“El liberalismo y sus desencantados”, según Francis Fukuyama

El politólogo y pensador estadounidense Francis Fukuyama, autor de ‘El fin de la historia’, acaba de lanzar su libro ‘El liberalismo y sus desencantados’, en el que reflexiona acerca de la importancia de defender las democracias liberales. Publicamos un fragmento exclusivo.

Prohibida su reproducción parcial o total en otro medio.

Capítulo 3: El individuo egoísta

Los problemas con las políticas neoliberales no se limitaron a sus efectos económicos y políticos inmediatos; había un problema subyacente más profundo en la propia teoría económica. Esto no la invalida, pero debería hacernos recordar que, como todas las teorías, simplifica en exceso nuestros conocimientos sobre el comportamiento humano. Esto significa que debemos tener cuidado con las conclusiones prácticas que extraemos de ésta, ya que la realidad será siempre más compleja de lo que sugiere la teoría.

Veamos, por ejemplo, el tema de los derechos de propiedad, que ha sido un elemento central de la doctrina liberal desde el principio. El reciente interés en los derechos de propiedad por parte de los economistas renació a principios de la década de 1980 como resultado del trabajo de autores como el historiador económico Douglass North, el cual transformó la teoría del desarrollo incorporando el factor de las instituciones — es decir, las normas persistentes que coordinan la actividad social— como una variable explicativa clave del crecimiento económico. (Aunque cueste creerlo, antes de North la mayoría de las teorías económicas ortodoxas sobre el crecimiento no tenían en cuenta la cultura, la política ni ningún otro factor no económico.) Cuando North hablaba de instituciones, pensaba principalmente en derechos de propiedad y ejecución de contratos, y toda una generación de economistas del desarrollo consideraban dichas instituciones como el Santo Grial del crecimiento.

Había, desde luego, un importante núcleo de verdad en el enfoque en los derechos de propiedad: países como la antigua Unión Soviética, Cuba o Venezuela, que se habían embarcado en nacionalizaciones indiscriminadas de la propiedad privada, habían tenido enormes problemas con la innovación y el crecimiento. Nadie invertirá importantes cantidades de dinero en un negocio si piensa que el gobierno se lo arrebatará a su antojo. Sin embargo, un enfoque exclusivo en los derechos de propiedad no es una fórmula mágica para el desarrollo ni un camino a una sociedad justa. Como ha expuesto Deirdre McCloskey, North nunca demostró empíricamente que garantizar los derechos de propiedad fuera clave para el extraordinario crecimiento económico de Europa después del siglo XVII, en contraposición a otros factores como la adopción de los valores sociales burgueses que tuvo lugar al mismo tiempo o el desarrollo del método científico. **

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Además, una defensa fuerte de cualquier conjunto existente de derechos de propiedad sólo se justifica si la propia distribución original de la propiedad era justa. Muchos economistas parten implícitamente de la premisa de John Locke de que la propiedad privada surge cuando los seres humanos se asientan en una deshabitada terra nullius [tierra de nadie] y mezclan su trabajo con las «cosas sin valor de la naturaleza» para crear una propiedad útil. Pero ¿y si esa propiedad fuese adquirida en un principio mediante violencia o robo? Las sociedades agrarias estaban basadas en fincas gigantescas en manos de aristócratas cuyos antepasados eran guerreros que simplemente habían conquistado esos territorios. Su tierra era trabajada por campesinos que, después de una mala cosecha o una enfermedad, contraían una deuda y, en caso de no poder pagarla, se les confiscaban sus bienes según lo establecido en las normas promulgadas por el señor local.

Esta forma de propiedad de la tierra ha sido un obstáculo enorme tanto para el crecimiento económico como para la democracia en países como Pakistán o Filipinas. En cambio, Japón, Corea del Sur y Taiwán, bajo la tutela de Estados Unidos, emprendieron una reforma agraria masiva a finales de la década de 1940, que dividió las grandes fincas. Esta redistribución de la propiedad ha sido considerada ampliamente como la base de su posterior éxito económico, por no hablar de su capacidad de convertirse en democracias liberales consolidadas.

