Mocoa: reconstrucción no avanza y hay riesgo de otra tragedia después de cuatro años

Veedores y colectivos denuncian que las obras de mitigación son un fracaso. Todavía sin acueducto y sin casas, la población teme que llegue otra tragedia cuatro años después de la avalancha que dejó más de 300 muertos.

El miércoles pasado Mocoa vivió una noche de angustia por el aumento del caudal del río Mulato. Habitantes de barrios aledaños tuvieron que salir de sus casas acatando la orden de evacuación preventiva de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El alcalde encargado de Mocoa, Jorge Hernán Bastidas, aseguró que no hubo víctimas ni daños materiales y que la evacuación fue oportuna. 

Pero la zozobra revivió la avenida torrencial que causó estragos en la capital del Putumayo el 31 de marzo de 2017. La misma que cobró 335 vidas, dejó 398 heridos, más de 50 personas desaparecidas, 7.892 damnificados directos y muchos daños materiales. Aunque ya pasaron cuatro años, la comunidad asegura que Mocoa sigue a la deriva y que la tragedia fue el punto de partida de un camino en el que solo se han tomado malas decisiones. 

En 2017 el Gobierno dijo que la reconstrucción tardaría dos años, plazo que ahora es de cinco. En agosto de ese año se definió el Plan de Acción Específico (PAE) y uno de sus puntos centrales eran las obras de mitigación para disminuir la vulnerabilidad de Mocoa frente a las amenazas de los ríos y quebradas. 

“Son en total 18 proyectos de obras de mitigación y 13 de interventoría, de los cuales se tiene 16 de obra en ejecución y 12 de interventoría. Nuestro mensaje para la comunidad de Mocoa es que seguimos trabajando, vamos por buen camino, ya iniciaron las obras y estamos cumpliendo los compromisos que hemos hecho con la población”, dijo en marzo, a cuatro años de la emergencia, Eduardo José González, director de la UNGRD.  

Pero la versión oficial es tan distinta de la que tienen las veedurías y colectivos que parece que narran dos tragedias distintas. 

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¿Soberbia del Gobierno? 

Diario Criterio habló con más de diez miembros de las veedurías y colectivos del municipio. Todos aseguran que el proceso de reconstrucción de Mocoa “está quedado”. Dudan que se logren cumplir los plazos e incluso advierten que las obras de mitigación son un fracaso. 

Sigifredo Arciniegas, de la asociación de juntas de acción comunal de Mocoa, cuenta que cuando ocurrió la avalancha de 2017 contrataron a un especialista en el tema y tras varias reuniones plantearon una propuesta de reconstrucción a doce años. 

“Fue aplaudida por el Congreso, pero rechazada por quien entonces coordinaba la reconstrucción. Textualmente dijo que era una buena propuesta, pero que ellos son los que mandan”, cuenta.

Asimismo, Ramón Enrique Apraez, coordinador de una de las veedurías para la reconstrucción de Mocoa y presidente de la junta de Acción comunal del barrio La Esmeralda (uno de los afectados por la avalancha), sostiene que la reconstrucción “no está concebida como lo exige la ley 1523 de 2002, que señala que una catástrofe local debe ser gerenciada por el alcalde y sus comunidades”. 

En cambio -señala- con el decreto de calamidad pública del 6 de abril de 2017, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, se dejó todo en manos de la unidad de gestión del riesgo. Para él, esa fue la primera de una serie de malas decisiones que desconocen a la comunidad. Edgar Torres Beltrán, miembro de una veeduría y del Observatorio Ambiental de Mocoa, también critica la concentración del poder en la UNGRD. 

Las organizaciones cuentan que las autoridades han mandado a la fuerza pública a las movilizaciones en las que exigen que los escuchen. 

Torres dice que incluso tuvieron que pedir por vías legales el plan de acción del que se enorgullece el Gobierno: “Lo hicieron solos. Y genera una gran desconfianza que haya pocos resultados. Tampoco vemos una acción efectiva por parte de los entes de control”.  

Del mismo modo, Apraez plantea que han evidenciado muchas irregularidades. De hecho, solo su veeduría ha puesto más de 15 denuncias. Por ejemplo, alertaron que se incluyó, por contratos millonarios, la pavimentación de vías que no fueron afectadas. 

