Ministro, el cambio es con las y los nadies

El nuevo ministro de Justicia, Néstor Osuna, parece conocer mucho más que generalidades acerca de la situación de las cárceles en Colombia.

Desde el día siguiente a su posesión, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha dado declaraciones en las que muestra conocimiento, incluso estadístico, de la problemática en medio de la que sobreviven las personas privadas de la libertad en los centros carcelarios y penitenciarios. 

El doctor Osuna sabe, y lo dice y analiza públicamente, que esas personas viven en condiciones inhumanas de hacinamiento e insalubridad y que casi la tercera parte de ellas ni ha sido llamada a juicio ni, mucho menos, condenada por delito alguno. 

Dicho de otra manera, se trata de personas a las que no se les ha probado su responsabilidad penal y que tampoco han tenido la oportunidad de probar su inocencia y que, sin embargo, están privadas de la libertad. Es bastante posible que la experiencia de la detención en establecimiento carcelario les arruine la vida, tal como lo dijo el ministro en entrevista con Yamid Amad el pasado 8 de agosto.

El ministro también sabe que la mayoría de las casi 97.000 personas privadas de la libertad están sindicadas de delitos menores y que sus procesos judiciales avanzan muy despacio o están quietos en los anaqueles judiciales. 

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Pero, tal como lo reconoció el doctor Osuna, en Colombia hemos construido una cultura de la venganza y la sociedad reclama que se impongan castigos dolorosos –como la pérdida de la libertad– a quienes, tal vez, infringen la ley o causan daño a otras personas. 

Frente a este diagnóstico, el ministro propone, primero, promover un cambio de mentalidad que fomente el uso de mecanismos y penas alternativas que permitan castigar ese tipo de delitos, sin acudir al aparato judicial formal, sin privación de la libertad y sin que se requiera la presencia de abogados. 

En segundo lugar, sugiere “peluquear el código penal”, para que la pena privativa de la libertad sea un castigo que se impone sólo a quienes hayan cometido delitos graves.

Néstor Osuna, ministro de Justicia

Me parece que ambas propuestas son viables y necesarias. Pero los efectos de ellas sobre la vida cotidiana en las cárceles solo empezarán a notarse en el mediano y en el largo plazo, es decir, a finales del actual cuatrienio presidencial. ¿Y, mientras tanto?

Mientras tanto, el ministro puede adelantar dos tareas complementarias: tomar medidas concretas contra la corrupción y construir, participativamente, la política carcelaria. 

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Para empezar a combatir la corrupción y, además, aliviar un poco la situación de la población carcelaria y de sus familiares, el nuevo ministro puede dar tres órdenes de inmediato cumplimiento en todos los reclusorios del país: que se hagan arreglos básicos a los sitios en los que las personas privadas de la libertad reciben las visitas, en especial, los lugares en los que se hacen los encuentros conyugales; que se pongan en funcionamiento los mecanismos de citas virtuales para evitar las filas de visitantes en la entrada de las cárceles y la compraventa de turnos, y que se cree un sistema de verificación –en tiempo real– de la cantidad y calidad de la alimentación que se entrega a las personas privadas de la libertad.

Para elaborar participativamente el diagnóstico de la situación y construir la política pública correspondiente, el ministro Néstor Osuna podría tener en cuenta, por ejemplo, los análisis y las propuestas presentadas por el Movimiento Nacional Carcelario en distintos documentos. En ellos, se recogen aportes de la población privada de la libertad, de sus familiares, de abogadas y abogados defensores y de personas y grupos que se solidarizan con quienes padecen la situación que hay en los centros carcelarios y penitenciarios. 

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Ese diagnóstico mostrará con hechos, testimonios y cifras verificables, si la corrupción es el peor y más grave problema que hay en el sistema de administración y gobierno de las cárceles. Se verá qué tan cierto es lo que se afirma en algunos estudios anteriores acerca de que el conjunto de la vida carcelaria depende, óigase bien, depende de los negocios ilegales que involucran a personal de todos los niveles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a grupos de delincuentes en cada establecimiento de privación de la libertad 

Sabremos si la corrupción es un asunto que involucra a algunos funcionarios, si se ha corrompido la totalidad del sistema o si, peor aún, la corrupción es el sistema que permite la existencia de las cárceles tal como las conocemos hoy. 

Cualquiera que sea el resultado que dé el diagnóstico, es poco probable que el ministerio que dirige el doctor Néstor Osuna, solo, pueda introducir cambios significativos en la política carcelaria. Para hacerlo, se necesita una alianza entre su ministerio y las y los nadies que padecen el encierro carcelario. 

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5 Comentarios

  1. Muchas felicitaciones al autor de la columna. Habla con rigurosidad y conocimiento de la problemática carcelaria.

    La mención directa al Ministro Osuna es muy oportuna, en tanto las reformas profundas a la política criminal y al sistema penitenciario y carcelario, estarán especialmente bajo su dirección.

    Su referencia al cambio de mentalidad en una sociedad a la que le han vendido las bondades de una “justicia vindicativa y carcelera”, incrustada hasta el tuétano por medios amarillistas, es también importante. A la sociedad se le ha vendido la idea de que el castigo inclemente y las cárceles inhumanas son el único mecanismo para lograr justicia. Pero esa mentalidad se agita sólo y especialmente para los/as nadies; para los delitos de cuello blanco se apela a un país desmemoriado.

    En un país atravesado por la guerra y la desigualdad social sólo se enseña a odiar. No se reflexiona a profundidad en el por qué muchas de aquellas personas excluidas y marginadas por el Estado terminan trasgrediendo la ley. Hace falta una mirada más profunda e interdisciplinaria sobre el tema y así mismo debería ser su tratamiento.

    La colosal corrupción en las instituciones del sistema penitenciario y carcelario, y que hace más penosa la situación de quienes, por una u otra circunstancia, viven la prisión, es otra de las tareas de gran envergadura que le espera al Ministro de Justicia y que el autor menciona.

    De resaltar, finalmente, su propuesta sobre la formulación de un diagnóstico y la construcción de una política pública participativa, que cuente con las voces de quienes viven directamente el drama de la privación de la libertad. Esas voces, junto a las de personas expertas, de la academia, de ONGs de derechos humanos y otras, pueden ser un importante insumo para el nuevo gobierno a la hora de adelantar cambios sustanciales en la materia.

    Esperemos que algunas reformas no le tomen tanto tiempo al nuevo gobierno. La esperanza de la población privada de la libertad y de sus familias es enorme con su llegada.

    Alentamos a que en el Diario Criterio se sigan publicando artículos sobre un tema tan controversial pero necesario. Muy bien,

    1. Carmen Anachury Diaz

      Es un contrasentido tener una constitución que promulga positivizacion de derechos para [email protected] en una sociedad moderna, y sin embargo, el trato inhumano sea lo que defina a las cárceles en Colombia. Quien entra ahí nunca sera el o la misma al salir.

  2. Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza

    El gobierno cambio tenemos un compañero Presidente, hay que cambiar debe ser Movimiento Nacional Anticarcelario. Lo fundamental es la Ley de amnistia e indulto para todos los presos políticos, alternatividad penal y justicia restaurativa para los PPL lo otro es motivo de una reforma de fondo para instaurar una política criminal critica.

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