Las luchas de la población trans en Colombia para acceder a sus derechos
Ser trans en este país implica enfrentarse a más barreras de las habituales para acceder a derechos y servicios básicos como educación, salud, vivienda y trabajo.
La ley que prohíbe a las niñas y mujeres transgénero participar en competencias deportivas femeninas de las instituciones educativas en Florida —firmada el 1 de junio por el gobernador Ron DeSantis— abrió el debate sobre las barreras para las personas trans en Estados Unidos.
“Las chicas jugarán deportes de chicas y los varones, deportes de varones. Vamos a basarnos en la biología y no en la ideología en lo que respecta a los deportes”, dijo el republicano Ron DeSantis durante la firma.
Con la ley, Florida se unió a otros estados como Idaho, Tennessee, Misisipi y Arkansas con legislaciones similares y también cuestionadas. Quienes la apoyan señalan que hay diferencias físicas entre los sexos que hacen imposible una competencia justa con la participación de mujeres trans. Estas consideraciones han sido tildadas de transfóbicas. De hecho, este 30 de junio, la ley recibió su primera demanda por parte de una estudiante de 13 años que ya no podría formar parte de los equipos femeninos escolares.
La polémica puso sobre la mesa, nuevamente, la discriminación hacia personas transgénero. Danne Aro Belmont, directora ejecutiva de la Fundación GAAT (Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans), dijo a Diario Criterio que la participación en deportes de las personas trans es una discusión que no se ha dado en Colombia, entre otras cosas, porque ese es “uno de los espacios más negados e invisibilizados”.
Es que en el país hace falta mucho para garantizar los derechos de las personas trans. Incluso, cambiar el nombre y sexo en el documento de identidad sigue siendo un trámite muy complicado, pese a que el decreto 1227 lo permite desde hace seis años.
Aunque el decreto ha sido un gran paso, para acceder a este derecho se tiene que pagar. “Nos pone en una desventaja social. El precio no es accesible para todas las personas, puede estar entre los 200.000 y 600.000 pesos, pero después de tener la cédula hay que ir a colegios, universidades, bancos y de nuevo pagar para hacer el cambio”, indica la directora del GAAT.
Estas barreras de acceso ya se han identificado en otros países. En Colombia es necesario tener soluciones, con el reconocimiento de la identidad como puerta de entrada, para avanzar en la defensa de todos los espacios para las personas trans. Al respecto, la directora considera que las categorías sociales que se le asignan a lo femenino y lo masculino tienen mucho que ver con lo que pasó en Florida.
“Argentina recientemente admitió a una jugadora trans en su división de fútbol femenino, pero la discusión alrededor reveló que los estereotipos de lo femenino y lo masculino son tan agresivos que al defenderlos se cae en la discriminación. Infantilizan el deporte, tener pene no te hace el mejor jugador”, dice Danne Aro.
Dar estas batallas se vuelve fundamental, entre otras cosas, para que niños, niñas y adolescentes trans puedan tener referentes y sepan que esos espacios son posibles. “Por ejemplo, ver a Brigitte Baptiste como una científica de importancia, nos muestra que es una posibilidad para nosotras”, agrega Bermont.
Asimismo, la antropóloga Cristina Rojas Tello, autora del libro ‘De colores’, le dijo a Diario Criterio que quienes se salen del cisgenerismo* son víctimas de diferentes formas de violencia, y el primer escenario es la familia. De ahí que muchos niños, niñas y adolescentes trans sean expulsados de sus casas y queden en condiciones de vulnerabilidad.
La escuela es uno de los lugares más violentos para las personas LGBTI, en especial para las personas trans, de acuerdo con Rojas Tello. Por lo general, quienes hacen el tránsito en el espacio escolar son expulsados, sancionados por sus profesores, atacados por sus compañeros. Hechos que promueven la desescolarización. “Si en este país hay dificultades para acceder a la educación, el panorama es aún más complejo para las personas trans”, afirma.
