“Somos pequeños mineros, no unos criminales”

En el Chocó, la minería ocupa el primer renglón de la economía y es el sustento de por lo menos 60.000 familias que practican esta actividad a pequeña escala. Desde el mes pasado, los mineros de este departamento entraron en paro para exigir al gobierno que se les permita trabajar y se defina una ruta clara hacia la formalización.

Desde su llegada a la Casa de Nariño, Iván Duque le declaró una guerra sin cuartel a la minería ilegal. “Tenemos que luchar contra esa práctica y aplicar nuestro lema de producir conservando y conservar produciendo”, dijo Duque en 2018, mientras estaba en campaña presidencial.

Para el primer trimestre de 2019, el gobierno aseguró que las operaciones contra la minería ilegal aumentaron en un 18 por ciento y la incautación de maquinaria amarilla en un 103 por ciento. Además, reveló que en ese periodo se capturaron a 458 ciudadanos que estarían involucrados en el delito. 

Desde junio de 2020, el ejecutivo tiene circulando en el Congreso un proyecto de ley con el cual busca condenar a quienes extraen, comercializan y se benefician de la minería ilegal. Aunque todas estas iniciativas han sido celebradas en varios sectores, lo cierto es que también generan daños colaterales, especialmente para aquellos mineros que por años han estado en un limbo entre la ilegalidad y la pequeña minería tradicional.

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Uno de los ejemplos más claros está en el Chocó, donde el gobierno y la fuerza pública han intensificado los controles y la destrucción de maquinaria. Solo este año han sido destruidos aproximadamente 150 motores. Según los mineros artesanales de la región, se trata de una persecución que estigmatiza su trabajo y los deja sin sustento para sus familias.

“Necesitamos que se suspenda la captura de nuestros pequeños mineros, que son padres de familia que por hacer una labor para buscar la comida de sus hijos son capturados por la fuerza pública y quedan con procesos injustos en la Fiscalía. El gobierno debe sensibilizarse y parar ese acorralamiento”, le dijo a Diario Criterio Ariel Quinto, presidente de la Federación de Pequeños Mineros del Chocó (Fedemichocó).

Esta organización y algunas comunidades indígenas decidieron armar un paro el pasado 19 de octubre, bloqueando vías y realizando manifestaciones en Quibdó. El objetivo era llamar la atención del gobierno y pedirle una mesa de negociaciones para tratar los problemas del sector. Las protestas terminaron ocasionando escasez de alimentos, combustibles y un incremento en los pasajes aéreos.

“Usted es minero, no olvide que la lucha es por todos y para todos. El gobierno y la Policía Nacional, a través del Esmad, nos quieren arrebatar lo único que tenemos para la subsistencia. Frente a este atropello convocamos al pueblo a un gran plantón”, decía una de las invitaciones a las movilizaciones.

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El paro se extendió a otros municipios como Condoto, Tadó, Lloró, Istmina y Cértegui. El gobierno delegó al viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, como representante para una negociación; sin embargo, los mineros criticaron la decisión al considerar que Baena no tenía facultades para negociar. “Es una mamadera de gallo”, aseguró Astrid Sánchez, representante a la Cámara por el departamento.

Finalmente, tras 10 días de protestas, el gobierno y los mineros aceptaron abrir una mesa de diálogo y suspender los bloqueos. Ambas partes acordaron una agenda de conversaciones que girará en torno a 12 puntos de un pliego de peticiones presentado por los mineros. Algunos en la región no confían en esta medida, pues recuerdan que en 2016, en medio de otro paro, se hicieron promesas que aún no se cumplen.

¿Qué piden los mineros del Chocó?

La principal petición de los mineros es suspender los operativos policiales y militares contra la infraestructura de lo que llaman pequeña minería mecanizada. “Si el gobierno tiene voluntad política y nos reconoce no como criminales, sino como informales, debería crear un paraguas para que nos excluyan de esos señalamientos y se suspendan los operativos”, dijo Quinto.

El segundo punto tiene que ver con la formulación de una estrategia de formalización y legalización, un debate que tiene varios años de historia y polémica. La Corte Constitucional, en la sentencia T-622, aseguró que la falta de dicha estrategia hace parte, junto a las fallas del modelo económico, de un problema estructural de subsistencia, existencia y dignidad de las comunidades del Chocó.

Al respecto, una investigación de WWF Colombia señala que: “si el Estado no actúa de manera efectiva y oportuna, especialmente en esta etapa del posacuerdo con las Farc, para implementar un plan de formalización apropiado para el Chocó Biogeográfico, el impacto negativo sobre la biodiversidad, los ecosistemas y las comunidades será considerable, y en algunos casos, irreversible”.

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Hasta el momento, los últimos dos gobiernos han propuesto estrategias de formalización como la creación de reservas especiales para la explotación y los subcontratos a firmas o personas que ya cuentan con títulos mineros. Ninguna de las dos convence a los mineros, en especial la segunda, pues ellos no quieren ser arrendatarios, sino propietarios.

Varios mineros que participaron del paro le dijeron a este medio que una formalización correcta es también la manera de frenar el impacto negativo de la minería sobre el medioambiente. “En la medida que el gobierno formalice a cada minero éste se ve a cumplir unas exigencias del contrato y así nos evitamos la criminalización, afectación al medioambiente y se fomenta el empleo”, dijo uno de los mineros.

En el pliego de peticiones también se encuentra una solicitud de cumplimiento a los acuerdos de paz. Los mineros recuerdan que hace algunos años fueron víctimas de las extorsiones de las Farc y aseguran que con el proceso de paz esperaban la llegada del Estado. Los habitantes de la región critican que la respuesta del gobierno sea únicamente la militarización y los consejos de seguridad. 

Este punto está relacionado con otras peticiones como la atención a comunidades indígenas y población joven. La comunidad asegura que los niños y jóvenes, a falta de oportunidades, terminan en la delincuencia. En lo que va del año, cerca de 130 jóvenes habrían sido asesinados en el departamento del Chocó.

Este paro minero en Chocó revive una deuda del Estado con los pequeños mineros, quienes se aferran a su tradición como la única forma de subsistencia. Las instituciones tienen el reto de atacar la minería ilegal entendiendo la diversidad en el grupo de personas que extraen los minerales de la región, pues no todos son criminales.

Expertos aseguran que atacar la minería ilegal a toda costa, sin tener en cuenta los contextos, puede convertirse en un impulso al contrabando y la pérdida de recursos de regalías para el Chocó. Por ahora, los pequeños barequeros del Chocó aseguran que el Estado les dio la espalda y benefició a las grandes multinacionales mineras.

Este panorama se repite en Antioquia, Cauca, Risaralda, Caldas y otros departamentos en los que los mineros son desalojados por la fuerza pública, separados de su tradición y su sustento.

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