Ni un metro cuadrado tiene un detenido en Cartagena, denuncia la Procuraduría

Diario Criterio conoció el informe presentado por la Procuraduría Provincial de Cartagena a la Alcaldía de la ciudad, en el que concluye que los centros transitorios de detención no cuentan con las condiciones mínimas de salubridad, vulnerando los derechos de las personas privadas de la libertad.

Frente a la terrible situación que encontró la Procuraduría, se le solicitó a la administración del alcalde distrital, William Dau, respuestas y acciones efectivas.

Se encontró que en las celdas los servicios sanitarios están en pésimas condiciones. En promedio hay un solo sanitario para 40 personas y hay personas detenidas con enfermedades contagiosas como la tuberculosis. Lo preocupante es que no hay un servicio de atención médica permanente.

Otro punto importante es que quienes allí permanecen detenidos, no cuentan con el servicio de alimentación. Sus familiares deben llevarles la comida. Lo que a su vez implica que el personal de custodia deba realizar una revisión adicional para evitar el ingreso de marihuana, drogas sintéticas en jugos, celulares, navajas, cuchillos, entre otros elementos prohibidos que representan un riesgo en caso de una riña o promueven delitos como extorsiones carcelarias.

La Procuraduría evidenció en las visitas “ausencia total de elementos técnicos para la realización de las audiencias”, no hay wifi ni computadores. En algunos casos, las audiencias se deben realizar por medio de celulares del personal de custodia.

También hay problemas de seguridad. Los tubos de los barrotes de las celdas de Bellavista, dice el Ministerio Público, son huecos, y por lo tanto, débiles. En dos ocasiones en dichas celdas se ha suspendido la energía y los internos han tenido “fuertes reacciones”. Por eso debieron recurrir a medidas de contingencia para el suministro de energía, agua y apoyo en salud. Como hay poco personal, frente a la gran cantidad de reclusos, la situación se hace más difícil.

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El hacinamiento

Este informe de la Procuraduría local se une al que había publicado el fin de semana pasado la Defensoría del Pueblo, en el que advirtió que el hacinamiento en los centros de reclusión transitoria en Cartagena es del 233 por ciento en promedio, y en algunos supera el 400 por ciento. La Procuraduría también evidenció que la ocupación en estos centros supera por mucho su capacidad. 

En las celdas de Bellavista; Virgen y Turística; la Estación Caracoles y Caribe Norte, según los cálculos de la Procuraduría, a casi todos los reclusos les corresponde por área menos de un metro cuadrado, e incluso, a algunos ni medio metro.

La mayor ocupación se reporta en Caribe Norte, en donde la Procuraduría notó que hay tres mujeres detenidas “en un espacio totalmente expuesto a la intemperie”, que se inunda con las lluvias al encontrarse en un punto aislado en la estación de policía. El área no tiene servicio sanitario, por lo que estas mujeres deben ser trasladadas por el personal de custodia a un baño “en condiciones deplorables”. Dos de las mujeres informaron que una de sus compañeras “hace sus necesidades en la celda y lanza sus eses a la caneca de basuras, situada al lado”. 

En cuanto a la permanencia en estos centros, la información revela que 30 personas privadas de la libertad llevan menos de un mes de detención, 237 entre un mes y cinco meses de detención, 153 entre seis y 12 meses y 29 más de un año. Incluso hay personas que llevan detenidas hasta 17 meses.

Jalón de orejas a la Alcaldía de William Dau  

La Procuraduría recordó que el Gobierno, por medio del decreto 804 del 4 de junio de 2020, “estableció medidas para la adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de detención a cargo de los entes territoriales”. Sin embargo, las condiciones actuales de estos sitios en Cartagena no solo vulneran los derechos de las personas detenidas, sino también del personal de custodia y de las familias.

La pésima infraestructura penitencial y judicial también son una amenaza para la seguridad de Cartagena, una ciudad con crecimiento del hurto del 73 por ciento, violencia intrafamiliar en un 50 por ciento y con más de 14 homicidios por hurto en lo corrido de 2021.

“No ha sido ajena la administración distrital de esta situación cuando en cuatro consejos de policía judicial se ha manifestado, por parte de las diferentes autoridades, la situación con estos centros transitorios de detención”, señaló el informe. 

Pese a las acciones antes mencionadas, la Procuraduría evidencia que las condiciones se agravan cada día. De ahí que la solicitud al alcalde es tomar la medidas urgentes, “entregando un Plan de Acción que debe contar la asignación de los recursos suficientes y necesarios”.

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