De acabar Nueva EPS, Estado y cajas perderían 2,4 billones de pesos

La propuesta del Gobierno entrante de Gustavo Petro de eliminar las promotoras de salud, como la Nueva EPS –la más grande e importante del país–, además de ser un proceso complejo y lento, podría traer pérdidas y detrimentos al propio Estado, a las cajas familiares y a las comunidades indígenas.

En la actualidad, la mitad de la Nueva EPS (49,99 por ciento), presente en 1.100 municipios, tiene a 60.000 empleados y una red de más de 2.000 prestadores, y es propiedad del Ministerio de Hacienda. La otra mitad, más una acción, es de las cajas de compensación Cafam, Colsubsidio, Compensar, Comfandi, Comfenalco Valle y Comfenalco Antioquia. Es decir, los socios del Estado son entidades sin ánimo de lucro.

En caso de que en el futuro se decidiera liquidarla, le significaría a la nación y al sector solidario no solo la pérdida de un patrimonio importante, sino de una empresa con más de 30 años de antigüedad que, para 2021, según la Superintendencia de Sociedades, reportó ingresos operacionales por 12,3 billones y activos por 6,1 billones de pesos; además de una capacidad de acción en la salud que al propio Gobierno le ha tomado más de 50 años de trabajo e inversiones.

Adicionalmente, la Nueva EPS fue la empresa de salud que más ingresos reportó, acorde con el informe de 2021, entre 1.000 empresas de la Superintendencia de Sociedades.

Pero esta no es la única empresa con participación pública. También lo están Capital Salud EPS, que opera en Bogotá con propiedad mayoritaria de la ciudad, y Savia Salud. Otro grupo de siete EPS son de las cajas de compensación (Comfenalco Valle, Compensar EPS, Cajacopi Atlántico, Comfachocó, Comfamiliar, de La Guajira; Comfamiliar Huila y Comfaoriente). Y cuatro pertenecen y atienden a minorías étnicas como las EPS Asociación de Indígenas del Cauca, Anas Wayuu, Mallamas y Pijaos Salud. Es decir, que solo 12 de las 33 EPS habilitadas son privadas.

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“También somos parte del Estado”

Como se sabe, la Nueva EPS reemplazó al antiguo Instituto de Seguro Sociale (ISS), fundado en 1946 y que acumulaba enormes pérdidas y problemas operativos. Incluso, con los ajustes que se le hicieron para mejorarlo, después de la Ley 100 de 1993, nunca pudo salir de las dificultades. Para 2005, el ISS acumulaba pérdidas y deudas superiores a los 2 billones de pesos.

El Estado, en ese momento, en vez de liquidar, decidió mantenerlo para garantizar el aseguramiento y regular precios, entre otros. Así que vinculó varias cajas de compensación, con el fin de que aportaran recursos y experiencias, además de crear una nueva entidad.

Hoy, la Nueva EPS tiene cerca de 9,5 millones de afiliados en el régimen contributivo (casi el 20 por ciento), mientras que en el subsidiado cuenta con cerca de 4,3 millones. Es la entidad de salud con más enfermos de alto costo y enfermedades crónicas en el país.

Si lo que más molesta a los más puristas es la presencia de las empresas prestadoras de salud (EPS) en la intermediación que hacen entre el Estado, pacientes y prestadores a cambio de una retribución que no puede superar el 10 por ciento de los recursos que manejan, el hecho de que haya varias entidades en las que el Estado tiene propiedad rompe esta premisa y debería abrir un debate de cuánto perderían el país y los colombianos si la Nueva EPS y otras desaparecieran.

“Nosotros también somos parte del Estado y somos un actor que tiene que ser escuchado a la hora de las decisiones. Si lo que quieren es crear brigadas de salud en los barrios, médicos familiares o mejorar la atención en zonas rurales y pobres, nosotros tenemos experiencias y capacidades para ayudar”, le dijo a este medio un importante directivo de una de las EPS públicas.

