Se cayó el ‘mico’ que buscaba ponerle una mordaza a la libertad de expresión

El artículo que buscaba castigar con cárcel a quienes denunciaran a funcionarios por hechos de corrupción fue retirado del documento que pasó a conciliación. El propio presidente Iván Duque rechazó el ‘mico’ y aseguró que, de ser necesario, él mismo lo objetaría.

El polémico artículo 68 que había sido camuflado en el proyecto de ley anticorrupción, y que estaba relacionado con delitos de injuria y calumnia, fue retirado por los ponentes.

El texto, que se conoció como ‘ley mordaza’, fue criticado por asociaciones de periodistas, pues era una manera de coartar la libertad de expresión, intimidar a los medios y otorgarles privilegios a los funcionarios por encima de la misma ciudadanía.

El apartado retirado decía: “El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.

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El informe de conciliación del proyecto de ley fue radicado el martes en la noche, sin el polémico artículo, y se espera que sea debatido antes de que termine el periodo de sesiones ordinarias, este jueves 16 de diciembre.

Uno de lo ponentes de la iniciativa, el representante de Cambio Radical Cesar Lorduy, reconocido escudero de la casa Char y de la exministra Karen Abudinen, se refirió varias veces a la decisión de retirar el artículo, con una serie de tuits publicados el martes en la noche, en lo que parece una forma de reiterar que el mico se cayó gracias a él.

Algunos leen esta jugada de Lorduy como una manera de no tomar ningún riesgo político que pueda opacar su candidatura al Senado en las próximas elecciones.

Ley mordaza, sin el apoyo de Duque

El pasado 10 de diciembre, el propio presidente Iván Duque se pronunció en contra del artículo y pidió una conciliación del proyecto anticorrupción que permita conservar las normas más importantes, retirando “ese artículo que poco o nada tiene que ver con el contexto de la norma, pero que adicionalmente representa una amenaza a la libertad de prensa“.

“Y quiero ser claro, de no encontrarse esa solución, objetaré ese artículo para que el Congreso pueda adelantar su discusión“, advirtió Duque.

El paso que falta dar es que las plenarias voten el texto a conciliar para que no haya posibilidad de que el artículo termine colándose, de nuevo, en el proyecto de ley.

Las voces de rechazo al artículo, y a una serie de jugadas jurídicas para callar el periodismo en Colombia, son múltiples y se han hecho más fuertes a medida que se acercan las elecciones legislativas y presidenciales.

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El director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Jonathan Bock, ha sido uno de los que más ha reclamado por este asunto. En una columna publicada por The Washington Post, el pasado lunes 13 de diciembre, manifestó que “asustar con asfixiar a la prensa ya no es un ‘boogeyman’ que genere mayores inconvenientes ante la opinión pública. El discurso de poner límites a periodistas resulta cada vez más reiterativo y está presente en las distintas instituciones del Estado”.

Pero la preocupación de Bock va más allá, porque los intentos por “convertir al periodismo en una piñata ideológica”, ganan carrera de caras a las votaciones en 2022 y generan un clima que “ataca al periodismo independiente y desincentiva el pluralismo de voces. Pero, sobre todo, supone generar zozobra para que los y las periodistas que buscan que el poder le rinda cuentas a la ciudadanía deban censurarse a sí mismos para así poder publicar sus historias”.

Este ‘mico’ en el proyecto de ley anticorrupción se convierte para algunos en otro campanazo de alerta para estar vigilantes ante las normas con las que se busca cortar la vigilancia periodística y ciudadana, y un llamado a estar más pendientes de propuestas judiciales que buscan silenciar la denuncia y la libertad de expresión.

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