando las autoridades encontraron un laboratorio para el procesamiento de cocaína en Guasca. Hecho que, además, revela la instalación de laboratorios móviles en municipios cercanos a Bogotá. Esto reduce los riesgos y costos de transportar la droga. En esa lógica, las zonas periféricas son fundamentales para conectar y dinamizar las economías ilegales. En los últimos diez años se han desmantelado 33 laboratorios de ese tipo. 

Corredor Oriental. Fuente: Defensoría del Pueblo

La alerta temprana también reporta delitos como extorsiones y amenazas. En Chipaque y el municipio de Une se distribuyó un panfleto firmado por las Águilas Negras en el que amenazaron a dos bandas dedicadas al hurto e impusieron restricciones para cazar y pescar. En sectores de San Cristóbal (Bogotá) amenazaron de muerte a las familias que no abandonaran sus viviendas en 72 horas. En Compostela y Tocaimita (Usme) denuncian ataques contra líderes sociales, tres homicidios y tres fosas con cuerpos, algunos desmembrados. 

El riesgo en la zona se había advertido en dos alertas tempranas, ocho oficios de consumación y dos informes. En el sector del parque ecológico Entre Nubes (en el que confluye Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe) hay presencia de las AGC y las Águilas Negras, sucesoras del paramilitarismo, del Frente de Guerra Urbano del ELN y de las disidencias de las Farc. Como si fuera poco, también está el crimen organizado tras la reestructuración de Los Paisas, Los Orientales y Los Obispos. 

El nodo nororiental está conformado por Usaquén y los municipios de La Calera, Sopó y Guasca. Sobre esta zona se emitió una alerta temprana en mayo de 2020. En Usaquén, el año pasado, aumentaron los homicidios un 52 por ciento y las amenazas un 64 por ciento respecto a 2019. Los Paisas -así se conocen en la zona, pero en Bello, Antioquia, que es su centro de operaciones, se denominan El Mesa- serían los responsables. También se difundieron panfletos con amenazas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes y se pintaron grafitis alusivos a las AGC. 

El posicionamiento de estructuras criminales en ciudades principales para producir y transportar drogas camufladas en el comercio legal, evidencia un cambio operacional en los eslabones de la cadena del narcotráfico. 

El corredor occidental conecta zonas como Sumapaz y Soacha con el sur del Tolima y sigue hacia el Eje Cafetero y Antioquia. El riesgo en la zona se advirtió en varias alertas tempranas, por lo menos en once desde 2001. En la de julio de 2020, se advierte una reconfiguración de las estructuras armadas que operan en Ciudad Bolívar, Bosa y Cazucá.

Corredor occidental. Fuente: Defensoría del Pueblo

Allí están Los Paisas, pero también se identificó el interés de las disidencias de las Farc en retomar el control del corredor estratégico. En el nodo suroccidental hay presencia de las AGC, articulados con grupos delincuenciales locales; también de las Águilas Negras y del Frente de Guerra Urbano del ELN.

La presencia de estos actores se evidencia en, por ejemplo, amenazas a líderes, aumento de homicidios y extorsiones en Bosa y Kennedy, específicamente en Corabastos. Del mismo modo, las acciones violentas en Soacha y Sibaté donde se han emitido desde 2020, por lo menos, cinco panfletos con amenazas  a nombre de las Águilas Negras. 

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En septiembre del año pasado murieron ocho personas detenidas en la estación San Mateo, tras un incendio, esto habría generado la reestructuración de grupos criminales en Cazucá, ya que en la estación estaba un narcotraficante conocido como “Don Berna”, presuntamente tenía nexos con disidencias de las Farc, tras su muerte se presentaron asesinatos y desapariciones. Entre 2019 y 2020 se reportaron 153 homicidios en Soacha, este año van 46. 

La violencia del nodo noroccidente conformado por Fontibón, Engativá, Suba, Chía, Cota, Mosquera y Funza también va en ascenso, así como el miedo y la zozobra. En las dos primeras localidades, aumentaron las amenazas y extorsiones, así como el control de estructuras criminales y la circulación de panfletos amenazantes con la firma de las Águilas Negras.

Los grupos armados quieren expandir su control a Funza y Mosquera por el alto flujo comercial que favorece otras economías ilegales como el lavado de activos, la trata de personas y la usura (el llamado gota-gota). El nodo es un punto neural que articula los cuatro puntos cardinales del país, el aeropuerto y corredores naturales de interés para grupos criminales trasnacionales. 

En algunos barrios de Suba se registra una disputa entre Los Paisas y Los Boyacos, iniciada en 2012, por el control de territorios y economías ilegales. Nueve años después, ambos grupos siguen delinquiendo y las dos bandas se dividen Suba. 