Cuestionan la efectividad de las obras de mitigación  

Al analizar los datos de seguimiento de la Unidad de Gestión del Riesgo, es evidente que todavía queda mucho por hacer en Mocoa. Una de las obras con mayor avance en cuanto a mitigación es la del muro de estabilización en el barrio Modelo, que ya se ha ejecutado en un 56 por ciento, con una inversión que supera los 4.000 millones. Según el calendario, se debería entregar el 12 de agosto de este año. 

Las construcciones en el sector del río Mulato están más ‘crudas’. Algunos de los muros están en el 21 por ciento, otros en un 6 por ciento y algunos no alcanzan ni el 2 por ciento de ejecución. La construcción de dos de los diques todavía no ha iniciado. 

Más allá de los avances, la comunidad no aprueba los diseños de estas obras. Oscar Hernández, personero de Mocoa, le dijo a Diario Criterio que la comunidad está en desacuerdo con las obras, pues denuncian que se violó el principio de participación ciudadana: “la comunidad advierte que las obras no van a servir, en especial los diques y jarillones. Se sienten en riesgo”. 

Alvaro Maldonado, miembro de una veeduría, indica que “quienes vienen del centro del país” y el Gobierno se negaron a escuchar a la comunidad y a los expertos de la región. Aseguran que las obras planeadas no se ajustan a las necesidades del territorio.

Para ellos, la soberbia de las autoridades pone en riesgo la vida de los mocoanos: “llegó dinero de muchas fuentes y se quedó en obras inconclusas e insuficientes. Plantearon jarillones cuando requerimos fortalecer muros de contención. El tiempo nos dio la razón, a los jarillones del otro lado del río Mulato se los llevó la creciente del miércoles”. 

La cantidad de recursos versus la efectividad es otro de los cuestionamientos. Ramón Apraez hace una denuncia en esa línea: “Una de las obras más costosas, de unos 32.000 millones, los jarillones de un kilómetro y 150 metros, no están anclados correctamente sobre la base de la roca del canal de la quebrada Taruca y el río Sangoya. Las pusieron encima del río y eso no le brinda seguridad a los trece barrios que están detrás de la obra”. 

Por esa y otras razones las organizaciones exigen ante diferentes instancias la nulidad del artículo cuatro del decreto de abril de 2017, para que así se redireccione la reconstrucción de Mocoa.

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Los saberes comunitarios y el río 

Felipe Arteaga, del colectivo ambiental Familia Río Mulato, cuenta que paradójicamente la noche del miércoles estaban en una reunión en la vereda el Líbano, cerca al río Mulato, con la unidad de gestión del riesgo local. “Justo cuando hablábamos de cómo intervenir el río, en una confrontación de criterios, ocurrió la creciente, como si el río se hubiera manifestado”.  

El desconocimiento intencional de los saberes comunitarios en las obras de mitigación del río Sangoyaco, Taruquita y Mulato es la denuncia que hace Rocío Ortiz, quien vive en la vereda El Líbano y es miembro del colectivo Reconciliación con los Ríos del Piedemonte. 

“Conocemos el comportamiento del río, esa obra no funciona y lo que pasó en estas noches lo confirma. Hace dos años hubo una pequeña avalancha. La comunidad dijo que hubo una fractura en la montaña que sigue ahí, pero no escuchan”, agrega. Una visión centralista del problema y decisiones tomadas por personas que desconocen el territorio (y que se niegan a escuchar) son otras de las críticas más comunes de las organizaciones de Mocoa. 

Kristina Lyons, del mismo colectivo, dice que se estigmatizó al río, entendiéndolo como un enemigo. A los puntos ya mencionados, agrega que en el proyecto del Gobierno hizo falta escuchar al medio ambiente: “Plantearon obras agresivas, sin garantías de su efectividad y sin pensar en las consecuencias sociales y ambientales”. 

Asimismo, sostiene que las obras deben y pueden hacerse sin matar los ríos. Y que el turismo es una alternativa para sacar adelante a Mocoa, por lo que pensar una ciudad que convive entre ríos sería una mejor estrategia. 

