Las preocupantes cifras de violencia durante el primer trimestre de 2022

En lo que va corrido del año, según varias organizaciones sociales, las masacres y el asesinato de líderes sociales, así como la violencia y persecución contra los firmantes de paz, han aumentado en comparación con el mismo periodo de 2021. Antioquia, Cauca y Norte de Santander son los departamentos más afectados.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) publicó un informe comparativo de las acciones violentas registradas entre los primeros tres meses de 2021 y 2022. Según los datos recolectados por organizaciones sociales de todo el país, el panorama para este año es más desalentador.

En cuanto a los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, Indepaz reportó 48 casos con corte al 30 de marzo de este año, seis más que en 2021. Los liderazgos más afectados son los comunales y los indígenas, con 16 y 12 homicidios, respectivamente.

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Otro dato preocupante es el asesinato de tres líderes culturales: Miguel Alexis Carrillo, Fabián Pérez Hooker y Luis Carlos Bustamante. Carrillo, por ejemplo, trabajaba como instructor artesanal en Arauquita y fue asesinado el 17 de enero. Hooker, cantante urbano conocido como Hety, y Bustamante, bailarín y defensor de la comunidad LGBT, fueron asesinados en San Andrés. 

Los departamentos con más casos son Cauca (9), Putumayo (6), Nariño (5), Arauca (5) y Chocó (4). Luego de la publicación del informe se registraron dos casos más, en Meta y La Guajira. Según Indepaz, con estas cifras, el país registra 1.334 líderes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.

Los datos disponibles sobre masacres hablan de 27 casos en los primeros meses del año, cuatro más que en 2021. Así mismo, se evidencia un incremento en el número de afectados en cada masacre. A la fecha se han reportado 94 víctimas mortales, mientras que en el mismo periodo del año pasado se registraron 84.

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En las cuentas de Indepaz la masacre más reciente y con más víctimas es la de Puerto Leguízamo, en Putumayo, que se habría perpetrado el 28 de marzo. Cabe resaltar que en este caso las organizaciones sociales señalan a miembros del Ejército como los responsables, mientras que el Ministerio de Defensa sostiene que se trató de un operativo contra integrantes de la Segunda Marquetalia.

La Defensoría del Pueblo aseguró que entre los muertos hay cuatro civiles –Divier Hernández, Ana María Sarria (su esposa), el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche y Brayan Pama, un joven de 16 años de edad– lo que ha generado más dudas sobre el supuesto operativo.

Las otras 27 masacres han dejado entre tres y cuatro víctimas por cada caso. El departamento más afectado es Antioquia, con cinco masacres, seguido por Cauca, Norte de Santander y Putumayo, cada uno con cuatro casos. Estos territorios tienen en común ser zonas priorizadas para el desarrollo de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDE).

“Se trata de territorios estratégicos para diferentes actores armados, económicos, políticos y militares, en el marco de alianzas y disputa por el control social y territorial. Además, son territorios con existencia de conflictos ambientales, conflictos por la propiedad de la tierra, la permanencia en el territorio y el uso del suelo”, dice la Comisión Colombiana de Juristas.

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Firmantes de paz, las otras víctimas de la violencia en las regiones

El informe de Indepaz señala que en lo que va corrido del año han sido asesinados 13 excombatientes de las Farc que suscribieron el Acuerdo de Paz. En 2021, para esta misma fecha, se habían reportado 14 casos. La última víctima registrada es Carlos Humberto Siabato, asesinado este domingo en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Con Siabato ya son 312 los firmantes de paz asesinados desde la firma del acuerdo. “Mientras el Gobierno se dedica a estigmatizar, otros jalan el gatillo en zonas rurales y barrios populares de las grandes ciudades. ¡Basta ya!”, dijo al respecto el partido Comunes.

Cabe recordar que, en el mes de enero, la Corte Constitucional le exigió a la Presidencia, al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a otras entidades resolver el problema de la mala implementación del componente de seguridad del Acuerdo de Paz que pone en riesgo la vida de los firmantes de paz.

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La decisión de la Corte es la respuesta a varias tutelas y reclamaciones presentadas por los excombatientes y miembros del partido Comunes. Según la magistrada Cristina Pardo, ponente de la decisión, el Gobierno está en deuda con la protección y bienestar de los casi 16.000 excombatientes que buscan reincorporarse a la sociedad.

Para las organizaciones, lo que más preocupa en estos casos, así como en los de los líderes sociales, es el nivel de impunidad. Según la Comisión Colombiana de Juristas, la Fiscalía no es transparente en la presentación de sus cifras sobre la investigación de los casos.

La comisión señala que la Fiscalía no incluye los casos de violencia documentados por la Defensoría del Pueblo ni las organizaciones de la sociedad civil y que la información que entrega a la opinión pública no coincide con la actividad de judicialización realizada.

“La Fiscalía emplea la categoría de avance en esclarecimiento, sin precisar en cuántos casos se consiguió establecer los autores intelectuales, las estructuras o alianzas tras los crímenes, los cómplices y los determinadores”, agrega la comisión.

Finalmente, cabe resaltar que la violencia contra líderes sociales y firmantes de paz se suma a los atentados y ataques contra la fuerza pública que, según varios expertos en seguridad, harían parte de las estrategias de los grupos armados para incidir en las elecciones.

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