El hermoso país condenado a una guerra eterna
Nuestra historia, atiborrada de episodios de coraje y resistencia, ha sido maldecida, en múltiples oportunidades, por genocidios y masacres perpetrados por el propio Estado, en alianza con organizaciones criminales, instaurando largas épocas de terror.
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Estos se han realizado, en diferentes épocas, contra grupos étnicos, sociales o políticos con el propósito de aumentar el poder, la riqueza y los privilegios de los estamentos tradicionales, así como de acomodar o instalar los emergentes. El resultado es una insultante inequidad social y económica y una barbarie secularmente impune.
El primero de los genocidios —acompañado de despojos de tierras y de toneladas de oro y plata— fue perpetrado por la monarquía española, en alianza con ricos empresarios europeos, en contra de los indígenas primero, los esclavos afros después, y, por último, de los criollos y cuarterones.
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En ese holocausto también jugaron un papel protagónico las epidemias que llegaron en las carabelas. Antonio caballero aseguró que “el 95 por ciento de los pobladores indígenas de América perecieron en los primeros cien años después de la llegada de Cristóbal Colón”.
En la época de la creación de la república tuvimos nuestra única y gloriosa guerra internacional: la independentista, que fue justa, aunque cruel y sanguinaria por parte y parte; seguida de, por lo menos, 70 guerras civiles internas en el siglo XIX, entre contenientes armados.
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Al siglo XX, en Colombia, lo parió la brutal Guerra de los Mil Días, en la cual murieron cerca de 100.000 personas y permitió alargar la hegemonía conservadora hasta 1930.
En la denominada “época de la violencia” se impuso la criminal costumbre de utilizar, por parte del Estado, a bandas armadas por el capital privado, a los “pájaros” o “chulavitas”, en contra, primero, de liberales desarmados, y luego, de las nacientes guerrillas insurgentes liberales.
Desde esa época se instaló la teoría del “enemigo interno” para perseguir a los opositores bajo el argumento de que tras sus actuaciones “se ocultaban los tentáculos del comunismo internacional1”. Se calcula que al menos 200.000 compatriotas murieron en esa guerra civil calificada como una vergüenza nacional.
Pero aún nos faltaba lo peor: la peste de la cocaína. Peste que nos instaló en una vorágine de horror desde cuando el presidente Nixon, en 1971, en vez de buscar una solución de salud pública ante el ansia periquera de sus intranquilos ciudadanos, decretó una guerra contra las drogas que condenó a este hermoso país a una guerra eterna.
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Desde ese momento hasta nuestros días, en el marco del “conflicto armado en Colombia”, florecieron no solo las guerrillas de todas las tendencias —entre ellas, la de las FARC—, sino que los grandes capos capturaron al país hasta el punto de que el Gobierno de Gaviria se tuvo que aliar con el cartel de Cali para poder derrotar al de Medellín, comandado por Pablo Escobar, quien había colocado sus posaderas en los sillones del Congreso.
Ocurrió el genocidio o Plan de Exterminio, ejecutado por el Estado unido con élites políticas, mafiosas y empresariales, en contra de la Unión Patriótica, entre 1984 y 2004, que costó 4.616 personas asesinadas, entre ellas, dos candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, junto con 1.117 desaparecidos2.
En esas nos agarró el nacimiento del siglo XXI.
El 24 de julio de 2004, Salvatore Mancuso entró al Congreso pisando duro, como héroe independentista, junto a los refundadores de la patria Ramón Isaza y Roberto Báez: “hasta hoy se conoce la historia dura, heroica y hasta mítica de las autodefensas. Verdadera epopeya de libertad de la nación y del pueblo colombiano”. Dos años después, Mancuso confesaría, ante la Corte Suprema de Justicia, que “el 35 por ciento de los congresistas fue elegido en zona de influencia paramilitar”.
