La ONU desnuda a Colombia

Julio César LondoñoJulio César Londoño

Lo dijo con todas sus letras el informe de la ONU del 13 de septiembre: la Policía es responsable de la muerte de once manifestantes entre el 9 y el 10 de septiembre de 2020 en Bogotá. Para rematar, el exdefensor del pueblo y miembro de la comisión que investigó los hechos, Carlos Negret, lo dijo con las peores letras, «MASACRE», una palabra que este gobierno considera muy chocante, quizá porque rima con «sangre» y contiene un fonema muy fuerte, «R». Es por esto que el manual de estilo de la Casa de Nariño nos aconseja utilizar una expresión más dulce, «homicidio colectivo».

Lo cierto es que todos vimos los videos de policías que disparaban sus armas contra la multitud (y no en tiro parabólico) y que golpeaban a los transeúntes con franco entusiasmo, y todos escuchamos las protestas de la alcaldesa Claudia López reprobando la brutalidad de la intervención de la Fuerza Pública. El informe también recalca que las autoridades civiles no tuvieron el control de los uniformados, quienes solo obedecían órdenes de sus mandos superiores.

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De inmediato la canciller rechazó el informe de la ONU con el brillante argumento de que Carlos Negret, que hizo parte de la comisión que estudió el caso, es candidato al Senado y por lo tanto «anda en campaña política». Otra vez el manido truco de enlodar al acusador. Sí, doña Marta Lucía, tiene razón, ser senador es una profesión delictiva, pero considere que Negret es apenas un aspirante a esa deshonra; por lo pronto es una persona de bien. Además, su trabajo en defensa de los líderes sociales fue reconocido dentro y fuera de las fronteras del país, al contrario de lo que ha sucedido con el defensor actual, Carlos Camargo, que se fue de vacaciones en pleno paro nacional, defendió más a la Policía que a los manifestantes y protagonizó un oso viral cuando quiso justificarse en una entrevista en vivo.

Como se recordará, las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre se produjeron por la indignación nacional ante el asesinato del abogado Javier Ordóñez en la noche del 8 de septiembre de 2020. Desde esa misma noche circuló en redes sociales el video que mostraba la salvaje agresión de dos policías contra Ordóñez. Los policías lo sometieron, lo arrojaron al suelo, lo pusieron bocabajo y, mientras uno de ellos le ponía una rodilla en la espalda y le aplicaba descargas de taser, el otro le daba bolillazos en la cabeza. El hombre pidió clemencia con un hilo de voz cada vez más débil durante dos largos minutos. En respuesta, los policías le redoblaron los golpes y las descargas eléctricas. Finalmente lo subieron a un carro de la Policía y se lo llevaron para un CAI.

Para ver algo más fuerte, algo más inhumano y angustiante, hay que buscar el video de la muerte por asfixia de George Floyd (ocho minutos) o la secuencia de la interminable violación anal que sufre Mónica Belluccci en «Irreversible», los nueve minutos más largos de la historia del cine.

Si los policías fueron capaces de semejante barbarie en plena vía pública, en la intimidad del CAI fueron mucho más proactivos. La necropsia reveló que Ordóñez tenía estallado el riñón derecho, contusiones en el colon, trauma abdominal, lesiones por elemento cortopunzante en la espalda y el tórax, herida por arma de fuego en la pierna derecha y fracturas en el cráneo.

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La brutalidad de la Fuerza Pública no es nueva, es una tradición nacional, pero esta administración se ha distinguido no solo por la crueldad de sus métodos contra el ciudadano, sea este manifestante, transeúnte o vendedor ambulante, sino también por la insensibilidad de las declaraciones de sus funcionarios ante las tragedias humanas, e incluso por la exaltación de los victimarios.

Así, el 16 de septiembre de 2020, apenas tres días después de las masacres, el presidente Duque consideró que era de muy buen tono visitar una estación de Policía vistiendo la chaqueta de la Institución. Al general Nicacio Martínez, redactor de una circular que casi revive la pesadilla de los falsos positivos, lo ascendió y lo puso en un cargo diplomático. El brigadier general Juvenal Días Mateus, que tiene una investigación abierta porque sus hombres les dispararon a los manifestantes durante una manifestación (Quibdó, febrero de 2021), acaba de ser ascendido en el marco de la controvertida promoción colectiva de 46 oficiales que tuvo lugar el 2 de diciembre en la Comisión Segunda del Senado, célula legislativa que jamás ha reprobado un ascenso. 

La ofensiva de la ONU no paró con el informe del 13 de diciembre. El jueves 15 entregó un segundo informe, este sobre el paro nacional que se desarrolló entre el 28 de abril y mediados de julio: «Hay razones fundadas para sostener que se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos, tales como retenciones arbitrarias, homicidios y  violaciones a la integridad y la seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; también hubo decenas de casos de violencia sexual y de género y actos de discriminación y racismo» (esto último es una clara alusión al apoyo de la policía a los «pistoleros de bien» que dispararon contra los indígenas en Cali el 9 de mayo en las narices de la Policía).