También le puede interesar: “Culpa es lo que sienten los papás cuando un hijo sale del clóset”
Ser escuchados y escuchadas, el primer paso
La Fundación GAAT es una organización comunitaria que trabaja por la defensa y promoción de los derechos de las personas trans en Colombia. Iniciaron su trabajo en 2008 y han desarrollado procesos de incidencia social y política. Laura Frida Weinstein fue la directora durante diez años, hasta que falleció a principios de 2021.
Los informes de la organización dan cuenta de la situación de las personas trans, las violencias y obstáculos a los que se enfrentan para acceder a educación, trabajo, justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que la expectativa de vida de una mujer trans es de 35 años en las Américas. “La cifra no solo responde a que nos asesinen, sino a que toda nuestra experiencia de vida está condicionada y se nos niega el acceso a, por ejemplo, al sistema de salud”, indica la directora.
El observatorio del GAAT registra que en 2021 han sido asesinadas 22 personas trans y en los 12 meses de 2020 se registraron 32 casos. También reportan dos personas a las que se les habría negado el acceso al servicio de salud “para realizarse intervenciones quirúrgicas”, una muestra de que a las personas trans “les niegan la posibilidad de hacer procedimientos correctos con sus cuerpos”.
La acción más urgente y necesaria para el GAAT es ser escuchados y escuchadas, pues la comunidad está exigiendo derechos básicos a los que todos y todas deberían tener acceso en un estado social de derecho. “Hace dos semanas asesinaron a una mujer trans migrante en Tunja. Tenemos un video que muestra las acciones de unos taxistas que estaban reunidos y la golpearon. La Policía llegó, pero no hizo nada y en el hospital le pusieron trabas para atenderla. Ella falleció”, recuerda la directora.
Además, en la última semana gremios de taxistas han estigmatizado, violentado y amenazado a personas trans que ejercen el trabajo sexual cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. La mayor preocupación es que “se esté planeando una mal llamada limpieza social en Tunja contra la comunidad trans”. Estas denuncias son frecuentes, pero la comunidad siente que desde las instituciones no se está dando el apoyo necesario para que las personas trans puedan construir sus identidades libremente.
Si bien la política pública LGBT fue un gran logro después de tres años de activismo, las organizaciones aseguran que en la práctica está quieta. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, aseguró que hay vientos de retroceso en la protección de los derechos de la comunidad trans, entre otras cosas, porque “el Gobierno anterior dejó una política pública LGBT que el Gobierno actual debía implementar, pero ya va de salida y no lo ha hecho”.
Puede leer: “Pese al acuerdo de paz, no hay condiciones para liderazgos LGBT”: Caribe Afirmativo
Al respecto, la Fundación GAAT adelantó acciones. Hace un año salió un fallo por una tutela que interpuso la anterior directora, en la que le pedían al Ministerio del Interior cumplir con la política pública. Sin embargo, dice Belmont, “un año después no ha pasado nada. Los avances jurídicos y sociales existen, pero hay que ponerla en práctica para que transforme nuestras vidas”.
Las barreras para acceder a un empleo
La organización tiene un programa que se llama Talento Trans, dedicada a la promoción y vinculación laboral. En su informe Cinco Derechos en Clave Trans evalúan el acceso a espacios laborales, un camino que por todas partes tiene trabas.
“Encontramos barreras desde el momento en el que presentamos nuestras hojas de vida. ¿Qué nombre pongo, mi nombre jurídico o mi nombre identitario? Cuando ocurre esto, las empresas asumen que estamos suplantando la identidad de alguien o que no queremos revelar quiénes somos”, cuenta Danne Aro.
Y esta es solo una de las barreras, porque el reconocimiento de las identidades también tiene que ver con la transformación en los espacios laborales, con un trato justo, digno y libre de discriminación. En Talento Trans —agrega Belmont— “hay personas muy preparadas, incluso con doctorado, pero muchas veces el estigma que conlleva ser una persona trans en Colombia les impide acceder a los cargos que desean y para los que están capacitados o capacitadas”.
Por otro lado, está lo que la organización llama “trabajos transexualizados”. Por ejemplo, cuando se considera que el trabajo sexual y la peluquería son sus únicas opciones laborales. “Y esos lugares no están mal, pero debemos poder elegir otros espacios. Basta con preguntarse cuántas personas trans están en el Congreso, cuántas dirigen multinacionales, cuántas están en institutos de investigación como muestra de las dificultades de acceso.”, dice la directora ejecutiva de la Fundación GAAT.
