Un ABC del proyecto de sometimiento a la justicia

Se trata de la hoja de ruta para que integrantes de grupos armados como el Clan del Golfo y otras bandas dedicadas al crimen y el narcotráfico puedan integrarse a la sociedad civil. Quienes se sometan no pagarán más de ocho años de prisión y podrán conservar un porcentaje de sus bienes. 

Sumado a los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, que en este momento se llevan a cabo en México, la ley de sometimiento a la justicia hace parte de la columna vertebral de lo que el Gobierno de Gustavo Petro ha llamado paz total. 

Con el apoyo de varios juristas, como el ex vicefiscal Jorge Perdomo y el exministro Yesid Reyes, además de congresistas como Iván Cepeda y Ariel Ávila, el Ministerio de Justicia armó la base jurídica para negociar el desmantelamiento de los grupos armados organizados que delinquen en el país.

Se trata de un proyecto para que todos sus integrantes vayan a la justicia ordinaria y reciban ciertos beneficios por reconocer sus delitos, aportar a la verdad, reparar a las víctimas y entregar información clave de sus negocios a la Fiscalía. 

Uno de los ponentes del proyecto, el senador Ariel Ávila, recalcó que la importancia de esta iniciativa está en que no habla de crear nuevas jurisdicciones ni procedimientos, pues a las bandas o grupos que se sometan no se les dará “estatus de beligerancia o reconocimiento político”. 

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¿Quiénes pueden acogerse a la ley de sometimiento?

La ley cobijaría a todos los integrantes de grupos armados con una estructura jerárquica, que no tengan estatus políticos y que hayan demostrado la capacidad militar de controlar a la población civil, en zonas urbanas o rurales. En cuanto a sus prácticas, clasifican todos los delitos, incluido el narcotráfico. 

El tiempo máximo para tomar los beneficios que ofrece el Gobierno es de dos años, que se pueden extender a tres si así lo autoriza el presidente Gustavo Petro. Una vez sometidos a la nueva ley, los participantes no podrán retornar a las armas, abandonar los procesos de justicia restaurativa ni cometer cualquier delito con dolo. 

Según el texto del proyecto, será la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en cabeza de Danilo Rueda, la que se encargará de identificar a los procesados y enviar un listado con todos los datos a la Fiscalía, que tendrá que aprobar o negar la participación en un plazo que no supere los tres meses. 

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¿Cómo pagarán sus penas? 

Cabe resaltar que, antes de ser condenados, los integrantes de estos grupos o bandas tendrán que entregar datos sensibles como rutas de narcotráfico, redes de apoyo, información sobre lavado de activos y coordenadas que permitan ubicar a personas desaparecidas. A esto se suma que tendrán que entregar todas las armas, secuestrados y bienes. 

La pena máxima para cualquiera será de 12 años, de los cuales de seis a ocho pueden ser en una cárcel. El resto será tiempo de trabajo en actividades relacionadas con justicia restaurativa o resocialización, que se hará de manera extramural. Dicho proceso sería vigilado en todo momento por el Inpec.

El proyecto es claro al establecer que los seis u ocho años de cárcel no son objeto de ningún beneficio, por lo que, por ejemplo, no se podrán redimir por estudio o buen comportamiento.

¿Qué beneficios recibirán? 

Además de anular las demás condenas o investigaciones que tengan, pues todas se sumarán en el caso que abra la ley de sometimiento, los integrantes de estos grupos podrán reintegrarse a la vida civil con ayuda del Estado. 

El proyecto plantea que el Alto Comisionado y los diferentes ministerios les ofrezcan una amplia oferta de programas sociales para reintegración individual, colectiva y comunitaria. Aunque no hay más detalles de este punto, el Estado se compromete a acompañarlos en ese camino. 

Otro de los puntos clave y a la vez muy polémico tiene que ver con los bienes que declaren al momento de someterse. La propuesta inicial es que los procesados se queden con hasta el seis por ciento del valor de los bienes entregados y detienen el resto, siempre y cuando sean monetizables, para la reparación de las víctimas. 

“Los bienes objeto del beneficio patrimonial no podrán ser objeto de comiso o acción de extinción de dominio con posterioridad a la sentencia en firme a menos que se demuestre que el beneficiario incumplió los compromisos contenidos en el acta de sujeción”, dice el proyecto.

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Aunque el proyecto no toca las reglas de extradición, como lo había sugerido el fiscal Francisco Barbosa, lo cierto es que, como el tema no se menciona en ningún artículo del proyecto, quedan varias preguntas al respecto. De hecho, algunos abogados consideran que ese vacío podría enredar el proyecto en el futuro.

El presidente Gustavo Petro ya le dio el visto bueno al proyecto de ley de sometimiento a la justicia, que ahora tendrá que pasar por la lupa del Consejo de Política Criminal, según informó Alfonso Prada, ministro del Interior. 

Una vez cumplida esta etapa podrá llegar al Congreso, donde se sumará a la larga lista de propuestas del Gobierno, de las que no hay mucha certeza, ya que tambalean al no tener todo el respaldo de los partidos tradicionales, que en la legislatura pasada fueron la clave para aprobar cualquier iniciativa. 

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