Peros, dudas y aspectos positivos de la Ley de seguridad ciudadana

La “legítima defensa privilegiada”, el aumento de penas para quienes interrumpan “las acciones legítimas de la fuerza pública” son algunos de los apartados de la iniciativa que han causado polémica. Mientras algunos la califican de populista, otros la defienden y aseguran que responde al actual problema de seguridad.

El proyecto de ley presentado por el Gobierno sobre seguridad ciudadana fue conciliado y aprobado por el Congreso en la sesión extraordinaria de este de miércoles. Ahora solo le falta la sanción presidencial para convertirse en Ley de la República.

La norma, rechazada por algunos políticos, pretende hacerle frente a la inseguridad urbana y a los distintos escenarios que se dieron durante el paro nacional, a través una reforma al Código Penal y de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio y la regulación de armas.

La aprobación de esta ley no ha estado exenta de polémicas. En el tramite de aprobación en el Senado del pasado martes, la oposición, como acto de protesta, abandonó el recinto y decidió no votar. Según esta bancada, el proyecto va en contra de los derechos humanos al criminalizar la protesta social.

El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, aseguró que la ley “es una licencia para matar” puesto que contiene “disposiciones que legalizan las prácticas criminales, oficiales paramilitares y de particulares”. Y agregó que la norma “confunde el problema de la delincuencia común con la movilización y la protesta, que son un derecho legítimo enunciado constitucionalmente”.

A su inconformidad se han sumado varias voces. Una de ellas, la de la senadora Sandra Ramírez (Comunes) quien manifestó que con la iniciativa “pretenden que la “gente de bien” pueda vulnerar los DDHH de la gente que salga a manifestarse”.

La oposición anunció que demandará la iniciativa ante la Corte Constitucional. Asimismo, el senador Cepeda dijo que enviará el texto aprobado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH]) para que “constate el incumplimiento del gobierno a sus recomendaciones sobre el respeto de la protesta social”.

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Los que han generado polémica

Como ya lo había anunciado con anterioridad el Gobierno, la Ley incluye el aumento de las penas por agresión a miembros de la fuerza pública. Para el caso de homicidio, cometerlo contra un uniformado se considera un agravante. Así la pena pasaría entre 13 y 25 años a entre 41 y 60 años.

Para varios sectores, el incremento de penas no es más que una política criminal “populista”. Según varios expertos, no hay ningún respaldo o estudio de criminología que demuestre que dicha medida lleve efectivamente a la reducción de delitos y a mejorar la justicia. En esto coincide la Consultoría de los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), que calificó a la Ley como “populismo punitivo”, puesto que crea “delitos y agravantes sin análisis de implicaciones para el sistema penal o de su verdadero objetivo, efecto, frente a la criminalidad”.

Quienes aseguran que el articulado no tendrá efectos positivos sobre la seguridad, también manifiestan que, en la próxima campaña electoral, la Ley será usada para que los candidatos cercanos a la tendencia ideológica del gobierno gane votos.

Otros puntos que han generado polémica, y que enfrentó a los congresistas, es la sanción de 4 a 6 años de cárcel para quienes “interrumpan las acciones legítimas de la fuerza pública”, así como el aumento de la pena para los delitos de perturbación en servicio de transporte y violencia ejercida contra un servidos público cuando “se usen máscaras o elementos para ocultar la identidad o los dificulten”.

Varios políticos y sectores sociales han manifestado que con esto se “criminaliza la protesta”. Así lo manifestó también la representante a la Cámara María José Pizarro, quien desde su cuenta de Twitter dijo que “no es un proyecto de ley que defienda las libertades y que construya confianza ciudadana”.

El Gobierno, por su parte, ha manifestado que no busca castigar la protesta y que dicho proyecto es el resultado de lo que estaban pidiendo los ciudadanos.

Finalmente, esta permite que los entes territoriales celebren contratos con empresas de seguridad privada para la prestación del servicio de vigilancia en las diferentes cárceles del país.

Para varios congresistas de la oposición esto podría significa privatizar las cárceles. Para la representante a la Cámara de la Alianza Verde Juanita Goebertus, la Ley “genera un incentivo perverso porque se les empieza a pagar un servicio a los privados en función del número de personas que están en las cárceles”.

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Lo que no quedó muy claro…

El documento de la iniciativa habla de la “legítima defensa privilegiada” , que consiste en la ausencia de responsabilidad penal cuando se esté protegiendo una propiedad privada. Si bien en el texto aprobado no regirá esta norma para establecimientos comerciales que estén solos ni para las fincas, no es muy claro cuáles son sus límites, lo que podría abrirle las puertas a la justicia por mano propia respaldada por la ley.

El senador Roy Barreras aseguró que el artículo “al disminuir la proporcionalidad de la legítima defensa, legaliza la justicia por mano propia y permite que cualquier colombiano mate a otro”.  En defensa del proyecto, el senador Germán Varón aseguró que lo que se busca es garantizar castigos verdaderos para los delincuentes.

Otro de los artículos que podría decirse quedó abierto es el del uso de las armas “menos letales”, pues este indica textualmente que “los particulares, de manera excepcional, podrán portar las armas, elementos, y dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones con permiso expedido por el DCCAE o quien haga sus veces”.

Más adelante, se especifica que “el permiso concedido a los particulares para el porte de armas se expedirá bajo la responsabilidad del titular y no compromete la responsabilidad del Estado por el uso que de ellas se haga”.

En un país tan intolerante como Colombia, permitir el porte de armas, así sean menos letales, podría aumentar la violencia que se vive en las calles, según indican los expertos. Para varios políticos la norma permitiría “el paramilitarismo”, sobre todo porque allí no se contemplan restricciones para quienes tengan denuncias por violencia de género, como lo explicó en su cuenta de Twitter el senador Iván Cepeda: “(con el artículo) se promueve la venta de armas “menos letales”, como las municiones de energía cinética con las que se asesinó al joven Dilan Cruz”.

Los rescatables

La iniciativa se incluyó la figura del “peligro de la comunidad”. Esta implica que al capturar un delincuente, antes de dejarlo en libertad, el juez deberá tener en cuenta “si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres años”. Algunos han destacado que esta norma podría ser útil para combatir la reincidencia, fenómeno para el que las autoridades y los ciudadanos han pedido mayor severidad por parte de los jueces.

Otro de los puntos que han sido bien vistos es la creación de la Dirección Nacional de Delitos Informáticos en la Fiscalía General, con el cual se espera hacerle frente al incremento de los delitos informáticos, una modalidad que aumentó durante la pandemia.

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Por el momento, hay quienes aseguran que la Corte Constitucional podría tumbar la ley, si la oposición radica efectivamente la demanda. Otros han aprovechado el contexto político para señalar que el camino que le queda a quienes no se sienten debidamente representados con la norma es “eligir bien” en las elecciones del 2022, para así cambiar el congreso y reformar iniciativas como esa.

Queda, eso sí, el sinsabor de la forma en la que se está legislando, pues no es la primera vez que el Gobierno abandera iniciativas que sólo buscan calmar ciertos ánimos pero que podrían no son efectivas y que no cuentan con un sustento investigativo, según han descrito varios abogados. También queda la sensación de que el Gobierno sigue buscando por distintos medios limitar el derecho a la protesta.

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