“Los caleños están como en una olla a presión”

Un experto en procesos sociales, un politólogo y un sacerdote, nos comparten su mirada y análisis del por qué Cali se convirtió en epicentro de las protestas.

Cali es el símbolo del paro y ejemplo de resistencia. Y lo es luego de doce días de marchas y protestas, docenas de manifestante asesinados, al parecer, por miembros de la fuerza pública, cientos de heridos y desaparecidos, pérdidas millonarias y una ciudad semiparalizada por bloqueos que ya repercuten en el abastecimiento de alimentos y combustibles.

Medios nacionales e internacionales intentar mostrar y entender el motor que mueve a los manifestantes caleños, pese a la forma violenta como son reprimidos por parte del Esmad y presuntos escuadrones de la muerte que, desde lujosas camionetas, disparan a las turbas que protestan o bloquean las calles.

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Mientras que, para las autoridades y algunos sectores de opinión, es claro que detrás de tanta furia y destrucción hay una estrategia bien organizada liderada por grupos armados ilegales y hasta el narcotráfico.

Por un lado, manifestantes y defensores de Derechos Humanos denuncian en redes sociales el uso excesivo de la fuerza por parte de policías; desde la otra orilla intentan demostrar que detrás de las protestas y los actos vandálicos hay una premeditada organización que cuenta con logística y recursos.

Los primeros en soltar esa hipótesis fueron el fiscal, Francisco Barbosa, y el ministro de Defensa, Diego Molano, al hablar del ELN y disidentes de las Farc.

Lo triste de los señalamientos es que ambos bandos pueden tener razón. Gracias a los videos que circulan en redes sociales, hoy pocos dudan que la policía abusó de su poder y habría cometido delitos que tendrán que ser investigados; y que en la ciudad hay comandos de la muerte disparando desde camionetas, a los manifestantes.

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Desde la otra orilla, insisten en la existencia de una mano negra criminal que parece pescar en río revuelto. Tal como lo sugiere en su cuenta de Twitter, el politólogo caleño y experto en Seguridad y Terrorismo, Gustavo Orozco.

Lo que no se puede perder de vista en esta protesta caleña es que hay razones de peso para tanta indignación acumulada. Desde hace varios años, Cali es la capital de todo el pacífico colombiano (Nariño, Cauca, Valle y Chocó) y ese honroso título trajo consigo profundas responsabilidades.

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Por un lado, se convirtió en el destino de los marginados. A esa urbe llegan cada año miles de desplazados por la violencia causada por el narcotráfico y grupos armados ilegales, que se pelean el control territorial de los cultivos y rutas para sacar la droga que procesan en sus laboratorios.

Fueron las propias autoridades quienes hace un par de años acuñaron la expresión en el sentido de que en Cali operan “Franquicias criminales”, que prestan sus servicios al mejor postor.

A esa urbe llegan cada año miles de desplazados por la violencia causada por el narcotráfico y grupos armados ilegales, que se pelean el control territorial

Todos saben que el Distrito de Aguablanca (zona vulnerable), y sus comunas vecinas, son el asentamiento obligado de todas esas familias desplazadas por la violencia mafiosa y que solo este año ya suman 11.000 personas de Nariño, Cauca y Chocó.

Si a ese coctel le agrega que Cali es una ciudad cuya tasa de desempleo hoy es del 20 por ciento, algo así como 280.000 desocupados, y que desde 2017 el 15.7 por ciento de su población percibe ingresos mensuales por debajo de los $327.000, el panorama se oscurece.

Bien lo dice Roberto Ortiz, concejal y excandidato a la alcaldía que perdió su elección con Jorge Iván Ospina. Para él, la inversión social debe comenzar por los jóvenes y le recuerda al alcalde que “los $600.000 millones de un crédito que le aprobaron, debe invertirlos en la gente y no gastarlos en obras innecesarias”.

Una tesis que comparte Miguel Mondragón, un administrador de Empresas, con posgrados en Gerencia Social, Gobierno y Políticas Públicas, que tiene experiencia en procesos sociales con comunidades de base en el Distrito de Aguablanca.

