El machismo en la política, un debate que debemos abordar

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A pesar de estar en cargos de poder, las mujeres en Colombia sufren ataques misóginos y machistas al ejercer la política. Las organizaciones son claras en señalar que a este debate no se le ha dado el lugar que merece, lo que a su vez perpetúa este tipo de conductas que desincentivan la participación de las mujeres en espacios que históricamente les han sido negados. 

Las redes sociales se han convertido en uno de los escenarios predilectos para el debate político. Sin embargo, también se han configurado como un escenario de violencia simbólica. En este contexto, las mujeres en cargos de elección popular o servidoras públicas son atacadas con comentarios misóginos. Quizá lo más grave de eso es que no se cuestiona el contenido de estos mensajes, por el contrario, se vuelven tendencia, circulan memes cuyo “humor” está cargado de machismo.

Si bien es común que, a través de Twitter o Facebook, grupos de personas promuevan ataques contra figuras de la política nacional, lo cierto es que los argumentos contra las mujeres están cargados de estereotipos y de violencia.

Uno de los casos más recientes es el de la congresista Jennifer Arias, elegida como presidenta de la Cámara de Representantes. Sobre ella pesan varias acusaciones sobre presuntas relaciones con empresas o personas vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, hace unos días el discurso en redes sociales se fue por otro lado.

En esa ocasión, la Fundación Feminicidios Colombia hizo un llamado a los partidos políticos, medios de comunicación y a la sociedad en general, invitándolos a evaluar la forma en la que están actuando contra las mujeres que ejercen política. La directora de la organización, Yamile Roncancio, condenó los ataques “misóginos y machistas” que sufrió la congresista.

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“Luego de que se publicaron unas fotos de las cuales no conocemos el año en el que se tomaron, donde se le observa de una manera hipersexualizada y con el manejo de un arma que aparentemente es de juguete; la pregunta es si los hombres que también ejercen funciones públicas o están en cargos de elección popular, son juzgados de la misma manera que las mujeres. ¿A los hombres también se les impone un tipo de conducta basada en la moral y en la religiosidad, en la categorización de las buenas y malas mujeres?, la verdad es que no”, dijo Roncancio.

La directora expresó que una vida libre de violencia es fundamental para que las mujeres puedan ejercer política y las niñas y adolescentes que deseen hacerlo tengan la posibilidad. Además, dijo que las críticas contra las mujeres que ejercen estos cargos deben estar enfocadas en su función y no en sus decisiones pasadas o en cómo se espera que ellas hayan sido o deban ser.

Un panorama del machismo en la política

El estudio titulado Balance de la Igualdad de Género en Colombia: un Panorama de Dejusticia, de la Universidad de los Andes y la organización Gender Justice y Security, presenta la situación de la mujer en la sociedad colombiana, en la política y en la economía, en medio del conflicto armado y la construcción de paz.

El informe señala que, aunque durante décadas la mujer ha desempeñado un rol en la política formal y para fomentar su participación se han instaurado cuotas de género, “siguen existiendo brechas significativas en el grado de inclusión de la mujer en procesos políticos y en la atención que la política pública ha prestado a sus necesidades”.

En otras palabras, aunque las mujeres son el 51,2 por ciento de la población, solo representan el 12 por ciento de las alcaldías y concejos, el 16 por ciento de las gobernaciones y el 19,7 por ciento del Congreso de la República. Esta última cifra por debajo, en 11 puntos porcentuales, del promedio regional de las Américas de mujeres en Parlamentos.

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Un proyecto de la senadora Nadia Blel Scaff también aborda el tema. Alrededor del 63 por ciento de las mujeres que ostentan cargos de elección popular han sufrido conductas relacionadas con la violencia política, según la encuesta de percepción Mujeres Electas 2012 – 2015, del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria.

Los actos más comunes son la restricción en el uso de la palabra (23,8 por ciento), seguido de la ocultación de recursos financieros o administrativos durante la gestión (22,31 por ciento).

“De las mujeres encuestadas en cargos plurinominales, el 47 por ciento reportaron que la mayor parte de los perpetradores eran colegas de la corporación a la que pertenecían, el 34 por ciento reportó que eran miembros de su propio partido, el 32,9 por ciento afirmó que fueron servidores públicos, y el 31,87 por ciento fueron víctimas de actos por parte de ciudadanos”, dice el instituto.