Mocoa todavía no tiene acueducto

El personero dice que es falso que el municipio tenga agua potable, como en algún momento se anunció. “El avance de ejecución supera el 80 por ciento, pero hace falta un porcentaje que no permite el funcionamiento. Hoy todavía entregamos el agua en carro tanques”, asegura. 

Los veedores cuentan que la bocatoma está mal ubicada. Según Arteaga, la administración ignoró las recomendaciones del geólogo Mauricio Valencia y de otros expertos que advirtieron que no era pertinente “sacar agua de las montañas del occidente del municipio porque son muy jóvenes y están en formación, se mueven rápido en cortos periodos de tiempo, por lo que se pueden crear avalanchas, crecientes, etc. 

Para el colectivo ambiental, elegir como fuente el río Mulato fue un error grave. La exigencia de un buen acueducto público se consolidó tras el paro de 2013, pero todavía su deseo no se ha materializado. En cambio, ven múltiples inconvenientes en la ejecución y aumento en los costos presupuestados.

Alejandra Cuarán, miembro de la mesa única de participación ciudadana, menciona que en 2018 las organizaciones le advirtieron a las autoridades la inviabilidad de seguir con un acueducto en el mismo lugar, pero no hubo respuesta. 

Los otros pendientes 

Por otro lado, varias de las obras para recuperar las vías ni siquiera han comenzado; siguen en estudio o en fase de socialización. También se prometieron 1.209 viviendas urbanas, pero solo se entregaron 300 en 2018. Según el cronograma, para diciembre de este año, 390 familias deberían recibir su casa, las restantes a mediados de 2022. 

El personero asegura que después de más de cuatro años, apenas va iniciar la construcción de algunos pavimentos, lo que supone que el estado de las vías es precario. Pone como ejemplo el puente que comunica Mocoa y Pitalito. Después de la emergencia se instaló uno metálico que todavía no se ha reemplazado. 

El Gobierno informó que el megacolegio Ciudad Mocoa avanza de manera significativa, tras una inversión de más de 11.190 millones de pesos. La ejecución de la obra está en un 69 por ciento de avance físico y debería entregarse en septiembre de este año. Contará con 24 aulas de clase con capacidad para 960 alumnos.  

Aunque es una de las obras de las que más ha hablado el Gobierno, Edgar Torres dice que la inversión no se ve representada “en la poca capacidad de estudiantes”. 

También está la cárcel. La Personería manifiesta preocupación por los lentos (casi nulos) avances en el traslado de la prisión que actualmente se encuentra en zona de riesgo. Como no es posible tener allí a las personas privadas de la libertad, se adaptó un centro de detención para 14 personas. Sin embargo, hoy hay cerca de 85. 

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En medio del hacinamiento no se pueden cumplir los estándares mínimos de bioseguridad, tampoco tienen agua. “No pueden recibir sol, no pueden recibir visitas ni cuentan con los beneficios de una cárcel manejada por el INPEC”, expresa el personero.  

“Crónica de una avalancha anunciada” 

Álvaro Paredes, de la mesa única de participación ciudadana para la reconstrucción de Mocoa, asegura que lo que ocurrió en 2017 fue la “crónica de una avalancha anunciada, pues previamente se alertó todo lo que podía pasar y, finalmente, sucedió”. Incluso, los lideres comentan que un libro publicado varios años antes detallaba todas las posibles consecuencias que traería una avalancha.

Para Paredes, la economía de Mocoa está “en la UCI”. Dice que sin industrias, después de la emergencia de 2017, la avalancha de 2018 y el coronavirus muchos están en la ruina, sufriendo la presión de los bancos que les exigen pagar créditos. Deja sobre la mesa una pregunta que varios lideres le hicieron a este medio “¿Dónde están los miles de millones que en su momento se donaron para los damnificados?”. 

Ahora son varios sus temores, dos principalmente. El primero es que a Mocoa, que no le cabe una tragedia más, llegue otra avalancha. El segundo es que se repita la historia de las reconstrucciones inconclusas. Algunas de las fuentes citadas en este articulo mencionaron el caso de Gramalote. 

Los veedores y colectivos le piden al Gobierno un diálogo real y profundo, en el que sus reclamos sean escuchados y, en especial, tenidos en cuenta. Nadie más que los mocoanos quiere ver que esta tierra renazca, y pronto. 

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