Los fantasmas de la violencia que azotan a Algeciras (Huila)

Masacres, atentados y amenazas perturban la tranquilidad de este pueblo opita. Bandas criminales y grupos armados se disputan el territorio. En el municipio, ubicado al norte del departamento, han asesinado a 22 personas en lo que va de 2021.

“El miedo es generalizado, los habitantes de las zonas rurales e incluso urbanas temen por su seguridad”, le dijo a Diario Criterio Mauricio Trujillo, presidente del Concejo Municipal de Algeciras. En la región, son muy pocos los que se atreven a hablar, nadie quiere ser protagonista de los panfletos amenazantes que circulan con fuerza desde 2020.

Los habitantes temen regresar a la realidad de hace 25 años, cuando la entonces guerrilla de las Farc sembraba terror en la zona y nadie podía cuestionar su autoridad. Hoy en día, los algecireños tienen argumentos para hablar de una historia que se repite.

El pasado lunes 31 de mayo, nueve personas fueron masacradas en la vereda Quebradón Sur, al interior de la finca Palmira. Según las autoridades, las víctimas serían recolectores de café. Lo curioso, y a la vez preocupante del caso, es que esta es la tercera masacre perpetrada en el municipio, todas en menos de un año y en la misma finca.

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Al parecer, el predio es propiedad del señor Álvaro Barrera, padre de un firmante de paz que hoy en día trabaja para la Unidad Nacional de Protección. Esta sería la pieza clave, según las autoridades, para entender el fenómeno de violencia, marcado por la persecución a reincorporados y el fortalecimiento de grupos armados en las zona que dejó las Farc.

Gelvi Esther Cabrera, personera de Algeciras, le confirmó a Diario Criterio que el año pasado fueron asesinadas 23 personas y que, en lo que va de 2021, la cifra va en 22. El último caso es el de dos jóvenes asesinados el 17 de junio, en el barrio Siete de Agosto.

“Desde junio de 2020, la personería ha documentado 78 denuncias por amenazas y cerca de 300 casos de desplazamiento forzado”, dice Cabrera, quien también tuvo que desplazarse. Fuentes de este municipio le dijeron a este medio que para ingresar a la zona rural es necesario solicitar autorización de los grupos armados.

¿Por qué regresó la violencia?

Por medio de la alerta temprana 043 de 2020, la Defensoría del Pueblo advirtió los riesgos a los que están expuestos en Algeciras, municipio con más de 22.500 habitantes. Las zonas más complicadas son la cabecera municipal y los corregimientos de La Arcadia, El Toro y El Paraíso y el peligro es mayor para los excombatientes de las Farc, los miembros del partido Comunes (antes partido Farc) y líderes que defienden la implementación del Acuerdo de Paz.

El municipio ha vivido el conflicto armado por décadas. Históricamente la columna móvil Teófilo Forero de las Farc ejerció dominio y control del territorio, para acceder a un punto estratégico, los corredores que comunican Huila y Caquetá, usados para movilizarse y establecer zonas de refugio y abastecimiento.

Tras la firma del Acuerdo, se vivió una momentánea calma, incluso, el municipio fue referente en el desminado humanitario con cerca de 9.506 metros cuadrados despejados. Sin embargo, después incrementó la delincuencia común y el expendio de drogas, como lo explica la Defensoría, estas actividades las restringía la extinta guerrilla con “sus mecanismos violentos de control territorial y poblacional”.

Zona rural del municipio de Algeciras, Huila. Foto: Alcaldía de Algeciras
Zona rural del municipio de Algeciras, Huila. Foto: Alcaldía de Algeciras

Asimismo, tanto miembros de las Farc que no se acogieron al proceso de paz como nuevos grupos armados buscaron tomar el control. Desde 2017, la Defensoría evidenció amenazas, homicidios y extorsiones a pobladores, comerciantes, servidores públicos; dinámica que también se advirtió en la alerta temprana 063 de 2018. En el documento se explica la preocupante conformación de disidencias de las Farc.