El informe precisa que en el curso de las manifestaciones la comisión de la ONU recibió denuncias sobre 63 muertos, verificó 46 de estos casos (44 civiles y dos policías) y concluyó que hay «motivos razonables para afirmar que al menos 28 de estas muertes eran responsabilidad de la policía».

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Para la redacción de este segundo informe, la ONU hizo 623 entrevistas a víctimas y testigos y practicó análisis forense a 83 videos seleccionados de una colección de 2.414 piezas tomadas de las páginas de diferentes portales de prensa del mundo o proporcionados directamente por testigos particulares o por ONG. El informe reseña también actos de violencia de los manifestantes contra policías y bienes públicos y privados, los bloqueos de calles y carreteras que ocasionaron desabastecimiento de productos esenciales «o impidieron el ejercicio y disfrute de derechos humanos», pero subraya que la mayoría de los 12.347 sucesos de protesta del paro nacional fueron pacíficos y contaron con el apoyo de un amplio sector de la población.

Nota. El informe no registra las decenas de lesiones oculares que sufrieron los civiles en las protestas, ni que la Policía torturaba a los manifestantes, como lo prueba un video difundido por la misma Policía, ni que en Buga y en Siloé (zona deprimida en las laderas del oeste de Cali) hubo sobrevuelos de helicópteros que dispararon sobre la población.

Esta vez la cancillería reaccionó de manera inteligente. No vociferó, como lo hizo ante el primer informe. Dijo que recibía las observaciones de la ONU «con el mayor sentido de responsabilidad», pero no hizo mención alguna a la denuncia sobre los excesos de la Policía y destacó solo las líneas protocolarias y benévolas del informe, como el reconocimiento de la ONU a la colaboración que el gobierno les prestó a sus misiones de investigación. Aseguró que hay «tolerancia cero» ante los abusos de la Fuerza Pública, que el gobierno trabaja en medidas de prevención de abusos, de sanción a los responsables y de reparación a las víctimas, y que nada esto es «mera retórica».

En suma, el gobierno respondió con el cinismo que lo caracteriza mientras que los procesos de investigación, juicio y sentencia avanzan a la colombiana, es decir, en franca reversa. Ni siquiera están resueltos los casos más emblemáticos, donde la evidencia de los abusos de la Policía es abrumadora.

La investigación de la muerte de Dilan Cruz, por ejemplo, ya completó dos años rodando en esa bicicleta estática de las dilaciones y las maniobras de la justicia colombiana. El argumento de la defensa parece diseñado por un ente acusador: «El capitán Manuel Cubillos del Esmad no actuó con intención homicida. Disparó contra la multitud una bean bag» (un cartucho de 40 gramos de peso con bolas de acero cuya velocidad de salida es de 80 metros por segundo) «y Dilan se atravesó en la trayectoria del proyectil». Es como proponer la hipótesis de que si Dilan no se atraviesa el muerto habría sido cualquier otro manifestante. No se sabe qué es más absurdo: que la defensa esgrima semejante «argumento», o que ese bumerán le esté funcionando.

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Por los sucesos de septiembre 9 y 10 de 2020, hoy, un año después, solo hay siete imputaciones a pesar de que existen centenares de indicios tan fuertes como los que incriminan al patrullero John Antonio Gutiérrez, que reportó la pérdida de 15 balas en el curso de los enfrentamientos con los manifestantes, con la desafortunada casualidad de que los forenses encontraron munición del mismo tipo que la suya en los cuerpos de varios jóvenes asesinados en la zona que cubrió el patrullero.

A Andrés Escobar, el más famoso de los «pistoleros de bien» de Cali, la Fiscalía se había limitado, en nueve meses, a escucharlo en versión libre. Ahora tendrá que imputarle cargos, presionada por la demanda instaurada contra Escobar por Elmer Montaña, un destacado penalista de esta ciudad.

Los líderes más recalcitrantes de la extrema derecha han vuelto con sus fábulas y sus descalificaciones contra la ONU, léase «pérfido Organismo adscrito al Foro de Sao Paulo y empeñado en desprestigiar el gobierno del presidente Duque». Para ellos, y por culpa de la ONU, el país entra al club de las naciones injustamente estigmatizadas en materia de derechos humanos, junto con Venezuela, Nicaragua, Nigeria, Congo, Pakistán y Afganistán y otros baluartes de la democracia mundial.

Los informes de la ONU no han hecho sino confirmar el repudio del mundo contra el manejo que el gobierno colombiano les da a las manifestaciones, y poner de nuevo en evidencia que los derechos humanos son el papel toilete de la Policía.

La buena imagen que alcanzó el país gracias a los Acuerdos de Paz se perdió por completo en los últimos tres años. Con esmerada torpeza, Duque calcula que puede recuperarla haciendo declaraciones edulcoradas y falaces sobre la paz, la ecología y los Derechos Humanos en los foros internacionales. Se equivoca. La barbarie de su gobierno ha sido tan atroz que ha conmovido al mundo. Las consecuencias son evidentes en las bajas notas que nos dan las calificadoras de riesgo y los observatorios sociales, y en las caídas en barrena de su popularidad y la de su mentor, el otrora omnipotente Álvaro Uribe.

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