Sacar de las cárceles a las madres cabeza de familia, un debate necesario

Actualmente hay un proyecto de ley que plantea sustituir las penas carcelarias de mujeres que cometieron delitos leves y que están encargadas del cuidado de su familia. Aunque el presidente Iván Duque objetó la iniciativa, el Congreso se negó y dejó todo en manos de la Corte Constitucional. ¿De qué se trata?

A finales de junio de este año, el Congreso se puso de acuerdo para sacar adelante un proyecto de ley que implementa acciones afirmativas a favor de las mujeres madres cabeza de familia privadas de la libertad. La idea principal de la iniciativa es buscar alternativas a la cárcel para que estas mujeres retomen el cuidado de sus hogares mientras aportan a la sociedad.

El proyecto recibió buenas críticas y pasó a sanción presidencial con apoyo casi unánime en ambas cámaras. Sin embargo, el 19 de julio el presidente Iván Duque se opuso a éste y presentó varias objeciones. El ejecutivo señaló que, si bien estaba de acuerdo con la propuesta en general, rechazaba que se beneficiara a mujeres que cometieron delitos como el hurto y el tráfico de drogas.

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Asimismo, el Gobierno señaló que se debería incluir en el proyecto a los padres de familia. Para el senador Rodrigo Lara y la representante Juanita Goebertus, autores de la propuesta, atender objeciones como la de la droga dejaría sin efecto la medida, pues un 90 por ciento de las beneficiadas cometieron este delito y la mayoría no son narcotraficantes sino simples expendedoras o, muchas veces, víctimas de grandes redes de delincuencia.

En cuanto al tema de los padres de familia, la representante Goebertus asegura que la ley tiene un enfoque de género, pues son las mujeres las que usualmente asumen el cuidado de los hijos. “Es muy probable que la desestructuración familiar y los efectos adversos en los hijos que provoca el encarcelamiento de la madre sean más intensos”, señala un estudio de la Universidad Javeriana citado por Goebertus.

Lara y Goebertus presentaron una proposición ante el Senado y la Cámara para dejar sin efecto las objeciones de Duque, la cual fue apoyada mayoritariamente. Ahora, será la Corte Constitucional la que defina el futuro de esta ley y, por ende, el de las mujeres privadas de la libertad madres cabeza de hogar.

Esta discusión va más allá del debate entre Congreso y el Gobierno. Desde hace varios años, la academia viene llamando la atención sobre el incremento de la discriminación y la desigualdad para las mujeres que van presas por ciertos delitos. “La búsqueda de medidas alternativas al encarcelamiento resulta entonces una deuda pendiente para la garantía de los derechos humanos en Colombia”, dice un informe de Dejusticia.

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Los argumentos a favor del proyecto

Para los defensores de esta iniciativa, el propósito principal es solucionar el problema de la doble victimización de las mujeres. “La mayoría de las reclusas en el país son mujeres cabeza de familia que están pagando penas por cultivo y procesamiento de base de coca, han tenido que aventurarse a trabajar como mulas o han sido detenidas por delitos no violentos y que no ponen en riesgo la seguridad ciudadana”, aseguran los autores.

A esto suma los problemas que la Corte Constitucional encontró en la política criminal del país, que fue calificada en la sentencia T-388 de 2013 como “reactiva, tendiente al populismo punitivo, poco reflexiva frente a las especificidades del contexto nacional, subordinada a la política de seguridad y débil e incoherente”.

Como complemento, un estudio de la Universidad Javeriana, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) señala que la mayoría de las mujeres presas en Colombia están en edad productiva y reproductiva. Además, el 66,9 por ciento pertenecen a estratos socioeconómicos bajos.

La investigación asegura que el encarcelamiento de las madres cabeza de familia termina en la desintegración de la familia, por problemas psicológicos, económicos, entre otros. “Se ha comprobado una correlación entre el inicio prematuro del consumo de alcohol y de drogas por parte de los hijos de 12 a 18 años, después de la detención de las madres”.

Por último, el estudio señala que un 79,1 por ciento de las madres en prisión manifestó que sus hijos -entre 4 y 18 años- desmejoró el rendimiento escolar tras la detención. Incluso, un 38,7 por ciento dijo que sus hijos mayores abandonaron el colegio para trabajar y un 18,8 por ciento aseguró que dejaron de estudiar para cuidar a sus hermanos menores.

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Hasta el momento, el proyecto planea que las madres cabeza de familia beneficiadas sean quienes cometieron los siguientes delitos: hurto simple, agravado, calificado; conservación o financiación de plantaciones, tráfico, fabricación o porte; destinación ilícita de inmuebles; concierto para delinquir relacionado con estos delitos y delitos con una pena igual o menor a ocho años de prisión.

“Las medidas alternativas al encarcelamiento no solo alivian la vulneración de derechos fundamentales en el sistema penitenciario y carcelario producto del hacinamiento, sino que también tienen un impacto positivo en la prevención de la reincidencia y en asegurar la resocialización de las personas beneficiadas”, dice sobre el tema Dejusticia.

Un cambio en la política criminal

Esta iniciativa, como ya se mencionó, reavivó varias de las críticas a la política criminal del país, entre las que están varias de la Corte Constitucional. Este tribunal considera que, además de ser una política débil e incoherente, carece de un enfoque de género. La corte ha dicho que desde el solo hecho de tener cárceles en mal estado se convierte en una “violación intensa” a la dignidad humana de las mujeres.

Por esta razón, el tribunal declaró sujetos de especial protección constitucional a las mujeres privadas de libertad. Por ejemplo, la Corte señala que uno de los errores en la política pública son los mecanismos de resocialización: “muchas de las actividades laborales no tienen en cuenta los oficios y labores que también suelen desarrollar las mujeres”.

Todos estos argumentos se reúnen bajo una tendencia que propone orientar la política criminal hacia la prevención. Sobre esto, la Corte Constitucional señala que dicha política “debe respetar el principio de la libertad personal, buscar como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados y comprobar que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad sean excepcionales”.

En mayo de 2015, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó el Conpes 3828, con el fin de atender los problemas en la política penitenciaria. El documento señala que desde el 2000 se han invertido 3,5 de pesos billones en construir y adecuar cárceles, pero el hacinamiento sigue por encima del 50 por ciento.

Esta situación evidencia otra falla en el enfoque de la política que se suma a lo que algunos expertos llaman expansión excesiva del derecho penal. Se trata de una falta de armonía entre la creación de normas en esta materia y la capacidad penitenciaria, lo que dispara las tasas de hacinamiento y, por ende, los problemas sociales en las cárceles.

A pesar de todas estas disposiciones, el Estado está en deuda de realizar los cambios a la política criminal y, además, crear una nueva política pública que privilegie el empleo y la formación de las madres cabeza de familia que han terminado en la criminalidad, precisamente, por la vulnerabilidad social, la cual se repite y crece cuando llegan a las cárceles.

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