Las nuevas vendettas mafiosas que siembran terror en el Valle del Cauca (I)

Diario Criterio tuvo acceso a información de inteligencia que deja entrever el nuevo mapa criminal en esa región del país. Disidencias, ‘baby’ narcos y hasta viejos capos estarían detrás de masacres, descuartizamientos y sicariato. Estas son las preocupantes revelaciones.

Mientras la mayoría de los colombianos acataban la orden de cuarentena a causa de la pandemia que dio el gobierno en marzo de 2020, dentro del mundo criminal se tejían estrategias y alianzas para recuperar viejos fortines mafiosos o dar golpes de mano dentro de sus propias organizaciones.

Eso es exactamente lo que viene ocurriendo en varios municipios del suroeste colombiano, especialmente en los departamentos del Cauca, Valle, Risaralda y Quindío, donde las masacres, tiroteos, desmembramiento de cuerpos y sicariato, llenaron copiosamente las páginas, espacios y la agenda de medios locales y regionales.

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Narcos, disidencias y mejicanos

Todo ese coctel criminal contó con varios elementos que ya analizan las autoridades y tendrían sus orígenes con las nuevas andanzas de importantes viejos capos jubilados enfrentados a baby narcos, una nueva generación de mafiosos aliados con mejicanos, disidentes de las Farc y bandas criminales, algunos de ellos aún invisibles para la opinión pública, pero presentes con sus aparatos militares en muchas zonas de estos departamentos.

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Incluso, en la investigación de campo que hizo Diario Criterio, se pudo corroborar que el otrora maridaje entre mafia y política que se conoció como Narcopolítica, sigue vigente en algunos municipios del Valle, donde los aspirantes a cargos de elección popular buscan alianzas, o el visto bueno y apoyo económico de los ´patrones´. También se pudo constatar de casos donde los propios baby narcos son quienes aspiran a una alcaldía, o lo hacen en cuerpo ajeno.

La primera señal de la guerra territorial que se desató a sangre y fuego sucedió en Buenaventura, luego se trasladaría a Buga, Tuluá, Cali, Andalucía y varios municipios del norte, otrora fortín del temido cartel del Norte del Valle. Incluso, en zona rural de Versalles (Valle) aparecieron escuelas con grafitis de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), algo que no se veía hace varios años; y en Pereira (Risaralda) se ejecutó un atentado criminal que marcaría el antes y después de las vendettas mafiosas.

Corregimiento El Balsal, zona rural de Versalles, Valle

Todo ese turbulento escenario comenzó a gestarse desde 2018 cuando las autoridades de Estados Unidos y Colombia “detectaron lo que se fraguaba en las prisiones gringas donde estaban los narcos colombianos extraditados”, explicó a Diario Criterio una fuente de inteligencia que trabaja con agencias antidrogas de ambos países.

La nueva estrategia mafiosa de la que habla el investigador, en su momento se conoció como La Gran Alianza o el Sindicato de la Mafia y consistía en la reagrupación de capos jubilados que purgaron condenas en prisiones de New York y La Florida (Estados Unidos) y que estaban a punto de salir y retornar a Colombia.

El retorno de los narcos

Por eso, en 2019 el país escuchó nuevamente los alias de poderosos narcotraficantes como Jair Sánchez Hernández alias Mueble Fino, Carlos Alberto Rentería alias Beto Rentería, Camilo Torres alias Fritanga, Jhon Edilber Cano alias Jhonny Cano, Carlos José Robayo alias Guacamayo, Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Macaco, José Aldemar Rendón, alias Mechas y Víctor Patiño Fómeque, alias el Químico, solo por citar algunos.

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Lo llamativo de ese retorno masivo de grandes capos de la mafia, es que según informes de inteligencia de la DEA y Dijín, es que muchos siguieron en sus andanzas de antes que los llevaron a prisión, tal como quedó demostrado con alias Guacamayo y Mueble Fino.

El primero fue aprehendido en La Dorada (Caldas) en julio de 2020, imputado por homicidio agravado y concierto para delinquir; y el segundo fue arrestado el pasado mes de mayo en una pizzería de Chía (Cundinamarca), acusado de secuestro y tortura. Las autoridades tienen en la mira a otros narcos jubilados y por obvias razones omiten revelar sus nombres para no entorpecer la investigación.