El barrio El Rincón es el epicentro de la confrontación por el control de la comercialización de estupefacientes, pero también -dice la Defensoría- “para realizar actividades sexuales, en donde se evidencian delitos como trata de personas, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”. Se denuncian desapariciones forzadas y homicidios. La confrontación se extendió a los barrios Tibabuyes y Suba y hay riesgo de que llegue a Cota y Chía. 

El conflicto sí llega a la ciudad

Organizaciones como Indepaz señalan que sí hay presencia de estos grupos, pese a las declaraciones del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. 

El gobernador manifestó que su departamento fue el primero en quedar libre de los grupos armados organizados entre 2001 y 2003: “Tenemos una gran preocupación, cómo se pueden evidenciar esas alertas en un departamento sin que ninguna otra entidad u organismo que hace presencia lo haya detectado. Cundinamarca es el primer departamento del país libre de presencia de grupos al margen de la ley y de cultivos ilícitos”, dijo. (Aquí puede leer las declaraciones) 

Juana Valentina Cabezas, investigadora de Indepaz, le dijo a Diario Criterio que por la tercerización y el fortalecimiento de las redes criminales, se ha incrementado “el narcoparamilitarismo en las zonas urbanas”.

“La situación se invisibiliza porque se plantea que son bandas y pandillas que quieren controlar el microtráfico, pero es más complejo, tiene que ver con las redes que tejen grupos más grandes como las AGC”, dice la investigadora.

La salida de droga por el aeropuerto es fundamental para los grupos, pese a los controles y la presencia de la fuerza pública. Cabezas explica que los municipios de Cundinamarca son una zona de tránsito por donde pasan droga, armas y municiones. En Sumapaz, denuncian cobros de grupos armados para pasar por la zona y en Soacha las AGC tienen control por medio de alianzas con bandas locales, que ejercen, entre otras cosas, reclutamiento forzado.

El siguiente gráfico refiere las zonas y grupos armados que reconoce Indepaz en Bogotá y Cundinamarca:

Fuente: Indepaz

En la alerta temprana la Defensoría del Pueblo señala que la posición de las autoridades ante la presencia de actores armados ha sido confusa, “llegando a no promover acciones para prevenir el impacto y el control social y territorial”. Asimismo, destaca que tal como sucedió en otras ciudades, sobre las bases logísticas y armadas que dejaron milicias urbanas del M-19 (desmovilizadas en 1989), grupos paramilitares como el Bloque Capital (desmovilizado en 2005) y las extintas Farc, emergieron nuevas estructuras ilegales. 

La presencia de grupos armados ilegales en Bogotá tiene antecedentes que se remontan a la década de los 70, específicamente el M-19 al sur de la ciudad. En los 90, tras su desmovilización, las milicias urbanas de las Farc intentaron ocupar ese espacio; el ELN también fortaleció sus milicias en Usme y Ciudad Bolívar y buscó apoyo en barrios populares, universidades y movimientos sindicales. 

Los grupos paramilitares llegaron a la capital durante el auge del narcotráfico y las esmeraldas, pretendían gestionar bases de apoyo y conseguir financiación, su presencia aumentó en 1996 en el centro y en el sur, al principio a través de los sindicatos de seguridad y luego con cobros de extorsiones.

Los grupos sucesores del paramilitarismo -dice la Defensoría- también heredaron contactos y nodos y han consolidado dos corredores estratégicos a nivel nacional, uno conecta departamentos como Vichada, Guaviare y Cundinamarca con el golfo de Urabá y el segundo, Putumayo y Norte de Santander. 

Las capturas de alias Servi, jefe de La Oficina proveniente de Medellín y de alias Quiroga, coordinador de sicarios del grupo armado de crimen organizado Oficina de San Andresito, revelan la hipótesis de la red de relaciones y acuerdos con distintas zonas del país. 

Otros datos 

  • En Bogotá, entre 2010 y 2020 han desaparecido 35.314 personas, el 70 % siguen desaparecidas, según Medicina Legal. La capital tiene el 29 % del total de desaparecidos en Colombia. 
  • El reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes es otro fenómeno invisibilizado, los grupos armados los usan para “la distribución de estupefacientes, campaneo, sicariato, entre otros”. Si bien hay un subregistro en las cifras, en Soacha la comunidad ha evidenciado camionetas de alta gama relacionadas con reclutamientos y desapariciones. La alerta también habla de la compra y venta ilegal de terrenos y predios y contrabando.
  • Delitos como la usura son “una extensión de las dinámicas criminales de la ciudad”, también se evidenció un aumento de las acciones criminales de los “cobra-diario”, pese a que hay un subregistro por la falta de denuncias.

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