Lasso, a lo Castillo, disuelve el Congreso para no ser destituido

Algunos políticos de la región, entre ellos, Iván Duque, respaldaron la medida de Guillermo Lasso, que atravesaba un juicio político en su contra por presunta malversación de fondos.

En una alocución presidencial este miércoles 17 de mayo, el primer mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, decretó la disolución de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y convocó elecciones anticipadas.

El exgerente del Banco de Guayaquil se amparó en un mecanismo legal conocido como ‘muerte cruzada’, un día después de comparecer ante la Asamblea para defenderse en el juicio político por las acusaciones en su contra por presunta malversación de fondos.

La medida, contemplada en la Constitución de 2008, mas nunca antes utilizada hasta ahora, permite que el presidente gobierne por decreto hasta que se celebren nuevas elecciones, marcando un momento de turbulencia política extraordinaria para un país de 18 millones que vive, en palabras de Lasso, una “grave conmoción interna y política”.

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En los últimos años, Ecuador se ha visto convulsionado por el aumento de la violencia y una tasa de homicidios vertiginosa, a medida que los grupos narcotraficantes cada vez más poderosos luchan por el territorio.

Los legisladores de la oposición acusaron a Lasso de no hacer nada ante las irregularidades y las malversación de fondos en un contrato entre una compañía naviera estatal y otra de petroleros que no cumplía, alegaciones hechas por primera vez en informes periodísticos.

Luego de que la oposición acusara oficialmente Lasso, la Corte Constitucional del país vecino aprobó un cargo de malversación de fondos en contra suya, pero negó dos cargos de soborno.

El medio ecuatoriano Periodismodeinvestigacion.com denunció que, “con almuerzos, buena vida y sobornos”, la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) era controlada por empresas internacionales y sus tarifas de transporte de crudo. Flopec dio paso a la constitución de la asociación Amazonas Tanquers para pagar las deudas que contrajo desde 2011.

El apoyo de Duque a Lasso

El Grupo Libertad y Democracia, integrado por presidentes y expresidentes de Latinoamérica y España —incluido Lasso— respaldó la decisión del ecuatoriano de ejecutar la ‘muerte cruzada’ en medio de su juicio político y posible destitución, en vez de esperar al segundo día de debate de la moción de censura.

Se enmarca dentro de las atribuciones que la Constitución le otorga” y “permite una salida democrática a la grave crisis política y de conmoción interna que vive el Ecuador”, expresaron los miembros del grupo en un comunicado firmado, entre otros, por el chileno Sebastián Piñera, los españoles José María Aznar y Mariano Rajoy; el colombiano Iván Duque, el mexicano Felipe Calderón y el ecuatoriano Osvaldo Hurtado.

En virtud de las atribuciones que le otorga el artículo 148 de la Constitución Política del Ecuador, el Presidente Guillermo Lasso procedió hoy a disolver la Asamblea Nacional”, continúa el comunicado de Libertad y Democracia, grupo constituido en marzo de este año, en Santiago de Chile, para contrarrestar la ola progresista en la región.

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Por el contrario, el expresidente ecuatoriano y opositor Rafael Correa (2007-2017) calificó de “ilegal” la ’muerte cruzada’ firmada por Lasso, mientras que la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) —partido de centro que apoyó al mandatario actual en la campaña de 2020, así como las protestas recientes y el juicio político en su contra— denunció un “cobarde autogolpe de Estado”.

Demandado ante la Corte Constitucional

El asambleísta Esteban Torres, segundo vicepresidente del Parlamento ecuatoriano, acudió el miércoles a la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad por la decisión del jefe de Estado.

El funcionario ecuatoriano le dijo a la prensa: “Vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad por el fondo contra el decreto firmado y suscrito por el presidente de la República que, ilegítima e inconstitucionalmente, disuelve la Asamblea Nacional”. 

Si el decreto es declarado ilegal e inconstitucional (por la Corte), la Asamblea seguirá en funciones”, agregó Torres, del opositor Partido Social Cristiano, colectividad que, en un comunicado, señaló que no hay causales para aplicar la llamada ‘muerte cruzada’.

En un comunicado publicado por el líder socialcristiano, Jaime Nebot, el partido anunció que presentará “ante la Corte Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad con medida cautelar de suspensión del Decreto Ejecutivo 741 del 17 de mayo de 2023”.

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