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En 2006, los ‘paras’ se desmovilizaron, se acogieron a la ley de Justicia y Paz de Uribe, muchos fueron extraditados y empezó la época de las bacrim. Entonces, se nos vendió la falsa idea de que los grupos paramilitares ya no existían.
En 2008, en el Gobierno de Uribe, estalló el escándalo de los ‘falsos positivos‘, el más vergonzoso genocidio de que se tenga noticia en la historia universal de la infamia. Ni la mente más retorcida puede siquiera imaginar que el Ejército Nacional —creado para proteger a la población civil— ejecutara a miles de jóvenes solo para presentarlos como éxitos militares en la guerra contra las guerrillas. Al día de hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reconocido 6.402 casos, pero se sabe que son muchos más.
Por fin, en 2016, tuvimos un pequeño respiro, cuando el entonces presidente, Juan Manuel Santos, logró firmar la paz incompleta de la Habana. El Gobierno de Iván Duque hizo lo posible por volverlo trisas y por retardar la ejecución de los compromisos adquiridos.
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Además, criminalizó y utilizó una violencia estatal desmedida contra la protesta social de estudiantes, obreros, campesinos e indígenas que al final pararon en seco sus reformas regresivas tributarias y le dieron término al largo régimen de derecha.
Por estos días, aunque no se puede negar la importancia de las declaraciones de Mancuso ante la JEP, estas no son novedosas. Ya se conocían porque él las había dicho antes, u otros jefes paras las habían confesado, o investigadores suicidas las habían revelado, o porque el mismo Gustavo Petro las había denunciado: que la mafia y el paramilitarismo capturaron el Estado y que miles de crímenes se cometieron en alianza con la fuerza pública.
Por eso, lo verdaderamente trascendente lo conocimos por cuenta del periodista más valiente, frentero y ácido que tiene el país, Gonzalo Guillén. Este viene trabajando en lo que podría ser la investigación periodista más importante de la década, pues no solo se trataría de un genocidio que podría explicar cantidad de asesinatos de líderes sociales en los últimos años, sino que se relaciona también con el caso hermetizado de la ‘Ñeñepolítica‘.
Guillén aseguró en La Nueva Prensa que el fiscal Daniel Hernández estaría favoreciendo al Clan del Golfo, porque, a pesar de tener los informes que identifican a los asesinos, no solicitó las órdenes de captura respectivas. El caso es que, de haber actuado con diligencia, se habrían evitado los asesinatos de muchas personas.
Es un megacaso gravísimo. El investigador del Cuerpo Técnico de la Fiscalía Fernando Rodrigo Romero Alvarado puso la cara y, en una dolorosa entrevista, aseguró que es un caso “de extorciones, de desplazamientos, de homicidios, masacres, tráfico de estupefacientes, narcotráfico y de corrupción administrativa”. Esa maquinaria habría asesinado “a más de 1.000 personas, 1.400 o algo así3“, desde 2008.
Por eso, el país debe permanecer atento sobre el desarrollo de esta investigación que podría dar luces sobre el amancebamiento entre sectores del Estado y organizaciones criminales, lo cual eterniza la guerra. Ha ocurrido antes y podría estar ocurriendo ahora.
1El Enemigo Interno. Andrés Caro. La República, 14 de octubre de 2022.
2Genocidio de la Unión Patriótica dejó 4.616 asesinatos y 1.117 desaparecidos. Zona Cero, 22 de abril de 2022.
3Investigador de la Fiscalía pone la cara para desmentir al fiscal general. La Nueva Prensa, 14 de mayo 2023.
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2 Comentarios
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Excelente resumen de nuestra patria y su violencia.
Se queda corta con la sosobra de los campesinos que hemos crecido en medio de los combates de todos los actores armados incluído el de los gobiernos.pero consideró.que el cáncer que parió toda esa violencia hoy día se llama corruptos o corrupción y tiene sus semilleros en los partidos políticos tradicionales los cuales mencionan en su resumen.
Gracias .