Los mandatarios locales a los que investiga la Procuraduría por el paro

En los nueve procesos disciplinarias que adelanta el organismo contra funcionarios por acciones durante el paro, hay cinco alcaldes, dos concejales, un gobernador y el gerente de un hospital.

En la calle existe la sensación de que la procuradora general, Margarita Cabello, está empeñada en investigar a todo servidor público que apoye el paro nacional.

Sin embargo, la posición de la Procuraduría se aleja de esa idea, pues ha advertido que alcaldes y gobernadores tienen que ser “garantes de los derechos tanto de los manifestantes como de las personas que no desean protestar”, según aparece consignado en un comunicado.

Asimismo, son varias las acciones emprendidas por la funcionaria que hacen inferir que, al menos por ahora, su preocupación es el orden público, tal como lo dejó entrever en un llamado de atención que hizo a los alcaldes del país, que de paso fueron notificados del poder sancionatorio de Cabello.

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Los “alcaldes son la primera autoridad civil y de policía en cada territorio, sobre ellos recae la responsabilidad del orden público y por tanto también la de tomar las medidas necesarias para proteger a todos y cada uno de los ciudadanos”, dijo el pasado 1 de mayo.

Lo llamativo de esa advertencia es que sucedió justo cuando el país esperaba con ansiedad sus pronunciamientos en torno a las investigaciones contra miembros de la policía señalados de cometer abusos y hasta delitos en medio de las protestas, tal como lo muestran cientos de videos que circulan por redes sociales.

Para empeorar su incomodidad ante la opinión pública, la Procuraduría fue el último ente de control en mostrar acciones concretas contra los atropellos a manifestantes. Mientras la Fiscalía y Defensoría del Pueblo anunciaban investigaciones, denuncias y balances en torno a los presuntos abusos de la fuerza pública, la Procuraduría advertía de sanciones a los alcaldes y gobernadores en el marco del paro nacional.

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Finalmente, y luego de dos semanas de protestas, la procuradora Cabello se refirió en detalle a los procesos contra los policías por presuntas violaciones a los derechos humanos y habló de 71 acciones disciplinarias, de las cuales 20 son investigaciones con poder preferente y 50 en etapa de indagación preliminar.

Los funcionarios procesados

En total, la Procuraduría adelanta nueve acciones disciplinarias contra funcionarios, de los cuales ocho son de elección popular. Siete son indagaciones preliminares contra el gobernador del Magdalena, el alcalde de Cartagena, el alcalde de Pereira, el alcalde de Villavicencio, una concejala de La Tebaida (Quindío) y un concejal del Guarne (Antioquia), además del gerente del hospital San Joaquín del municipio de Nariño, Antioquia.

De otro lado, los investigados son los alcaldes de Zipaquirá (Cundinamarca) y Paipa (Boyacá).

De los ocho funcionarios de elección popular procesados, cinco de ellos pertenecen a partidos de izquierda o alianzas de centro e independientes (Verde, Polo, MAIS, Colombia Humana, Colombia Renaciente, Fuerza Ciudadana y Salvemos a Cartagena), uno es liberal con respaldo conservador y dos son del Centro Democrático.

Diario Criterio realizó un pequeño resumen de estos funcionarios, su perfil político y la actuación que motivó la lupa de la Procuraduría. Esto fue lo que encontramos. Juzguen ustedes.

Wilson García Fajardo, alcalde de Zipaquirá (Cundinamarca): Alianza Verde

Al mandatario de ese municipio básicamente lo investigan por hablar de más. Y lo hizo durante un encuentro con los camioneros y protestantes que tenían bloqueadas las vías de acceso al municipio. En ese diálogo, soltó la frase que hoy lo tiene en aprietos con la Procuraduría:

“Hoy vengo también a pedirles el respaldo a quienes nos están ayudando con los bloqueos, por favor, las vías internas no. Sigamos con nuestro objetivo del paro nacional frente al Distrito, pero no le hagamos daño a nuestro pueblo en la ciudad de Zipaquirá. Es tan simple como eso”.

Fabio Alberto Medrano Reyes, alcalde de Paipa (Boyacá): Alianza Verde

Al alcalde de Paipa lo investigan por marchar y apoyar el paro nacional. Al menos eso es lo que se desprende del comunicado oficial que publicó la Procuraduría, cuando hizo el anuncio sobre la apertura de este proceso disciplinario, “(…) por manifestaciones con ocasión de las jornadas de protesta del pasado 5 de mayo de 2021”.

