Hubo montaje de la Policía contra manifestante en el paro nacional: fallo

Una trabajadora y sindicalista de la Universidad Nacional fue capturada y acusada de porte de armas y municiones de uso privativo de la fuerza pública durante las manifestaciones del paro nacional de 2021.

El 31 de julio, el caso de Marlene Buitrago dio un giro tras la decisión de la jueza segunda penal especializada de Bogotá, quien aplicó el artículo 23 de la Ley 906 de 2004, el cual regula la cláusula general de exclusión al disponer que “[t]oda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo pueden explicarse en razón de su existencia”.

Dicha disposición, conocida como ‘fruto del árbol envenenado’, fue aplicada por la jueza sobre las pruebas solicitadas por la Fiscalía General de la Nación, demostrando que la Policía le realizó un montaje con el fin de fabricar un caso.

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Buitrago participó en algunas manifestaciones del paro nacional de 2021. Posteriormente, fue capturada y se le imputaron los delitos de porte de armas y municiones de uso privativo de la fuerza pública.

La Policía presentó a la Fiscalía una declaración de una fuente anónima, supuestamente, un estudiante que, durante las manifestaciones de mayo de ese año, aseguró haber visto que Buitrago tenía en su poder elementos con el fin de ser usadas contra la fuerza pública.

Posteriormente, la Policía llevó a cabo una supuesta “labor de vecindario” y agentes solicitaron la autorización para ejecutar un allanamiento a la vivienda de Buitrago.

“Llegan muchísimos hombres de la Policía. La señora incluso se encuentra sola con su nieta, una niña menor, de 10 años de edad, y allí supuestamente le encontraron una granada lacrimógena”, afirmó Yessica Hoyos, del Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que llevó el caso de Buitrago.

Posteriormente, se ordenó la detención de la mujer, que pasó esa noche en una Unidad de Reacción Inmediata (URI).

Al día siguiente, un juez de control de garantías avaló las pruebas, pero no concedió la medida de aseguramiento solicitada al de considerar que Buitrago no representaba un peligro para la sociedad.

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En ese contexto, a finales del pasado mes de julio, en la audiencia preparatoria, la defensa argumentó que la evidencia solicitada por el ente acusador era ilícita, pues se obtuvo a través de un “montaje urdido” por funcionarios de la Policía Nacional en vulneración de los derechos fundamentales de la también sindicalista.

“Pudimos demostrar que esa declaración inicial no era de ningún estudiante, sino de un integrante de la Policía Nacional. Es decir, todo se construyó a base de mentira. Todo era falso, desde la declaración hasta el posible hallazgo de la granada, porque fue implantada. Nosotros pudimos establecer, con en el equipo de defensa del colectivo de abogados y abogadas, que (la granada) ya había sido gastada en un curso del Esmad”, explicó la abogada Hoyos.

“Efectivamente, se demostró que agentes activos aportaron información falsa e indujeron (al) error a la Fiscalía General de la Nación —que autorizó el allanamiento—, así como al juez de Control de Garantías —que finalmente lo legalizó—”, agregó Hoyos.

En consecuencia, la jueza de conocimiento también compulsó copias para la investigación penal y disciplinaria de, en principio, dos agentes que estarían involucrados en los hechos.

Esta decisión se da en el marco de procesos judiciales que continúan en curso contra jóvenes, estudiantes y sindicalistas que fueron parte de las manifestaciones, afirma el colectivo de abogados, pues obliga a investigar una posible intención de criminalizar el ejercicio legítimo de la protesta social.

“Creemos que el objetivo de realizar este tipo de montajes era criminalizar el derecho a la protesta social”, señaló Hoyos, y resaltó: “Estamos hablando de una señora que es trabajadora de la Universidad Nacional que, además, pertenece a una organización sindical (…) y está claro que acá siempre se persigue a las organizaciones sindicales”.

La abogada también indicó que la Policía Nacional debe reconocer la intención de obtener una falsa condena: “Es importante que el país conozca este hecho lamentable que no podemos dejar pasar por alto. Desde el Cajar solicitamos que no se estigmatice en Colombia el derecho a la protesta y que la Policía admita su error ante el país”.

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