La historia lockeana sobre los orígenes de la propiedad privada también es cuestionable en Estados Unidos y en otros lugares que, en su día, fueron denominados tierras de «nuevos asentamientos», como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina o Chile. Desde luego, en esas regiones se asentaron únicamente europeos; estaban habitadas por una amplia variedad de pueblo doce mil años antes. Aquellas personas fueron asesinadas, esclavizadas, despojadas de sus tierras y engañadas, o bien murieron como consecuencia de enfermedades importadas desde Europa. En su mayor parte, esos grupos indígenas no tenían nada parecido a los derechos de propiedad europeos, con su maquinaria de revisiones catastrales, registros de la propiedad y sistemas judiciales. Por el contrario, como pueblos ganaderos o cazadores-recolectores, disfrutaban de lo que hoy en día se describiría como derecho al forraje, derecho de usufructo o derecho de paso o acceso. No cabe duda de que los derechos de propiedad de estilo europeo hicieron que la tierra fuera mucho más productiva, y es posible que este aumento de la productividad mejorase el nivel de vida de todo el mundo, incluyendo el de aquellos desprovistos de sus tierras. Pero el fin no justifica necesariamente los medios. Los pueblos indígenas perdieron mucho más que sus tierras; perdieron su forma de vida a medida que sus tierras se convertían en propiedad privada moderna.

El liberalismo y sus desencantos de Francis Fukuyama

Otra rama de la teoría económica neoliberal intrínsecamente cuestionable y que ha acarreado consecuencias políticas muy problemáticas tuvo que ver con la entronización del bienestar de los consumidores como la medida definitiva del bienestar económico, así como las implicaciones de esta decisión en ámbitos políticos como el antimonopolio y el comercio. Este cambio estuvo estrechamente vinculado con la escuela de Chicago y con figuras como Aaron Director, George Stigler y, sobre todo, el experto jurista Robert Bork.

Desde la promulgación de la Ley Sherman Antimonopolio en 1890, a los responsables políticos estadounidenses les preocupaba el impacto de corporaciones gigantescas (o «monopolios») en la democracia de Estados Unido. A lo largo del siglo, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos interpusieron demandas antimonopolio contra grandes compañías que usaban su poder en el mercado para eliminar la competencia. Había, asimismo, una escuela asociada con el juez Louis Brandeis, el cual creía que la Ley Sherman tenía también objetivos políticos, como la protección de los pequeños productores.

El jurista y más tarde fiscal general Robert Bork sostenía que la ley antimonopolio debería tener un único objetivo, que era maximizar el bienestar del consumidor, entendido tanto en términos de precio como de calidad.*** Bork sostenía que el objetivo de la Ley Sherman no había sido nunca servir a intereses partidistas y que la ley antimonopolio sería incoherente si no tenía un único objetivo medible, como lo era la maximización del bienestar del consumidor. Argumentaba que, a menudo, las grandes corporaciones eran grandes precisamente porque eran más eficientes que las pequeñas y que el gobierno no debería interferir en su crecimiento. Él y sus colegas de la escuela de Chicago lograron persuadir a dos generaciones de economistas y juristas para que adoptaran el estándar del bienestar de los consumidores como la única medida de los resultados económicos en casos antimonopolio, lo cual dio lugar a una actitud mucho más relajada por parte del gobierno hacia las grandes corporaciones y las megafusiones.