Pese a las barreras, hay compañías interesadas en la no discriminación. El programa de la fundación también le brinda acompañamiento a empresas, con alianzas internacionales con países como Argentina, que lleva la batuta en la materia.
Por otro lado, el GAAT ha denunciado sanciones y despidos injustificados de personas que inician sus procesos de tránsito o imposiciones para “deconstruir su identidad o atenuar sus expresiones estéticas” para acceder, conservar o ascender en un empleo.
Otros derechos en clave trans
La organización asegura que hay discriminación hacia las personas trans en todo el ciclo de vida y en cada uno de los espacios, desde la escuela hasta la universidad, en instituciones públicas y privadas. Los prejuicios de estudiantes, docentes, directivos y padres de familia son un obstáculo para acceder a la educación.
Los testimonios de los informes revelan que hay un “enfoque patologizante” en las instituciones, donde tratan a las personas trans como casos especiales y hay una constante disputa para legitimar su identidad. Incluso persisten normas en algunos manuales de convivencia que restringen las construcciones identitarias.
La discriminación fundamentada en la diferenciación de géneros se acentúa en el uso de baños y la imposición de uniformes masculinos y femeninos. Estos hechos evidencian brechas entre el discurso y las prácticas de los colegios y universidades que deben tener un enfoque diferencial de diversidad sexual y género.
Actualmente, la fundación GAAT está construyendo un informe sobre el acceso a salud. La información se obtuvo de un proceso en el que participaron más de 500 personas trans que narraron sus experiencias. En Cinco Derechos en Clave Trans se concluye que hay una falta de voluntad política por parte de las instituciones de salud “para conocer, capacitar, aplicar y garantizar el cumplimiento de los avances en el reconocimiento de los derechos de las personas trans”.
Puede leer: Series orgullosamente LGBT
Principalmente, aseguran que se están desconociendo las sentencias de la Corte Constitucional que le ordenan al Estado cubrir “los procedimientos médicos y quirúrgicos que las personas trans requieren para la reafirmación de la identidad de género en su cuerpo”.
Además, la organización evidenció discriminación, violencias verbales y psicológicas por parte del personal de las instituciones de salud (médico, administrativo, de seguridad, de servicios generales), y también de los usuarios durante las citas y trámites.
Las personas transgénero en Colombia también enfrentan trabas para acceder a una vivienda. Entre las principales dificultades sen encuentra el rechazo de las solicitudes de arriendo o cobros excesivos y requisitos adicionales, concluyó la Fundación GAAT.
También viven la exclusión de vecinos y vecinas que dicen “no querer personas trans en su barrio, vereda o pueblo”, con argumentos que los asocian con “criminalidad, prostitución, escándalo“. Del mismo modo, se evidenciaron obstáculos para comprar casa con los programas que brinda el Estado para grupos poblacionales vulnerables.
Violencia simbólica
Danne Aro Belmont hace énfasis en la importancia de comprender el daño que hacen los estereotipos y “los chistes”, que a la larga son discriminación y ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas transgénero.
Del mismo modo, asegura que los medios de comunicación juegan un rol fundamental: “Hay espacios de negación de nuestras identidades con solamente publicar una noticia. Una emisora relató la muerte de la mujer trans en Tunja refiriéndose a ella como él. Llevamos muchos años diciéndoles cómo nos queremos identificar y cuando hacen lo contrario nos hacen daño. Cuando un militar asesinó a Juliana Giraldo, un medio nacional publicó que habían asesinado a un hombre aparentemente trans, negando su identidad”.
Para la organización, el reconocimiento de la identidad de las personas trans por parte de instituciones y medios de comunicación disminuye las acciones violentas y contribuye con la creación de conciencia social.
*Cisgénero: término para describir a una persona cuya identidad de género coincide con el sexo biológico que se le asignó al nacer (se abrevia a veces como cis). Fuente: Universidad de los Andes.
5 Comentarios