Asimismo, entre las alcaldesas encuestadas, el 43,7 por ciento dijo que le faltaron al respeto, el mismo porcentaje señaló que cuestionaron sus capacidades para ejercer su labor, fueron llamadas por apelativos y recibieron amenazas.

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No es un problema de cuotas

El primer informe citado señala que, si bien las mujeres votan más que los hombres, esto no se traduce en representación política. En las elecciones parlamentarias de 2018, votaron el 51,7 por ciento de las mujeres registradas. En cambio, del total de hombres habilitados para votar, solo el 44,9 por ciento ejerció el derecho.

Sin embargo, tanto el número de candidatos como de congresistas hombres elegidos superó notablemente al de las mujeres. En dichas elecciones se presentaron 1.157 candidatos hombres y 636 candidatas a la Cámara de Representantes. Para el Senado, los candidatos fueron 637 candidatos y las candidatas 308.

Finalmente, en la Cámara fueron elegidas 31 mujeres, frente a 139 hombres. En el Senado se eligieron 25 mujeres y 82 hombres. Esta situación se repite en elecciones a alcaldías, gobernaciones y consejos. “Las mujeres se ven subrepresentadas en estos roles, una tendencia que parece mantenerse constante”, señala el informe. 

Para atender este problema, desde el Congreso se han diseñado varias leyes que buscan aumentar la representatividad de las mujeres a través de cuotas de género. Sin embargo, dichas cuotas han sido entendidas como un techo y no como un mínimo. Lo que indica que estas iniciativas son insuficientes para garantizar la participación de las mujeres y eso, sin tener en cuenta que quienes ya están en los cargos son víctimas de violencia simbólica.

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¿Agenda desconectada?

Según una encuesta realizada por el DANE, publicada en noviembre de 2019, solo el 29,2 por ciento de las mujeres consideran que sus derechos están protegidos y garantizados.

Entre 2014 y 2018, al Congreso llegaron 46 iniciativas que tuvieron relación con temas de género. De estas, sólo el 9 por ciento se convirtieron en ley. En total, el 78 por ciento de los proyectos fueron archivados.

Hasta julio de 2020, de las iniciativas relacionadas con género el 68 por ciento estaban en curso, el 18 por ciento archivados, nueve por ciento retirados y 5 por ciento acumulados. Participación política, trabajo y educación son los temas más recurrentes en las agenda legislativa.

Una propuesta contra el machismo en la política

La senadora Nidia Blel presentó, con el apoyo de varias congresistas, un proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en espacios políticos. Ella argumenta, con cifras contundentes, que las mujeres son violentadas con frecuencia en la política.

El objetivo de esta iniciativa es proteger a las precandidatas, candidatas, electas, lideresas y servidoras públicas en los máximos niveles decisorios, partidos y movimientos políticos.

La iniciativa entiende la violencia contra la mujer en la vida política como la acción u omisión que, “en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político- electorales de una mujer (…)”.

Se trata de una violencia que se manifiesta por medio de “presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género”. Si se aprueba, el Gobierno (a través de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, secretarías municipales y distritales de la mujer y otras instancias) deberá diseñar políticas y programas para promover el derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia.

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Se incluye la formación de liderazgos políticos, estrategias de prevención, diseño de protocolos, entre otras. Estos programas serían implementados y monitoreados por el Ministerio del Interior.

El proyecto también involucra a las autoridades electorales. El Consejo Nacional Electoral regularía las medidas de prevención de este tipo de violencia. Además, establecería un protocolo interno que identifique dependencias responsables, medidas correctivas y proceso sancionatorio.

Esta institución velaría por las medidas que también tendrían que establecer los partidos políticos para prevención, sanción y erradicación y aplicará las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

Los partidos y movimientos políticos, asimismo, deberán rechazar y sancionar cualquier expresión que implique violencia contra las mujeres en la vida política. Promover la participación política paritaria e impulsar programas especializados de capacitación sobre derecho electoral con perspectiva de género, serían otras de sus obligaciones.

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Este panorama demuestra que las leyes y las cuotas, aunque necesarias, no son suficientes para promover la participación efectiva de las mujeres en política. Es urgente fomentar el acceso a los cargos de manera efectiva, con financiación y en igualdad de condiciones. Además, también es fundamental asegurar una campaña y ejercicio político sin violencia machista.

Las agresiones en redes sociales son una muestra de las violencias a las que todos los días son sometidas las mujeres en el país. Lo más grave es que se sigue considerando algo menor y los comentarios misóginos terminan avalados por un gran número de usuarios en un discurso que perpetúa el maltrato.