Así son las cosas

César TorresCésar Torres

El pasado miércoles 10 de mayo, empezó la audiencia única de verdad mediante la cual se define el ingreso de Salvatore Mancuso Gómez a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se han hecho dos de las cuatro sesiones que conforman esa audiencia.

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Según se informa en la página oficial de dicha jurisdicción, este excomandante paramilitar se podrá someter a la JEP si entrega “información verídica y constatable de con quiénes se relacionó en los altos mandos de la fuerza pública y de otras entidades del Estado, que no hayan sido judicializados, para planear, ejecutar y ocultar los crímenes (…)”.

Se espera que Mancuso Gómez aporte verdades acerca de las siguientes cuatro estrategias usadas por los paramilitares para obtener y consolidar el control territorial: las Convivir como fachada del accionar paramilitar; las operaciones conjuntas entre paramilitares y fuerza pública; las alianzas entre funcionarios, civiles, paramilitares y fuerza pública; y la filtración de información del Departamento Administrativo de Seguridsd (DAS) con fines contrainsurgentes. 

Cada uno de los días durante los que se lleva a cabo esta audiencia se dedica exclusivamente a una de las estrategias.

Mancuso ya habló y dio información sobre las relaciones que los paramilitares tuvieron con las Convivir y acerca de las actividades criminales que el grupo delictivo ejecutó en compañía de las fuerzas armadas.

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Mucho de lo que él ha dicho ya se sabía gracias a confesiones de otros delincuentes o por investigaciones como las de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia; o la que de representante a la Cámara Gustavo Petro presentó públicamente. 

Acerca de las relaciones entre los grupos paramilitares y las cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria o Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada (las famosas Convivir, creadas durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, siendo Rafael Pardo Rueda ministro de Defensa), Mancuso dijo que, efectivamente, mediante esas cooperativas de seguridad, los paramilitares recaudaron dinero y armas.

El dinero les fue donado, tanto por empresas que hacen parte de los cuatro grandes grupos económicos que hay en Colombia, así como más de 200 empresas bananeras con sede en Urabá. El armamento les fue entregado por las propias Fuerzas Armadas.

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“Yo fui a Indumil Bogotá a recibir el armamento de la Convivir Horizonte”, precisó.

Sobre las acciones criminales cometidas por los paramilitares —en coordinación con las fuerzas del Estado—, este exjefe paramilitar, acusado de dirigir 139 masacres, afirmó que él fue “(…) reclutado, armado, entrenado, por las Fuerzas Armadas”. Que portaba un carnet del Ejército Nacional, entregado por la Brigada XI y que comandó “un grupo especial del cual hacían parte miembros del Ejército y policía para matar civiles que señalaban de guerrilleros”.

Concluyó diciendo que no hubo un solo comandante militar de las zonas en las que Mancuso realizó su actividad delincuencial que no colaborara con él.

Todos lo hicieron, dijo. 

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Dio ejemplos de asesinatos cometidos por los paramilitares con la ayuda o la dirección de militares a los que mencionó con nombres, apellidos, grado, cargo que tenían al momento de cometer los delitos y la respectiva acción criminal realizada por cada uno de ellos.

Aunque no era el objetivo de estas primeras sesiones, Mancuso también dio nombres propios de dirigentes políticos y de empresas y empresarios que apoyaron a los paramilitares, les facilitaron su accionar criminal o les pidieron –directamente— que mataran a determinadas personas. 

En su declaración ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, dejó sin profundizar las respuestas a dos interrogantes importantes: quién era el enemigo realmente combatido por estos criminales, y quiénes y cómo enfrentaron la arremetida paramilitar narrada por Mancuso.

Sobre el primero, la declaración de Mancuso nos permite entender que la actividad contrainsurgente del Estado dejó de guiarse por las leyes nacionales e internacionales vigentes y convirtió a muchos de sus agentes en verdaderos delincuentes que actuaron en coordinación con las bandas paramilitares y, a veces, en subordinación de ellas. 

Por eso, hubo agentes estatales que hicieron sugerencias, impartieron órdenes o fueron ejecutores de asesinatos cometidos por paramilitares.

Como dice Erna Von Der Walde, “el conflicto transmutó en terror de estado. El Estado comisiona los crímenes y ordena su encubrimiento”.

Muchos de esos crímenes fueron cometidos contra personas que ejercían un liderazgo social o se oponían a grandes proyectos económicos que afectan negativamente un territorio; otras eran dirigentes o activistas políticos de partidos que se oponían a los gobiernos de entonces; y contra otras, cuyo delito fue ser propietarias de tierras deseadas por empresarios, políticos, militares o jefes paramilitares.

La guerra del régimen, del que los paramilitares son su brazo armado, no es contra la insurgencia. Es contra la nación.

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La hicieron y la siguen haciendo en coordinación con personas vinculadas a la fuerza pública. “Así pasó el pueblo colombiano a ser el enemigo interno”, afirma Von Der Walde.

Sobre la segunda pregunta (quién o quiénes enfrentaron la arremetida militar desplegada por los paramilitares y la fuerza pública contra la población civil), Mancuso afirma que las denuncias y las movilizaciones convocadas por las organizaciones sociales y las de defensa de los derechos humanos los obligaron a disminuir su accionar criminal.  

Gracias a esas movilizaciones y denuncias, no solo aislaron socialmente a los criminales, sino que varios gobiernos extranjeros, instituciones multilaterales y multinacionales y organizaciones de la cooperación internacional exigieron a los sucesivos gobiernos colombianos el cumplimiento de sus deberes de protección a la población civil. Y se controló, un poco, la sangría. Lo demás, digo yo, se ganó en las urnas. 

La ciudadanía podrá defender estos avances. Así son las cosas.

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