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Bork tenía razón al decir que el estándar del bienestar del consumidor proporciona al sistema legal una manera útil de resolver determinada clase de disputas económicas. Si Walmart o Amazon, por ejemplo, se introducen en un mercado y ponen en peligro la forma de vida de multitud de comercios familiares, ¿cómo juzgamos la exigencia de protección frente a la competencia de estos últimos? El estándar de bienestar de los consumidores determinaría que tendrían que dejar paso a los comercios gigantes porque éstos venden los mismos artículos a precios mucho más bajos. La economía moderna determinaría que los comercios familiares tuvieran que cerrar sus negocios y reinvertir su tiempo y su capital en otra actividad más productiva. Los brandeisianos no tenían una regla clara para distribuir el excedente de los consumidores entre éstos y los comerciantes atrapados en una lucha de suma cero.

Y a pesar de todo, muchas sociedades pueden proteger y protegen a pequeños productores a expensas de la eficiencia económica, porque creen que hay otros bienes sociales aparte del bienestar de los consumidores. Esto es lo que han hecho Francia y Japón, por ejemplo, que trataron de bloquear la entrada de enormes corporaciones estadounidenses en sus mercados. ¿Estaría Francia mejor si sus miles de cafeterías hubieran sido expulsadas del negocio por Starbucks, aun cuando ésta ofreciera un café más barato o mejor? ¿Mejoraría la calidad de vida de Japón si sus pequeños bares de sushi y tempura fueran sustituidos por grandes cadenas de restaurantes de estilo norteamericano? ¿Está mejor Estados Unidos viendo cómo sus comercios del centro son expulsados del negocio, primero por grandes almacenes como Walmart, y después por comercios digitales como Amazon? Puede que todo esto fuera inevitable desde un punto de vista tecnológico, pero podríamos pensar que el equilibrio entre el bienestar de los consumidores y bienes intangibles como los barrios y las formas de vida debería estar abierto a la elección democrática. Es posible que ninguna teoría económica determine cómo llevar a cabo esa elección, pero puede decidirse mediante confrontación política democrática. No hay razón por la cual la eficiencia económica tenga que ser más importante que el resto de los valores sociales.

Francis Fukuyama
Francis Fukuyama. Foto: Editorial Planeta

El bienestar de los consumidores también es problemático como estándar de bienestar económico, ya que no capta aspectos intangibles del bienestar. Las grandes plataformas de internet actuales pueden ofrecer servicios gratuitos a los consumidores, pero acceden a datos privados de los usuarios de maneras que éstos no perciben y que tal vez no aprobarían. Bajo esta cuestión política subyace un tema filosófico más profundo, que es si los seres humanos son simplemente animales consumidores cuyo bienestar se mide en función de cuánto consumen, o bien animales productores cuya felicidad depende de su capacidad de modelar la naturaleza y ejercitar sus facultades creativas.

El neoliberalismo contemporáneo ha optado claramente por la primera opción, pero otras tradiciones sostienen que los humanos son animales consumidores y productores y que la felicidad humana se encuentra en algún punto intermedio entre ambos aspectos. El filósofo Hegel afirmaba que la autonomía humana se basaba en el trabajo y en la capacidad de transformar la naturaleza; que eso era lo que había otorgado dignidad al esclavo y lo había hecho igual al amo. Karl Marx heredó esta idea de Hegel, y dijo que los seres humanos eran animales consumidores y productores.

Las sociedades comunistas tendían a conceder más valor a la producción que al consumo, con resultados negativos. Tenían “héroes del trabajo socialista”, pero no había comida en las estanterías de sus tiendas. El auge del neoliberalismo ha hecho que el péndulo oscile al otro extremo. A los trabajadores de Estados Unidos que habían perdido sus empleos a causa de la mano de
obra extranjera más barata se les dijo que, a pesar de todo, podían comprar productos más baratos importados de China. En la actualidad, muy poca gente querría volver al énfasis comunista de la producción por encima del consumo. Sin embargo, ¿estaría la gente dispuesta a sacrificar un poco de bienestar de los consumidores con tal de mantener la dignidad del trabajo y de los medios de vida en su país? Se trata de una elección que no se ha planteado a los votantes bajo la hegemonía de las ideas neoliberales.