“entre las pruebas en el proceso figuran varios videos publicados en redes sociales, y que fueron retomados por algunos medios de comunicación”.

Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena: Fuerza Ciudadana (centro-izquierda)

Una situación similar le sucede al gobernador de Magdalena, quien sin pelos en la lengua criticó la reforma tributaria que pretendía hacer aprobar el Gobierno Duque e invitó a las marchas del paro nacional, tal como se aprecia en videos y fotos.

William Dau, alcalde de Cartagena: grupo significativo de ciudadanos Salvemos a Cartagena

En la misma línea de los anteriores mandatarios surge la investigación contra el alcalde de Cartagena, quien no ocultó su indignación contra la reforma tributaria que se pretendía tramitar: “Al pueblo no se le puede castigar y si a alguien le van a cobrar impuestos, que sea a los más pudientes”.

Carlos Maya, alcalde de Pereira: coalición partidos Liberal y Conservador

El caso del alcalde de Pereira es un poco más complejo y elaborado, porque en redes sociales contradictores políticos le atribuyen cierto grado de responsabilidad en la muerte del activista Lucas Villa.

Al mandatario le enrostran que, un día antes del hecho, pidió conformar un frente común de seguridad para evitar nuevos bloqueos y actos vandálicos como los que se presentaron durante las protestas días atrás en la capital de Risaralda.

Al respecto, la Procuraduría dijo que verifica las declaraciones del alcalde de Pereira, Carlos Maya López, “en el marco de un consejo extraordinario de seguridad que se adelantó el pasado 2 mayo, con ocasión de las jornadas de protesta, a efectos de determinar si procede dar curso a la acción disciplinaria”.

Por su parte, Maya le respondió a Diario Criterio: “Esta investigación como otras, no me molesta y estoy seguro que podré demostrar que he actuado en concordancia con la ley para proteger el patrimonio público y privado de terceros. Pedir apoyo de las empresas de vigilancia con los gremios para que al lado de la policía y el ejército podamos garantizar la seguridad ciudadana no es un delito ni tampoco se constituye en motivar a crear grupos paramilitares. De hecho, esa idea está en mi programa de gobierno inscrito a la Registraduría y está en el Plan de Desarrollo”.

Juan Felipe Harman Ortiz, alcalde de Villavicencio: Somos Alternativa

El joven alcalde de Villavicencio se metió en líos con la Procuraduría por sus publicaciones en Twitter, específicamente por trinos que publicó el 2 y 3 de mayo.

“No vamos a pedir asistencia militar en Villavicencio para atender movilizaciones sociales. Le pedimos Presidente @IvanDuque desde esta ciudad que abra espacio al diálogo social y suspenda el tránsito de la Reforma Tributaria”.

“Los conflictos sociales no se resuelven militarmente”.

Y en este otro felicita a los jóvenes que protestan, por la caída del ministro Carrasquilla.

Fanny Flórez Jiménez, concejala de La Tebaida: Centro Democrático

Esta concejala del Centro Democrático está en líos porque en redes sociales circuló un video, aparentemente con su voz, en medio de actos vandálicos. Si bien no se ve a la servidora participando en los hechos violentos, se escucha una voz decir a los manifestantes que “al comercio no” lo vandalicen, pero cuando atacan la sede de la alcaldía, no dice nada.

Aunque ella posteriormente emitió un comunicado aclarando que rechaza los actos vandálicos, la Procuraduría le abrió una indagación preliminar.

John Salazar, concejal del municipio de Guarne: Alianza Verde

Este joven concejal del municipio de Guarne, Antioquia, también podría ser reprendido por sus opiniones en redes sociales a favor del paro nacional y por invitar a marchar a la comunidad de su municipio.

Felipe Cadavid, gerente de la ESE Hospital San Joaquín de Nariño, Antioquia

Cadavid, el único funcionario que no es de elección popular que aparece en las acciones de la Procuraduría, fue candidato al Concejo por el Centro Democrático.

Resulta que el gerente hizo un polémico comentario en el portal web de un medio de comunicación, en torno a Lucas Villa, quien recibió ocho impactos de bala mientras protestaba en el viaducto de Pereira.

“Llevaba 17 años estudiando, mmm era un gamín más que va a la universidad solo a dar lidia y crear células para acabar con todo. Bien muerto” (sic), dijo el gerente, que luego publicó un comunicado para aclarar su error, pero terminó por encender aún más las redes sociales.

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