Es imposible olvidar

César TorresCésar Torres

“No vamos a olvidar que, pese al miedo, es posible enfrentar y derrotar el poder criminal que manejó al Estado durante más de 20 años“: César Torres.

Las movilizaciones de protesta sucedidas en Colombia durante la segunda década de este siglo desembocaron en el conocido estallido social de 2021.

Dicho estallido, aunque tuvo mucho de emocional y espontáneo, no ocurrió como rebelión sin causa. Como lo informó la radiodifusora alemana Deutsche Welle, si bien el proyecto de reforma tributaria promovido por el entonces presidente Iván Duque fue el detonante que provocó esa multitudinaria movilización, “(…) el estallido social colombiano aglutina varias disconformidades, derivadas del mal manejo por parte del Gobierno en materias de seguridad, educación y salud; también de la pandemia de coronavirus, y de la crisis económica derivada de esta, entre otras cosas”.

Empezó como manifestaciones, cacerolazos Y plantones a los que se iba sumando, espontáneamente, cada vez más gente. Pronto, algunos sitios de las ciudades se transformaron en lugares de encuentro permanente de manifestantes.

La vida cotidiana de miles de personas comenzó a discurrir en esos lugares. Ahí se podía comer al menos una vez al día, porque había olla comunitaria o chocolatada; siempre, podía conversarse con alguien y aparecieron grupos con intereses y temas comunes que se reunían allí; gente con distintos talentos artísticos hacía presentaciones, muestras y exposiciones de música, teatro, pintura, escultura, etc.

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Pero todo el mundo estaba allí para manifestar su inconformidad. Los puntos de encuentro eran, también, puntos de bloqueo que interferían el tráfico de personas, vehículos y mercancías.

Quienes se manifestaban ejercían el derecho a la protesta, pero estaban ocasionando problemas, pérdidas e incomodidades a personas y negocios, es decir, violando derechos a otro sector de la población. Y, por esa razón, se necesitaba la presencia del Estado cuyo papel es precisamente ese: garantizar los derechos de toda la ciudadanía y resolver los conflictos de interés que se presentan entre individuos o grupos de individuos.

El Gobierno nacional y los gobiernos locales decidieron usar la fuerza policial para dispersar las manifestaciones.

Se ha comprobado que esa estrategia gubernamental permitió que personal vinculado a las fuerzas armadas cometiera varios tipos de delitos en contra de la población civil inerme: desde torturas, tratos crueles y degradantes, hasta violaciones sexuales y homicidios. Cada día, durante el estallido, fuimos testigos de cómo algunos agentes policiales cometieron esos actos delincuenciales.

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Muchas organizaciones colombianas de derechos humanos y varios organismos multilaterales, es decir, organizaciones de las que hacen parte Estados y gobiernos, dieron fe de la ocurrencia de estos hechos.  Algunas tuvieron conversaciones privadas con el alto gobierno y/o presentaron públicamente las pruebas del uso desproporcionado de la fuerza, la violencia y la comisión de crímenes por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Para mayor indignación, vimos pasar por micrófonos, periódicos y programas de televisión a funcionarios civiles que justificaban o negaban, con cinismo, lo que estaba pasando. Los más aviesos fueron hasta los sitios bloqueo a provocar a los manifestantes.

Es innegable que quienes participaban en las protestas aprendieron a defenderse de las agresiones. Para eso, crearon la Primera Línea. De ella, hicieron parte hombres y mujeres que se enfrentaron al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los organismos policiales, con poco más que su mucha valentía, un escudo hechizo, un casco de seguridad de los que usan los trabajadores de la construcción y remedios caseros contra los gases lacrimógenos.

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Hasta que una suma viciosa de rabia, impotencia e infiltración de expendedores de droga, delincuentes de barrio y policías de civil condujo al uso de la violencia, casi sin límites, ejercida por esa gente infiltrada y por manifestantes que cedieron a la provocación.

Ya no fueron la digna rabia ni la necesidad de defenderse los motivos para enfrentar las agresiones oficiales. Se impusieron la ira y el deseo de venganza aupados por quienes lograron infiltrarse.

Varias de las personas que fueron detenidas durante el estallido han sido judicializadas. Y empiezan a producirse las primeras condenas en su contra. Se dijo que el actual Gobierno estaba buscando fórmulas jurídicas para dejar en libertad a muchas de ellas. Yo creo que esa situación debe resolverla el poder judicial, en el marco de la Constitución y la Ley.

Sea cual fuere el resultado del proceso jurídico, miles de personas —yo, entre ellas— nunca vamos a olvidar la fuerza de voluntad, la audacia y la valentía de quienes participaron en el estallido social. No vamos a olvidar que, pese al miedo, es posible enfrentar y derrotar el poder criminal que manejó al Estado durante más de 20 años. No vamos a olvidar que la Primera Línea se creó para proteger de la brutalidad policial a quienes participaban.

“Es mejor hacer con miedo que dejar de hacer por miedo”, decía el doctor Eduardo Umaña Mendoza y es eso fue lo que aplicaron las personas en el estallido de 2021.

Es imposible olvidar que eso fue lo que hicieron.

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