Le llegó la hora al general Montoya: Fiscalía lo imputará por 104 ‘falsos positivos’

El fiscal general, Francisco Barbosa, reveló que el excomandante del Ejército deberá responder por los crímenes cometidos entre el 20 de noviembre de 2007 y el 4 de noviembre de 2008. Entre las víctimas habría cinco menores de edad. 

Mario Montoya Uribe fue uno de los oficiales del Ejército más influyentes de las últimas décadas. Estuvo en la institución desde 1969 hasta 2008. Fue comandante de batallones, brigadas y lideró operaciones trascendentales y polémicas como Orión (2002), Fénix (2008) y Jaque, en el mismo año.

Su carrera ha estado tan llena de condecoraciones como de cuestionamientos y graves acusaciones que lo vinculan con crímenes de lesa humanidad. 

Este sábado, en entrevista con Semana, el fiscal Francisco Barbosa afirmó que a Montoya se le imputarán cargos por 104 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.

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Esto se da tras la derogación de una circular interna que le impedía al fiscal imputar delitos de lesa humanidad o de guerra y que hubiesen tenido relación con el conflicto armado. Según Barbosa, la JEP tampoco tenía la información. 

Con la nueva circular, la Fiscalía puede imputar a miembros de la fuerza pública o excombatientes de las Farc que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. 

A Montoya se le acusa de omitir la directiva 300-28 de 2007 que privilegiaba las capturas y desmovilizaciones en lugar de las bajas, por lo que habría favorecido las muertes en combate como indicador de eficacia para el Ejército. 

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“Todas las víctimas fueron presentadas como resultado operacional y al mismo tiempo los autores reconocieron (…) que estaban recibiendo premios e incentivos en el marco de un ‘ranking’”, afirmó Barbosa en la entrevista con ese medio.

Según explicó, el siguiente paso es ayudar a la JEP en el esclarecimiento de la verdad.

El fiscal advirtió que no puede expedir una medida de aseguramiento porque la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz se lo prohíbe. Además, indicó que trabaja de la mano con Eduardo Cifuentes, presidente del alto tribunal, para pedir que la Corte Penal Internacional tome medidas al respecto.  

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