“Es necesario saber con claridad qué funciona, para reforzarlo, y cambiar lo que no sirva. No se puede hacer un borrón y cuenta nueva, y la palabra clave en este proceso será ‘transición’”, le dijo a Diario Criterio Germán Velásquez, subdirector del South Centre y uno de los mayores expertos en el mundo en acceso a medicamentos.

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Acuerdo social en torno a la salud

En ese proceso, además de tener en cuenta a todos los actores (EPS, IPS, profesionales de la salud, prestadores…), los ciudadanos –los pacientes– tienen que ser escuchados: si algo ha quedado claro es que se requiere construir un nuevo acuerdo social en torno a la salud, más cuando el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad. Esto, porque entregarles a las secretarías de Salud lo que las grandes EPS hacen puede ser una hecatombe.

En los casi 30 años del sistema actual, la historia ha dejado en claro que una parte de las EPS ha sido fuente de corrupción y de abuso de posición dominante, de integraciones verticales financiadas con los recursos de la salud en detrimento de los pacientes y del robo de recursos, como ocurrió en el caso de Saludcoop, SolSalud, Cafesalud, entre otras. Sin embargo, la mayor presencia y control del Estado ha hecho que cada vez haya un grupo de empresas sólidas que muestran un panorama diferente.

Precisamente, uno de las propuestas que hay sobre la mesa es que quedan unas pocas y grandes EPS que permitan una mayor vigilancia y control. La pregunta es si en todas debe existir una participación del Estado o, por lo menos, de las cajas de compensación, para que pueda haber ese equilibrio, tensión y colaboración entre el sector privado y el público, lo que parece ser una de las fórmulas que mejores resultados ha tenido en el sistema.

Otras EPS grandes como Sanitas, Sura, Salud Total, Coosalud, Compensar o Famisanar hoy son jugadores importantes y han ido asumiendo un papel creciente en la medida que el propio Gobierno ha liquidado a otras empresas de este tipo.

En la actualidad, por ejemplo, EPS Sura atiende a cerca del 60 por ciento de la población en Medellín y el Valle de Aburrá. Así mismo, otras entidades son responsables de coordinar la prestación de los servicios de salud a una parte importante de la población en las diferentes regiones.

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Articulación, en manos del Estado

“El ‘Excel’ y el ‘Power point’ lo aguantan todo, pero la realidad es diferente”, le dijo un exsecretario de la cartera de Salud a Diario Criterio.

El exfuncionario, que pidió reserva de su identidad, agregó que, “por ejemplo, tras el paso del programa de salud de Petro en la Alcaldía de Bogotá, el sistema quedó totalmente desfinanciado y en crisis. Hoy, el 90 por ciento de los habitantes está afiliado a una EPS y la Secretaría de Salud ni siquiera es capaz de responder por sus obligaciones, como se vio en la pandemia del covid, como para pensar que puede asumir, en unos años, el trabajo que hoy realizan más de diez EPS, ni mucho menos con modelos de salud barrio adentro, colectivos de salud o médicos de familia”.

Las EPS responden por la salud de más de 20 millones de colombianos, realizan 1.500 millones de atenciones al año y tienen comprometidos más de 23 billones de pesos en pasivos y reservas para operar. Por su parte, las quejas pueden ascender a las 700.000 al año, y las tutelas, a unas 40.000.

No hay discusión sobre el hecho de que se requieren ajustes y cambios.

Y no hay dudas de que el servicio de salud en muchas zonas rurales y pobres es inhumano; que es urgente formalizar la relación con todo el personal de la salud y mejorar los salarios. Que los pacientes sean sometidos a largas esperas, atendidos en pasillos o sillas, y las dilaciones para recibir medicamentos, procedimientos y citas con especialistas son cosas imperdonables. Y que la autonomía médica haya desaparecido bajo el constreñimiento de las EPS con el fin de reducir gastos, mientras los entes de vigilancia parecen hacerse los de ‘la vista gorda’, es, cuando menos, inmoral.

Pero, ¿la solución está en liquidar todas las EPS y modificar totalmente el sistema de salud? Estas y otras preguntas son las que se deberán abordar en un debate nacional que apenas comienza.

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