Cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, ¿justicia o populismo punitivo?

El presidente Duque ya sancionó la ley que reglamenta la cadena perpetua. Pese al apoyo que ha recibido, la nueva ley que empieza a operar de forma inmediata tiene sus peros.

El pasado 15 de junio el Congreso aprobó la ley que reglamenta la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños, y hoy, con la firma del presidente Iván Duque, esta ley se hace realidad.

El camino para llegar a la cadena perpetua

En junio de 2020 el Senado aprobó la reforma constitucional (o acto legislativo) que modificó el artículo 34 de la Constitución para así suprimir la prohibición de la pena de prisión perpetua. Sin embargo, faltaba algo: una ley que reglamentara la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad.

Esa ley es la que se aprobó el pasado 15 de junio y que sancionó el presidente Duque este martes.

Sus defensores argumentan que esta es una forma de proteger a los niños, por el carácter persuasivo de una condena perpetua. Por el contrario, los detractores dicen que es inconstitucional, cuestionan su efectividad y la consideran populismo punitivo.

En conversación con Diario Criterio, César Lorduy, representante a la Cámara de Cambio Radical, afirmó que el mayor esfuerzo para proteger a los niños, niñas y adolescentes de este delito fue, en efecto, hacerle ese cambio en la Constitución.

Según las cifras presentadas por el congresista, entre 2015 y 2020 cerca de 120.000 niños y niñas fueron víctimas de violencia sexual, en su mayoría niñas: “Trece niñas diarias y aproximadamente una niña cada dos horas, ese es el océano de dolor y lágrimas con el que vive Colombia”.

Aún así, considera que podrían ser más, teniendo en cuenta que muchos casos ocurren en el entorno familiar y no son denunciados. El último caso que conmocionó al país es el del presunto abuso sexual de 14 niños en un centro infantil en Medellín.

Los detalles de la ley de cadena perpetua

La ley reglamenta la prisión perpetua revisable y reforma el Código Penal, el código de procedimiento penal y el código penitenciario y carcelario. Entre otras cosas, supone que el sistema de cuartos, usado para definir la gravedad de la pena, no se aplicará a estos delitos y tampoco habrá lugar a los beneficios de la libertad condicional. 

Lorduy explica que la prisión perpetua será revisable a los 25 años, y habrá lugar cuando la persona privada de la libertad cumpla con ciertas condiciones, fundamentalmente, buena conducta y que los análisis psiquiátricos muestren que tendrá un comportamiento adecuado en la sociedad: “Si el delincuente es beneficiado, saldrá cuando cumpla la pena máxima del delito que haya cometido. Si la evaluación no lo permite, la prisión perpetua será objeto de revisión cada cierto tiempo”. 

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Cadena perpetua, ¿populismo punitivo?

Pese a la popularidad de la ley, quedan varios cuestionamientos. Daniela Yepes García, abogada y coordinadora de la clínica jurídica Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, le dijo a Diario Criterio que el acto legislativo que modificó la Constitución para permitir la cadena perpetua tiene varias demandas de inconstitucionalidad ante la Corte: “Se alega, entre otras cosas, que contraría el espíritu de la Constitución de 1991 y que va en contra de las obligaciones internacionales del Estado colombiano”.

En esto coincide Andrés Felipe Caballero, abogado penalista, quien asegura que desde el punto de vista jurídico la cadena perpetua es inaplicable: “El Congreso, al ser un constituyente derivado no originario como el de 1991, solo puede reformar la Constitución, pero al aprobar la prisión perpetua rompe varios ejes axiales”.

Caballero agrega que la pena debe estar íntimamente relacionada con el modelo de Estado: “Colombia es un Estado de derecho y la pena debería responder al modelo que implica la resocialización”. Por eso, asegura que el Congreso carece de la competencia para aprobar e implementar la prisión perpetua, por lo tanto, el procedimiento sería inválido. 

