Los reveses de Luis Alfredo Ramos que ponen en riesgo su carrera política

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero a siete años y once meses de prisión y lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. Ramos, además, deberá pagar una multa de 7.749,65 salarios mínimos.

Para el alto tribunal, Ramos es responsable del delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales. Sin embargo, el exmandatario departamental aún no tendrá que ir a la cárcel ni será sometido a prisión domiciliaria. Es decir, estará en libertad hasta que la sentencia quede en firme. Ramos, por su parte, ya anunció que apelará la decisión y su caso se resolverá en segunda instancia en la Sala Penal de la Corte Suprema.

Se trata del segundo golpe que recibe Luis Alfredo Ramos en menos de un mes. El pasado 6 de septiembre, la Contraloría General lo halló responsable fiscal —junto a otras 25 personas y empresas— por el descalabro de Hidroituango.

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Las dos decisiones (la de la Contraloría y la de la Corte Suprema), aunque son de primera instancia, torpedean cualquier aspiración política de Ramos, quien ha sonado incluso para ser candidato presidencial.

El caso de Luis Alfredo Ramos en la Corte Suprema de Justicia

Ramos fue senador entre 2002 y 2006 y gobernador de Antioquia entre enero de 2008 y diciembre de 2011. Precisamente, en febrero de 2011, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación preliminar por presuntos nexos con miembros de las autodefensas.

En agosto de 2013, cuando ya era precandidato presidencial, el alto tribunal ordenó su captura. Ramos estuvo en prisión hasta finales de noviembre de 2016, cuando la Corte Suprema lo benefició con libertad provisional mientras se dictaba sentencia en su contra.

En este tiempo también sucedió algo que ahora, de cierta forma, podría jugar a favor de Ramos: la creación de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, que empezó a funcionar en julio de 2018. Antes de la existencia de ese organismo, las sentencias de la Sala de Casación Penal del alto tribunal contra aforados (ministros, gobernadores y congresistas) no podían apelarse, pues se emitían en una única instancia.

Así las cosas, el expediente de Ramos pasó a la nueva Sala Especial, que fue la que emitió la condena en su contra.

Para el alto tribunal, el exmandatario departamental llegó a acuerdos “con comandantes de grupos de autodefensa para recibir apoyo económico” y “votos en las campañas” al Senado y la Gobernación de Antioquia, a cambio de una serie de compromisos. Por ejemplo, dice la corte, Ramos intentó hacer que la Ley de Justicia y Paz, tramitada en 2005, “fuera más benévola para los aludidos grupos ilegales”.

(…) la Ley de Justicia y Paz efectivamente contribuyó a las pretensiones de las AUC, pero la Corte Constitución el 18 de mayo de 2006 tumbó la sedición”, dice la sentencia.

Luis Alfredo Ramos, por su parte, asegura que es inocente y que su caso se construyó con base en testimonios de falsos testigos. Ramos también cita el salvamento de voto de la sentencia en su contra, a la que llama arbitraria: “Como muy claramente lo manifestó el salvamento de voto presentado por uno de los tres magistrados que hacen parte de la Sala de Primera Instancia, ‘el proceso debe ser absuelto bajo el entendido de que en nuestro ordenamiento jurídico penal se sanciona a la persona por sus actos y no por ser quien'”.

El caso de Hidroituango

Para la Contraloría, Ramos tenía la responsabilidad de sus “agentes”, sobre todo por el gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), que representaba los intereses del departamento en la junta del proyecto de Hidroituango.

“El señor Ramos en su condición de gobernador estaba en el deber de informarse y actuar frente a las situaciones presentadas en el proyecto Hidroituango, a través del ejercicio del control de tutela, máxime cuando en ella se invirtieron recursos públicos”, señala la decisión.

A Ramos, entonces, le resultaba “elemental estar plenamente informado de un proyecto de especial importancia para el país y el departamento de Antioquia que por su magnitud no podía ser comparado con cualquier otro proyecto exigiendo de él un deber positivo de conducta de fijar posición contundente frente al desarrollo del proyecto”.

El exgobernador también es responsable por firmar, como testigo, el contrato de construcción, operación y mantenimiento del proyecto de Hidroituango, por lo que estaba informado de las salvedades consagradas por EPM.

Cuando se conoció el fallo de la Contralaloría, Ramos respondió que si bien durante su gobernación participó en la creación de la sociedad de Hidroituango, no participó en “el desarrollo y ejecución de las distintas etapas del proyecto”.

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