Reforma tributaria 2.0: mucho anuncio y Power Point, pero aún falta claridad

Con una meta de recaudo tasada en 15,2 billones de pesos, la nueva iniciativa cuenta con un amplio respaldo en el Congreso; sin embargo, aún quedan fantasmas de la reforma Carrasquilla. ¿Serán las pymes las grandes sacrificadas?

El Gobierno nacional lanzó este martes una agresiva campaña mediática para promocionar su nueva propuesta de reforma tributaria, bautizada Proyecto de Inversión Social. Como aún no se conoce el documento oficial, la propuesta parece, por ahora, solo una campaña publicitaria.

El presidente Iván Duque, por ejemplo, anunció con una visible emoción la nueva propuesta, utilizando en varias oportunidades palabras como: ‘alegría’, ‘celeridad’ y ‘responsabilidad’ para entusiasmar a la audiencia que lo acompañaba, junto al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

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En todo caso, y apenas con los rumores, ya las opiniones están divididas. Mientras que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, apoyó la iniciativa —como lo ha hecho últimamente con algunos anuncios del Gobierno—, otras voces manifestaron su preocupación.

Entre esas está la de la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, quien aseguró que el Gobierno por ahora solo ha revelado las “trivialidades” de la nueva reforma tributaria.

El grueso de los partidos de gobierno también respaldaron la iniciativa, lo que parece una buena señal de cara al debate que tendrá en la cuarta legislatura. Algunos integrantes del uribismo, afines a Duque, calificaron la reforma como “moderada”.

No obstante, y en honor a la verdad, por ahora todo es especulación, pues el proyecto oficial solo será conocido el próximo 20 de julio, cuando el Gobierno lo radique ante el Congreso, muy probablemente con un mensaje de urgencia. En todo caso, hay varios puntos que se destacan de la propuesta preliminar.

Recaudo por 15,2 billones de pesos provenientes de:

• Un plan de austeridad que aportará el 15 por ciento.

• Control a la evasión de impuestos que aportará el 40 por ciento.

• Recorte de exenciones dadas al sector privado en la reforma de 2019: se trata de un incremento en el impuesto de renta hasta del 35 por ciento y la disminución a la mitad del subsidio al ICA, que venía haciendo el Gobierno y que cubría el 100 por ciento de dicho tributo (uno de los más polémicos de la reforma del 2019).

• Aporte del sector bancario, que de manera temporal dejará de percibir 0.5 billones de pesos por un año.

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Tanto el ministro de Hacienda como el presidente Duque justificaron la reforma diciendo que los dineros a recaudar permitirán mantener el programa de ingreso solidario hasta 2022, financiar el programa de Matrícula Cero y profundizar los programas de empleo, particularmente extendiendo el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).

Aunque estos tres proyectos son importantes, expertos consultados por Diario Criterio advirtieron que no justifican completamente una reforma de esta dimensión, entre otras cosas porque existen varias alternativas de financiación.

La primera y más práctica sería echar mano de los 18,7 billones de pesos —el 1,87 por ciento del PIB—, que no fueron ejecutados de la vigencia fiscal 2020 en poder del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y que el artículo 39 de la Ley 2063 de 2020 autoriza al Gobierno para emplearlos durante la vigencia 2021.

Cabe señalar que todo esto quedó expuesto en el proyecto de ley Renta Básica Ampliamente Focalizada y Permanente (RBFP), actualmente en discusión en el Senado, presentado por el senador Iván Marulanda. La iniciativa plantea la unificación de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor e Ingreso Solidario en uno solo programa.

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Los lunares de la nueva tributaria

Como en la gran mayoría de proyectos de reforma tributaria lo más importante está en la letra pequeña, conviene analizar algunos detalles que empiezan a preocupar a varios sectores.

Hace algunos meses, cuando se discutía el proyecto de ley de Solidaridad Sostenible del entonces ministro Alberto Carrasquilla, Diario Criterio, en varios artículos, profundizó sobre el propósito fundamental de esa reforma, que a la postre le costó el cargo.

En ese momento se advirtió que, además de intentar imponer un absurdo IVA del 19 por ciento a la clase media sobre los servicios públicos, los puntos centrales eran modificar tanto la regla fiscal como la normatividad preelectoral.

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El objetivo habría sido darle al Gobierno, por un lado, la opción de gastar más sin importar el déficit fiscal —por ejemplo, recibiendo más préstamos de la banca multilateral— y, por otro lado, concediéndole poderes especiales para suprimir, reformar o enajenar empresas del Estado que generan dinero rápido y cupos burocráticos importantes en época preelectoral. Lo paradójico del caso es que el ministro Restrepo anunció que ambas medidas irán en el nuevo proyecto.

También preocupa que quienes mayor sacrificio tendrían que hacer en la nueva reforma serían las empresas medianas y pequeñas.

Por otro lado, los anuncios de lo que puede ser la nueva reforma apuntan más a enmendar los errores y consecuencias que se crearon en la Ley de Financiamiento de 2018 que generó un hueco fiscal de entre 11 y 14 billones desde 2019. 

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Asimismo, parece que este nuevo proyecto hará muy poco para demostrarles a las calificadoras de riesgo internacional, que influyen en el costo del dinero y de la deuda, que el Gobierno realmente está preocupado por sentar las bases de una política de gasto y tributación técnica, equitativa y sostenible. Si no existe un cambio en este aspecto, el país no se demoraría años, sino lustros, en recuperar la calificación de inversión.

En conclusión, la nueva reforma tributaria del Gobierno es, por ahora, solo un cúmulo de anuncios de un proyecto que cuenta con buen ambiente y publicidad, pero que no deja de generar preocupación y que tiene a muchos esperando con ansias el articulado, para saber finalmente de cuáles cuentas y bolsillos saldrá la plata que terminará en manos del Estado.