Aunque se radicaron proposiciones de archivo, el apoyo a la prisión perpetua siguió con el mismo aliento que en el primer semestre de 2020. La última la realizaron Juan Carlos Losada y Ángela María Robledo, quienes señalaron que las penas no son efectivas para reducir las violaciones y homicidios. Esto no tuvo mayor efecto y el proyecto pasó a cuarto debate, donde también fue aprobado sin mayor dificultad.

Yepes García, que se dedica al estudio de los derechos constitucionales y del sistema interamericano de derechos humanos, manifiesta que el espíritu de la Constitución y la normativa penal conciben la pena más allá de la sanción, ya que se plantea la rehabilitación de las personas que cometen delitos, y la finalidad es reintegrarlas a la sociedad. Por lo tanto, la prisión perpetua -para la abogada- contradice el deber ser de la pena, pues implica “asumir que la persona no tiene posibilidad de reintegrarse a la sociedad”. 

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Como explica Yepes, lo que plantea el sistema internacional de derechos humanos respecto a la no progresividad en la pena de muerte podría aplicarse a la cadena perpetua: “La norma dice que si el Estado ya la tiene, el esfuerzo debe estar en reducirla (no ampliar los delitos aplicables), y que si no la tiene, no la implemente”. La argumentación se concentra en que las sentencias de la Corte Interamericana señalan que la pena de muerte constituye una forma regresiva de entender la finalidad de la pena, lo que también ocurriría con la cadena perpetua.  

Para Yepes, además, se estaría desconociendo el principio de la dignidad humana y los pronunciamientos del comité contra la tortura de la ONU: “Allí se indicó que someter a cadena perpetua a una persona podría considerarse tortura por el sufrimiento psicológico que implica saber que estará encerrada por siempre”. 

Del mismo modo, asegura que en otros países se ha demostrado que es inútil aumentar las penas para reducir el delito, y destaca los altos índices de impunidad en el país y el encarcelamiento de personas inocentes. Desde su análisis, hay otros factores que deberían replantear la medida, como el índice de hacinamiento carcelario y la situación de cosas inconstitucionales que la Corte Constitucional ha declarado sobre el sistema penitenciario en Colombia: 

 “No solo hay más personas de las que debería en las cárceles, sino que viven en condiciones en las que se violentan sus derechos fundamentales, sin acceso a salud, saneamiento, sometidos a las mafias, etc”. 

Frente a esto, el representante Lorduy dice que las investigaciones realizadas en otros países demuestran que el delito no desaparece, pero sí disminuye: “Ninguna pena elimina un delito, la función es pedagógica, de advertencia, que la persona lo piense y sepa que si comete ese hecho le espera la prisión perpetua”.

También advierte que hay que trabajar en varios sentidos. Desde su punto de vista, la impunidad es producto de la acumulación de procesos y el problema del hacinamiento se debe a la gran cantidad de personas detenidas a las que no se les ha resuelto la situación jurídica, que son el 40 por ciento de las personas privadas de la libertad en cárceles, estima Lorduy. 

La abogada sostiene que estos delitos atañen a otra serie de causas que no se van a resolver con la cadena perpetua: “Las medidas que atienden al populismo punitivo dan una falsa sensación de mejorar la situación, pero es una ilusión”.

La pregunta, según Yepes García, debería ser por qué en Colombia los niños son violentados sexualmente, en la mayoría de los casos en sus hogares. Este cuestionamiento se articula con las necesidades de enseñar educación sexual, prevenir el abuso y brindar apoyo a personas que podrían violar niños antes de que lo hagan. 

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El congresista reconoce esas alternativas, pero dice que la ley no es excluyente. Por el contrario, señala que pone en el foco el punto de vista penitenciario. “Este tipo de delitos estaba recibiendo el mismo tratamiento benévolo para beneficiar un delincuente que atente contra el patrimonio”. 

Yepes García concluye que, aunque los promotores advirtieron los riesgos en términos de derechos humanos y la falta de efectividad de la medida, “se siguió adelante por intereses políticos porque nadie va a decir que está en contra de que encarcelen a un violador”.

Nota: Este artículo fue actualizado el 6 de julio a las 11:42 a.m.

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