Lo que nadie se imaginó es que en medio de esa retoma mafiosa se desataría una guerra muy al estilo de los años 80 y 90, cuando los carteles de Cali, Medellín y Norte del Valle se peleaban por dar señales de terror y sevicia criminal hacia el bando contrario.

Al respecto, las cifras hablan por sí solas. En lo corrido de 2021 en el Valle del Cauca se han cometido 8 masacres con un saldo fatal de 35 muertos. Así las cosas, el departamento ocupa el tercer puesto por esos hechos criminales, solo superado por Cauca (11 masacres – 37 muertos) y Antioquia (10 masacres – 36 muertos), según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

De acuerdo con las estadísticas que maneja la Policía Valle, este año en el departamento se han cometido 603 homicidios; mientras que en 2020, pese a la cuarentena, fueron ultimadas 879 personas. Asímismo, aseguran que este año se han efectuado 151 capturas por ese mismo delito y esclarecidos 90 de ellos.

Ahí no paran las malas noticias para una región que parece reciclar los fenómenos de violencia de la otrora guerra mafiosa. Este año han sido hallados media docena de cuerpos desmembrados en Tuluá, Andalucía, Cali, mientras que en municipios como Cartago, Alcalá, Obando, Buga y Jamundí se han perpetrado masacres o ajusticiamientos.

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Círculo vicioso

Ariel Ávila, politólogo e investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) hizo un descarnado análisis al concluir que Colombia atraviesa por una crisis de seguridad que no se veía en los últimos 15 años y que ese escenario tiene cuatro explicaciones.

“No hay una política de seguridad, por la crisis dentro de las Fuerzas Militares y de Policía, crecimiento de las economías ilegales y finalmente, las instituciones colombianas se escondieron durante la pandemia, nadie fue a los territorios y durante todo el 2020 se fue incubando una nueva ola de violencia que hasta ahora está mostrando la cara”.

Una tesis que coincide con el análisis que hace la organización Insight Crime, centro de pensamiento que estudia el problema del crimen organizado en América Latina y el Caribe y que en el país dirige el investigador y periodista Jeremy McDermott.

“En Colombia ha surgido una mortal mezcla de bandas narcotraficantes, guerrillas activas y grupos de exguerrilleros disidentes que han llegado a llenar el vacío de poder que quedó después de la desmovilización del ejército guerrillero más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”, dice el reporte de Insight Crime.

El documento de estudio añade un diagnóstico que no es ajeno a las autoridades colombianas y mucho menos para entidades como la Defensoría del Pueblo, que a través de sus alertas tempranas recoge mensualmente parte de esa cruda realidad.

“En todo el país se presentan regularmente violentos conflictos entre varios grupos que tratan de controlar el territorio y la cadena de suministro de cocaína, además de otras economías criminales, como la minería ilegal y el tráfico de madera. Hay redes criminales locales, que van desde bandas callejeras hasta la temible Oficina de Envigado de Medellín, que por mucho tiempo han controlado el hampa urbana del país”, concluye el informe de Insight Crime.

A ese crudo panorama se suma una presunta irregularidad operativa que estaría impactando las investigaciones contra el crimen organizado en el país. Varios fiscales consultados para esta investigación coincidieron al argumentar que un procedimiento dentro de la policía judicial y que se conoce como Matriz Operacional para la Reducción del Delito, Mored, se convirtió en parte del problema y no la solución.

El lío con esa herramienta es que plantea tiempos para cumplir con metas y los investigadores se ven tan presionados, “que prefieren concretar capturas, así sean delincuentes de la parte más baja de la pirámide criminal, sacrificando las acciones contra los peces gordos”, explicó un fiscal seccional, que pidió omitir su nombre por no estar autorizado para dar declaraciones públicas.

A partir de esa cruda realidad, un equipo de investigadores de Diario Criterio, con ayuda de fuentes oficiales en Fiscalía, Policía y otras con conexiones en el bajo mundo, se puso a la tarea de reconstruir las vendettas mafiosas que se muestran con mayor fuerza en Buenaventura, Cali, Buga, Tuluá y Cartago. Este es el preocupante panorama, que acerca a Colombia a los años 80 del siglo pasado, que al fututo del siglo XXI.

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