Para 2019 ya se hacía evidente la fuerte presencia de disidencias con la circulación de panfletos, cobro masivo de extorsiones, amenazas, homicidios selectivos y desplazamientos forzados, tanto en zona urbana como rural. Actualmente, el escenario de riesgo se configura por la presencia de la autodenominada Comisión Financiera de las Farc, Unidad Manuel Marulanda Vélez; la comisión del frente 62; la Segunda Marquetalia, Columna Teófilo Forero, Unidad Óscar Mondragón y la columna móvil Teófilo Forero.

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El recrudecimiento de los mecanismos de control social de los grupos armados para dominar las economías ilegales y una posible confrontación entre frentes de las disidencias, generan zozobra en la población. Este municipio sigue siendo un punto de ubicación estratégico para la operación ilegal en la zona nororiental y central del Huila y la salida a otros lugares del país.

El Huila bajo amenaza

La violencia no la sufren solo en Algeciras. El 16 de junio, la líder social Derly Pastrana Yara fue atacada por sicarios que le propinaron ocho disparos en la ciudad de Neiva. Pastrana, quien se encuentra en delicado estado de salud, era la encargada de la Mesa Departamental de Víctimas.

Derly Pastrana Yara también es consejera departamental de mujeres en Huila. Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica
Derly Pastrana Yara también es consejera departamental de mujeres en Huila. Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, Derly Pastrana “ha denunciado ser víctima de las Farc y de graves abusos por parte de jefes de esa antigua guerrilla. Actualmente, trabaja por el reconocimiento y la dignificación de las víctimas del conflicto armado en el Huila”.

Los datos recolectados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), revelan que en el 2021 han sido asesinados cuatro líderes sociales en el departamento. El primero de ellos fue Arcenio Quinayás Ruíz, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Andes, en el municipio de San Agustín.

El 13 de abril, sicarios acabaron con la vida de Álvaro Farid Rodríguez Ortiz, abogado e inspector de Policía de Algeciras. Rodríguez tenía 34 años de edad y había sido candidato al Concejo Municipal. En el municipio de Aipe, el pasado 9 de mayo, fueron asesinados Jorge Emilio Ramírez y Aldinever Cruz, presuntamente por miembros de la disidencia de las Farc del frente Ismael Ruiz.

El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo también registró situaciones preocupantes en municipios como Iquira (029 de 2020) y en Neiva, Tello y Baraya (036 de 2018) donde se están fortaleciendo las disidencias de las Farc.

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Una voz de auxilio

Para habitantes y líderes de municipios como Algeciras la escalada de violencia se debe al descuido del actual Gobierno en la implementación del Acuerdo de Paz. Por eso piden que la fuerza pública y las instituciones del Estado hagan presencia en las zonas que dejó la guerrilla de las Farc y no permitan el rearme de otros grupos.

Asimismo, reclaman mayor efectividad de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que en el caso del Huila solo se encuentran contemplados para Algeciras. Según Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, en el departamento se han invertido 107.000 millones de pesos para la paz.

“Para el Gobierno Nacional, los ministros de Defensa, del Interior y el defensor del pueblo, parece que Algeciras no existe en el mapa de Colombia”, dice el concejal Trujillo. Para él, es necesario implementar una mesa de trabajo para evaluar los alcances y retos del Acuerdo de Paz y los PDET en la región.

Trujillo agrega que, en los últimos días, a raíz de las masacres y hechos violentos, las autoridades nacionales realizaron consejos de seguridad en Pitalito y Neiva, sin tratar a fondo el caso de Algeciras: 

“En la capital del departamento estuvo el presidente y la cúpula militar, pero en ninguno de esos hubo presencia de autoridades de nuestro municipio, es difícil saber cómo el Gobierno toma decisiones al respecto”.

Para la personera del municipio, es urgente que las autoridades investiguen y que ninguno de los homicidios quede en la impunidad. Las comunidades quieren estar tranquilas y dicen que sus muertos no son sólo cifras. Además, reclaman mayor inversión social en las zonas afectadas.

“Aquí la gente tiene miedo y zozobra. Eso es lo que buscan los grupos armados y hasta el momento lo están logrando. La comunidad en general no habla. Así pasó con los nueve homicidios, nadie vio nada, porque tienen temor”, concluye Cabrera.

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