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Para Mondragón, “Cali es una ciudad de migraciones, receptora de población desplazada, muchos empobrecidos, que buscan oportunidades para mejorar sus vidas. Empobrecidos por nuestro sistema social, económico, excesivamente excluyente, desigual, inequitativo.

Y agrega: “esto frente a una clase dirigente sorda, ciega, casi autista, ocupada solo de sus propios intereses. Nuestro más grande y perverso flagelo es la corrupción, la que roba sueños, oportunidades y vida digna”.

Pero también es cierto que ningún político hoy va a montarse en la cruzada, so pena de ser calificado de oportunista

El experto en procesos sociales no dudó en asegurar que “los caleños cocinados en una olla a presión, cocinados por la desesperanza, el olvido. Lo que está ocurriendo es la válvula de escape, es solo un soplo de aliento, buscando reconocimiento y oportunidades, como nos enseñó nuestra querida y recordada Hermana Alba Stella de Paz y Bien: jóvenes para la vida, no para la muerte”.

Un día antes del paro, el arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, escribió una columna de opinión que tituló Revuelta o autorreforma, en la que se anticipó todo lo que hoy sucede en Cali y el país.

“Lo que tendríamos que buscar –dijo el arzobispo caleño- es la solidaridad de quienes tienen el deber de pagar la gigantesca deuda social, empezando por la intervención que garantice sustento, territorio, techo, trabajo, especialmente el de economía familiar y de autoabastecimiento nacional. Nacionales y migrantes necesitan cobertura de “piso” y garantía legal de ingreso. Estado y privados tendrían que concertar una autorreforma en esa dirección”.

Y luego, en su cuenta de Twitter, resumió el difícil panorama como el resultado de una indignación acumulada, “valiosos gestos de unidad y acción en Cali para superar efectos causados por el anarquismo violento. Tanta violencia represada, tanta frustración con el Estado y sus decisiones, tanta presión por emergencia sanitaria y económica, exigen distensión inmediata. ¿A quién le toca iniciar?”.

Una visión mucho más elaborada sugiere Álvaro José Benedetti, politólogo caleño y profesor universitario, al manifestar que preocupa que no exista una voz que asuma de manera contundente el liderazgo del paro: “los medios marginalizan las voces de los sindicatos, mucho más de la gente en la calle. Pero también es cierto que ningún político hoy va a montarse en la cruzada, so pena de ser calificado de oportunista”.

Lamentó que dentro del paro no existan voces contundentes que rechacen los actos vandálicos, “se comprende, más no se acepta, el vandalismo contra las instituciones financieras o las grandes superficies, pero contra un colegio -como ocurrió en Calipso- o contra la infraestructura de transporte, no queda claro el sentido”.

Y fue más crudo sobre las proyecciones de las protestas al concluir que, “este paro se motiva por todo lo que no se cumple del paro de 2019, de modo que políticamente no veo salida, porque el gobierno propone hacerla con los partidos y no con el 40 por ciento de colombianos en la pobreza”.

Remata su tesis con la siguiente conclusión, “como siempre, hay un elemento conducente al narcotráfico. Existe la hipótesis de que las marchas son infiltradas por las disidencias y delincuencia organizada asociada al microtráfico. En perspectiva de la cadena de valor de la coca, tiene mucho sentido distraer a la opinión y ocupar a la fuerza pública en asuntos de desorden urbano y dejar libre el escenario rural y pilas porque el Cauca es el epicentro de la cadena de valor hoy por el Pacífico”.

En medio de esas zonas grises de la manifestación, se mueven los vándalos, aquellos que aprovecharon la legítima indignación ciudadana para saquear supermercados, destruir sedes bancarias, atacar edificios públicos y montar barricadas urbanas para cobrar por la libre movilización de los ciudadanos.

Por cuenta de esos actos delincuenciales, a la marcha le salió una contra marcha liderado por caleños de estratos altos que están cansados de tanta arbitrariedad, zozobra y destrucción; según ellos, lo único que quieren es trabajar para seguir produciendo.

Pese a los esfuerzos del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, por crear los famosos corredores humanitarios para permitir la libre circulación de ambulancias con enfermos, camiones con alimentos y combustibles, los caleños aún están lejos de retornar a su normalidad, porque en esa ciudad sigue firme la primera línea de resistencia de todo un país.

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