Los ‘moteros’ y la anarquía
“Cualquier pronunciamiento que mínimamente los aluda desata en los moteros, especialmente jóvenes, un peligroso desafío a las autoridades que se traduce en subversión y bloqueos”.
No cuestiono ni condeno el legítimo derecho de adquirir una motocicleta. Sí, por el contrario, la liviana capacidad de respuesta de los gobiernos frente al irrespeto a la autoridad por parte de sus usuarios y desatender la necesidad económica que auspicia su consumo.
Reconozcamos de entrada que la baja calidad de otros medios de transporte y las condiciones de informalidad laboral han sido los principales detonantes de este creciente fenómeno. El costo de las tarifas, la cobertura y confiabilidad de los sistemas masivos de transporte en zonas urbanas y rurales, sumado a una precaria oferta de empleo formal, son el gran incentivo para que uno de cada cinco colombianos vea en la motocicleta la gran oportunidad para movilizarse y generar ingresos.
Hoy circulan en Colombia casi 10 millones doscientas mil unidades de motos, aproximadamente el 60 por ciento del parque automotor del país. De acuerdo con los datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y cálculos de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), solo en 2021 se vendieron 741.000 unidades, de las cuales, y de acuerdo con su cilindraje, 720.186 pertenecen al segmento de 0 a 250 cc, seguido de las de 250-500 cc con 17.208 matrículas y 800 cc con 2.589, respectivamente.
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El impacto que para la vida misma supone el uso de motocicletas es dramático pues las escandalosas cifras de accidentalidad son el pan de cada día. De acuerdo con Fasecolda, durante el mismo año, más del 55 por ciento de los muertos en accidentes de tránsito fueron motociclistas. Desde la última década, además, se registran cada año cifras superiores al millón de sucesos en donde víctimas, propias o ajenas, sufren múltiples tipos de lesiones.
La cultura vial no es el común denominador en los moteros. En cada territorio es común observar las calles atestadas de motocicletas, zigzagueando entre automóviles, buses y personas. Lo normal es el irrespeto a normas de tránsito y la amenaza permanente a los usuarios más vulnerables de las vías como lo son peatones o ciclistas.
Es común ver cómo los moteros transitan en contravía y por los andenes, no se detienen en las señales de pare, utilizan el espacio público para estacionarse, adelantan semáforos en rojo y omiten el uso de elementos de protección personal. A los ojos de todos, deliberadamente ignoran los retenes de tránsito y violan normas locales como la restricción de parrilleros y de carga permitida.
El fenómeno ha tomado tal dimensión que pareciera ha desbordado la capacidad de control de los gobiernos, especialmente en zonas urbanas en donde además es el vehículo predilecto para la comisión flagrante de delitos como el sicariato y el hurto.
Cualquier pronunciamiento que mínimamente los aluda, como el realizado en la presente semana por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, so pretexto de atender una imperiosa demanda de seguridad ciudadana, desata en los moteros, especialmente jóvenes, un peligroso desafío a las autoridades que se traduce en subversión y bloqueos.
Y es que, según diversos estudios, la mayoría de los usuarios de la motocicleta son hombres, jóvenes, de ingresos medios y bajos, quienes, en coherencia con las cifras de desempleo e informalidad económica, utilizan la moto prácticamente como única alternativa económica. Bien sea en actividades de mensajería y domicilios, o prestando servicios de transporte. Para este último propósito, incluso, remozando la ‘guerra del centavo’ extendida hasta hoy con la operación de los buses de transporte colectivo.
De lo dicho anteriormente, ofrezco algunas preguntas para reflexionar. Por ejemplo, ¿por qué la regulación de los usuarios de motos y sus prácticas se salió de las manos de las autoridades civiles y policiales? ¿Qué deben hacer las autoridades de tránsito y movilidad para reconocer el problema en toda su dimensión y determinar soluciones de movilidad contundentes? A la luz de la evidencia latinoamericana y de algunas ciudades del sudeste asiático, ¿es factible asegurar que en Colombia existe una relación directa entre el otrora llamado subdesarrollo y la persistencia en el uso de este tipo de vehículos?
Como en toda problemática pública las respuestas pueden ser diversas, pero van algunas luces. En primera instancia, ni el Gobierno nacional ni el Congreso han diseñado mecanismos regulatorios contundentes frente al mercado de motocicletas. Normas que de algún modo equilibren la balanza entre la facilidad de adquirir este tipo de vehículos y sus consecuentes efectos negativos, especialmente en entornos urbanos densamente poblados.
Este letargo legislativo puede obedecer a que, como ocurre en casi todos los países en vías de desarrollo, la cadena de valor asociada a las motocicletas es paradójicamente una importante fuente de empleo, desde la producción de insumos, el ensamblaje, hasta la comercialización. No obstante, del beneficio alcanzado por ampliar puestos de trabajo se derivan evidentes consecuencias negativas en aspectos como seguridad ciudadana, contaminación ambiental y salud pública, entre otros.
Tampoco se ha logrado atajar la fuga de usuarios de transporte público. La ineficiencia de este servicio ha fortalecido el apego a las motos, pues quien adquiera este vehículo eventualmente hará eficiente su movilidad, en especial si para su residencia y lugar de trabajo la cobertura de rutas es escasa o nula.
Sobre lo anterior y, en una visión de mediano y largo plazo, es imperioso diseñar e implementar modelos de transporte multimodales a partir de los cuales se mejore la integración entre el transporte público y otros modos de transporte sostenibles. Mejores coberturas, transferencias, frecuencia de servicio y políticas tarifarias para ciudadanos de bajos ingresos, confort, y tiempos de acceso, deben ser las líneas desde las cuales se promuevan alternativas atractivas a la motocicleta.
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La forma de disipar la anarquía que produce el uso de motocicletas resultará de un ejercicio pleno de la autoridad de tránsito y policía de cara al respeto de las normas. También de un riguroso modelo de pedagogía ciudadana, concertación y gestión pública, desde el cual, sea la planificación, la sostenibilidad económica y la viabilidad ambiental de los entornos los valores que primen. Estamos en mora de darlo.
Por: @dialbenedetti
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