Podría tratarse de un sacrificio menor de lo que creemos. El economista Thomas Philippon ha sostenido que los precios de consumo de Estados Unidos son ahora mucho más elevados que los de Europa en comparación con los de dos décadas antes, debido precisamente a que Estados Unidos no ha logrado aplicar sus leyes antimonopolio y ha permitido que las grandes corporaciones ahoguen a la competencia.

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La concentración industrial tiene otros efectos negativos: las grandes corporaciones tienen mucho dinero y pueden financiar a grupos de presión para conservar sus ventajas. Esto se convierte en un problema grave para la democracia cuando el negocio de esas corporaciones son las noticias y la información que da forma al discurso político, y ésta es una de las razones por las cuales las grandes plataformas de internet — Twitter, Facebook y Google— han sido objeto de especial escrutinio.

Hubo otra corriente de pensamiento que arraigó a finales del siglo XX y que proporcionó un modelo de acción colectiva alternativo al de la economía neoliberal dominante, que era la teoría del orden espontáneo promovida por la escuela austríaca de Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. Hayek, en concreto, observó que el orden que vemos en el mundo natural no fue el resultado de un diseñador divino que enseñó a cantar a los pájaros o a hacer miel a las abejas, sino que surgió de la interacción evolutiva aleatoria de átomos y moléculas que acabaron organizándose en una cadena de seres cada vez más complejos, desde células hasta los organismos multicelulares, las plantas y los animales que pueblan nuestro mundo. Sostenía que el orden social humano se originó de manera parecida: los agentes humanos individuales interactuaron; los grupos sociales más exitosos se replicaron, no genética sino culturalmente, mientras que los que daban malos resultados desaparecieron.

El gran ejemplo de esto fue la evolución de los mercados, donde los compradores y vendedores individuales interactuaron de manera no planificada para producir precios que indicaban una escasez relativa, asignando así los bienes de modo más eficiente que los planificadores centrales. Hayek sostenía también que el common law inglés era superior al derecho civil del continente en el sentido de que había evolucionado a partir de las decisiones de innumerables jueces descentralizados según el principio de stare decisis (precedente judicial), en lugar de ser dictado de forma centralizada por expertos legales.

Francis Fukuyama Foto: ASTRID STAWIARZ \ AFP
Francis Fukuyama Foto: ASTRID STAWIARZ de AFP

Hayek tenía razón en lo tocante a la eficiencia superior de los mercados; básicamente, venció en su famoso debate de la década de 1940 con el otro gran economista de la época, Joseph Schumpeter, sobre si el mejor sistema económico sería el regulado por los mercados o la planificación central. Sus ideas fueron asumidas por otros. Cuando internet despegó en la década de 1990, muchos tecnolibertarios se sintieron seducidos por la idea de un orden espontáneo y vieron el surgimiento del mundo digital como uno de sus maravillosos resultados. La teoría de la complejidad, elaborada en lugares como el Instituto Santa Fe, trataba de formalizar la idea de autoorganización y aportaba reflexiones sobre cómo el orden se originaba a menudo de manera descentralizada, desde las bandadas de pájaros a las comunidades indígenas acordando compartir recursos sin el beneficio de los gobiernos.

* North, Douglass C., Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, traducción de Agustín Bárcena, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2012.
** Véase McCloskey, Deirdre N., Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the Modern World, University of Chicago Press, Chicago (Illinois), 2010, capítulos 33-36; véase también McCloskey, Beyond Positivism, Behaviorism, and Neo-institutionalism in Economics, University of Chicago Press, Chicago (Illinois), 2021, capítulo 8.
*** Bork, Robert H., y Philip Verveer, The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself, Free Press, Nueva York, 1993; y «Legislative Intent and the Policy of the Sherman Act», Journal of Law and Economics, 9 (1966), pp. 7-48.

2 Comentarios

  1. Interesante libro como muestra este capítulo donde se defiende el derecho a la propiedad , el bienestar de los consumidores , la autoorganización , la interacción para compartir recursos entre otras teorías
    Habria que leerlo todo

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