Ley de Garantías: lo que cambia de cara a las elecciones de 2022

El Congreso aprobó un artículo incluido en la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) que suspende la norma que prohibía a gobernadores y alcaldes realizar convenios interadministrativos cuatro meses antes de elecciones. Para muchos, esta decisión es una forma de legalizar la compra de votos para 2022.

En época de elecciones, algunas alcaldías y gobernaciones suelen convertirse en motores de campañas políticas de ciertos candidatos cercanos a los mandatarios locales. Las entidades que incurren en esta práctica manejan diferentes estrategías para desviar los dineros públicos, que muchas veces terminan en la compra de votos.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), eliminar la ley de garantías es una especie de espaldarazo a este tipo de corrupción administrativa. En otras palabras, la reciente medida aprobada en el Congreso destina dinero a municipios, departamentos, distritos y entidades descentralizadas que podrían convertirse en parte de la financiación de las campañas.

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¿Cómo ocurre este proceso? Usualmente existen dos vías para apropiarse del dinero público en este contexto. La primera es mediante la creación de unas planillas especiales que se les exigen a los contratistas por prestación de servicios de las entidades. En estos documentos, los contratistas deben registrar los datos de una determinada cantidad de posibles votantes de un candidato, bajo la amenaza de perder el trabajo si no cumplen.

Varias investigaciones han demostrado que antes de elecciones se disparan los contratos por prestación de servicios, aparentemente con este objetivo. Cabe resaltar que si bien la ley de garantías puede tener un efecto de tapón en este caso, los entes territoriales suelen ‘amarrar’ los contratos varios meses atrás.

La segunda forma de desviar la plata es a través de coimas a los contratistas de obras públicas, las cuales también suelen aumentar en tiempo de elecciones. Todo el dinero recaudado en estas operaciones termina regularmente en manos de los ‘líderes’ o ‘mochileros’, quienes se encargan de comprar los votos en barrios y localidades.

El propio fiscal general, Francisco Barbosa, lanzó una alerta sobre los riesgos en la contratación antes de elecciones. “Los convenios interadministrativos son procesos que usan las entidades para evitar contratación y beneficiar a proponentes únicos. En este momento preelectoral se están viendo grandes movimientos de contratación para favorecer campañas políticas”, dijo Barbosa.

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El futuro de la ley de garantías

La modificación a esta norma generó una fuerte polémica en diferentes sectores. Para muchos, podría quedar en riesgo de ser anulada por la Corte Constitucional, pues la forma en la que se tramitó es ilegal. Al tratarse de una ley estatutaria, no podía ser modificada en un proyecto de ley ordinaria.

Por esta razón, el senador Jorge Robledo asegura que los congresistas que votaron el artículo estarían incurriendo en prevaricato. Sin embargo, advierte que detrás de todo hay una ‘jugadita’. “Ellos saben que en la Corte Constitucional se les hunde ese artículo, pero se dieron cuenta de que cuando lo hundan en la Corte, ya se habrán gastado la plata”, dijo Robledo.

Entre tanto, el Gobierno y los defensores del proyecto aseguran que se trata de una medida para reactivar la economía de las regiones, especialmente la de los municipios más golpeados por la pandemia. “A este artículo le damos el sí porque creemos que se debe privilegiar la generación del empleo”, dijo la senadora huilense Esperanza Andrade.

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Según Juan Felipe Lemos, senador de La U, de no aprobar este artículo, los alcaldes y gobernadores tendrían que esperar hasta 2023 para recibir cofinanciación del Estado, pues en esa fecha se aprueba el Plan de Desarrollo. Para otros, como Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, los sectores de oposición rechazan la medida porque quieren incendiar el país para conseguir votos.

La propuesta incluso generó una pelea al interior del Centro Democrático. Cabe recordar que si bien es un proyecto de Iván Duque, hace algunas semanas fue rechazada por el expresidente Álvaro Uribe. Entre quienes la defienden están algunos como el senador Carlos Meisel, que aseguró que gran parte de la corrupción viene del centro del país y no de las regiones.

Por otro lado, senadoras como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Milla Romero siguieron la petición de Uribe y votaron contra el artículo. “La economía se puede reactivar sin eliminar las restricciones que en materia contractual contempla la ley de garantías. Con la aprobación del artículo se estaría abriendo la puerta al desvío de recursos públicos”, dijo Soto. “No es bueno cambiar las normas que pueden tener incidencia electoral cuando están tan cerca las elecciones”, le dijo Paloma Valencia a Diario Criterio.

Finalmente, 54 senadores y 98 representantes a la Cámara votaron a favor del artículo que suspende la ley de garantías. Luego de su aprobación, muchos piden que sea el propio presidente el que lo objete antes de que sea anulado por la Corte Constitucional.

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Más allá de la norma

La polémica por la modificación de esta norma también ha revivido un debate sobre su verdadero alcance para evitar la corrupción. Como ya se mencionó, muchos alcaldes y gobernadores le hacen el quite a la ley contratando meses antes. Por esto, para algunos congresistas, lo que se debe priorizar es el trabajo de entes como la Contraloría en los temas de contratación.

Además, cabe resaltar que existen múltiples modalidades de fraude que se lanzan anticipadamente y que son poco controladas por las autoridades. Entre estas se encuentra la publicidad electoral anticipada y la trashumancia electoral, más conocida como trasteo de votos.

Sobre este último, la Procuraduría señaló que para 2019 se detectaron cerca de 700.000 cédulas contaminadas de trashumancia electoral que hicieron parte de las elecciones de 2018. Según Alejandra Barrios, directora de la MOE, este delito es especialmente difícil de detectar “en zonas donde hay riquezas como oro o petróleo”.

En un intento por disminuir este problema, los organismos de control han ampliado el periodo de inscripción de cédulas, pues advierten que con menos tiempo existe mayor posibilidad de coaccionar a los votantes. A la fecha, ni la Registraduría ni el Consejo Nacional Electoral tienen mecanismos tecnológicos para frenar la práctica. 

Aunque en los últimos años los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque habían intentado tumbar del todo la norma, este es apenas el primer avance. Por ahora, todo este debate de la ley de garantías evidencia una necesidad de buscar alternativas para controlar las campañas políticas sin trabar la inversión en la región.

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