Mapfre paga y todos ganan en Hidroituango: Sergio Fajardo, Daniel Quintero, Iván Duque y el contralor Carlos Córdoba

El acuerdo firmado este viernes entre EPM y la aseguradora Mapfre, que le reconocerá el pago por 983 millones de dólares (3,9 billones de pesos) por los daños causados en la construcción y emergencia de Hidroituango, puede convertirse en un golpe de mesa al complejo juego de poderes en el que había caído una de las obras más grandes y complejas en la historia de Antioquia y del país. Toda una jugada a tres bandas, en el que Mapfre pone la plata y todos ganan, incluida la aseguradora.

Es claro que el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, quedó como el ganador y protagonista de lo ocurrido, al pasar en menos de 48 horas de ser tildado como uno de los responsables del caos en el que estaba el futuro de la obra o de ser aliado del alcalde Daniel Quintero y el expresidente César Gaviria, a quedar como el funcionario que fue capaz de sacar adelante el proceso de responsabilidad fiscal más grande en la historia del país y garantizar la terminación de las obras.

Como se recuerda, Córdoba se la jugó, hace dos años, por promover en el Congreso de la República dos reformas: una a la entidad, en el Plan de Desarrollo, y otra al modelo de control fiscal, al pasarlo de posterior (o póstumo como le decían) a uno preventivo y concomitante que supuestamente le iba a permitir al organismo de control adelantarse a los desfalcos sin caer en coadministraciones. Las críticas fueron durísimas contra Córdoba, al señalarlo de querer llenar la entidad con más cargos –cuotas políticas–, gastar más plata en investigaciones que no terminan en nada y en querer convertirse en un funcionario con superpoderes.

En contexto: Hidroituango, las jugadas secretas detrás del pago de Mapfre por 3,9 billones de pesos

El fallo de responsabilidad fiscal contra 26 personas y empresas como responsables del descalabro de Hidroituango, ratificado hace un par de semanas, mostró que la Contraloría General de la República (CGR) ya no es solo una “asustaduría” sino que puede ser una entidad técnica con dientes y poder para sancionar a los responsables y prevenir los desfalcos.

El propio gerente de EPM, Jorge Carrillo, ha dicho en privado que las negociaciones que adelantaba con Mapfre para el reconocimiento del pago de la deuda tuvo un cambio con el fallo de responsabilidad fiscal en el que se incluyó a esa aseguradora dentro de los responsables, junto con Conconcreto, Camargo Correa, Coninsa Ramón H, Integral, Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos, Alonso Salazar y un número importante de exgerentes y funcionarios de las Empresas Públicas de Medellín.

En ese momento Mapfre quedó en una dura encrucijada: reconocer el pago de la póliza o quedar expuesta a una sanción que no solo la inhabilitaría para seguir contratando con el Estado, sino que la podría sacar de los contratos públicos en los que estuviera involucrada. Además de ser un golpe económico para la empresa, también lo es para su imagen nacional e internacional.

Con el acuerdo, curiosamente firmado en la sede de la Contraloría General y con presencia del presidente, Iván Duque; el contralor Córdoba y los gerentes de Mapfre y EPM, la aseguradora desembolsará 633 millones de dólares antes del 31 de enero de 2022 (unos 2,46 billones de pesos). Esta cifra, sumada a los 350 millones de dólares que ya le había girado a la empresa dentro de su póliza de cubrimiento que tiene por 2.556 millones, prácticamente elevan el pago a 3,9 billones, muy cerca de los 4,3 billones que ha estimado la Contraloría.

El faltante saldría de una póliza de 100 millones de dólares que Sura tenía con EPM, otros seguros menores, y si falta, de los recursos que la Contraloría ya tiene embargados a las empresas y personas vinculadas como responsables. Lo curioso –e injusto para algunos– es que todos son responsables por todo, pero todos se benefician si uno o dos pagan todo.

En contexto: Contraloría metió a Mapfre al baile de Hidroituango; ¿será el paganini de los 4,3 billones de pesos?

Con lo pactado, Mapfre y EPM prácticamente firmaron un acuerdo de cierre de los daños causados en la obra con esa póliza y renunciaron a cualquier reclamación futura. Ahora bien, como la investigación de la Contraloría va hasta lo sucedido a 2019 y hay pérdidas de valor e ingreso hasta el presente, EPM tiene otra póliza por 628 millones de dólares con Mapfre, que sin dudas será el nuevo frente de batalla que se abra para tratar de recuperar más recursos perdidos. Esa será otra historia, quién sabe con qué final.

Lo particular de lo ocurrido es que, como lo dijo la CGR en un comunicado, es que “no tiene competencia para dar ningún tipo de aval a estos acuerdos, pero destaca la voluntad de las partes en poner fin a las controversias suscitadas entre ellas, lo que permite concluir que las determinaciones adoptadas en el fallo con responsabilidad fiscal, en el caso particular de Hidroituango, cumplieron los propósitos definidos por el Constituyente para la defensa, protección y resarcimiento del patrimonio público”. 

Aunque algunos han criticado que dentro de las decisiones no se hayan tenido en cuenta al exalcalde Federico Gutiérrez y del exgerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, quienes estaban al frente del proyecto cuando se presentó la emergencia. Esta es una deuda pendiente de la Contraloría.

Hidroituango: ¿Todos felices?

El otro ganador con este acuerdo fue el presidente Duque. Se sabe que entre el primer y segundo fallo de la Contraloría, el Gobierno se involucró en las negociaciones entre Mapfre y EPM, no solo en Colombia sino con la casa matriz. Una vez firmado el acuerdo, el presidente aprovechó la oportunidad para enviarle varios mensajes “cifrados” al alcalde Daniel Quintero, quien ha usado a Hidroituango como caballo de batalla político y económico contra una parte del empresariado antioqueño.

“Este tipo de proyectos no está para caer prisionero de las pequeñeces y muchas veces de situaciones que terminan agravando su curso… (el pago) le pone fin a disputas y pendencias innecesarias que podían llevar a la parálisis del proyecto”, fueron algunos de los mensajes tácitos de Duque en su intervención, en el que también señaló que el Gobierno vería con buenos ojo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) siguiera como financiador y ‘garante’ de las obras que faltan.  

Quintero, por su parte, gana y pierde. El acuerdo demuestra que sus denuncias y las de muchos otros, incluida la Contraloría por el descalabro en Hidroituango, tenían razón. Sin embargo, difícilmente llegarán a los más de 9 billones de pesos que él estima fue lo que se perdió, pues una vez se pague la plata y se cierre el proceso de responsabilidad fiscal, el caso económico hacía atrás de 2019 queda prácticamente saldado.

Ahora bien, la sobriedad y seriedad del acto en la Contraloría contrastó con el desparpajo con el que Quintero trató, durante los dos días de las velitas, de ganarse los réditos del acuerdo que sabía se iba a firmar el viernes. Hasta prometió congelar las tarifas de la energía con los recursos que van a llegar.

El propio contralor Córdoba fue claro y contundente, al advertir que los recursos solo se pueden usar para la terminación de Hidroituango: “Haremos un seguimiento permanente, sin ahorrar recursos humanos ni tecnológicos, para que los recursos sean ejecutados cabalmente hasta que la obra entre en operación. Eso debe quedar perfectamente claro para EPM, para la Alcaldía de Medellín y para las demás autoridades que puedan tener injerencia en el manejo fiscal de dichos recursos”.

Lo otro que puede empezar a tambalear dentro de la estrategia política de Quintero es su batalla con los constructores. Una vez cerrado el caso de responsabilidad fiscal, estas empresas no quedarán inmersas en ninguna sanción ni impedimento, por lo que ahora a EPM le quedará difícil sacarlos del camino como quería Quintero.

Como se sabe, el gerente Carrillo les envió una prórroga del contrato de obra, que vence este 31 de diciembre, por ocho meses más, hasta que se encienda la primera turbina pensando en que pudiera entrar otro constructor. Pero con lo ocurrido, lo lógico es que el consorcio siga adelante, termine la obra y responda por los eventuales daños o perjuicios ocasionados.

Otro de los ganadores es el exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo, pues una vez se cierre el fallo de responsabilidad fiscal, quedará con el camino libre para seguir con su aspiración presidencial. Ahora bien, esto no significa que en el diseño y construcción de la obra no se presentaron graves errores, como el de inundar los primeros dos túneles sin tener las compuertas instaladas o la aprobación del famoso plan de aceleración que permitió la famosa galería de desviación que terminó por colapsar la presa, por lo que Hidroituango será una fuente de críticas y ataques de sus contendores.

Con el acuerdo, el contralor Córdoba le quita volumen y peso a los señalamientos que Fajardo le había hecho de perseguirlo desde que era auditor de la Nación y de querer sacarlo de la actual contienda presidencial. Ahora, ya no tiene a Hidroituango como gran preocupación ni pretextos. Y debe demostrar que puede ganar la consulta dentro de la Alianza Centro Esperanza y, después, a Gustavo Petro.

A pesar de todas las tormentas y nubarrones que se cernían sobre el futuro económico y energético de Antioquia con Hidroituango, de las batallas políticas y económicas que tenían a Medellín encendida (y no precisamente por los alumbrados), el contralor Córdoba se salió con la suya al patear el tablero y obligar a todos a barajar de nuevo.  

Siga con: Gilinski, Quintero, Petro y el GEA: la batalla por el poder económico y político en Medellín