Jalón de orejas de la ONU a Colombia para que proteja a líderes sociales y excombatientes

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió atender de manera urgente el tema para frenar el asesinato de más excombatientes de las Farc.

Al presentar el informe ante el Consejo de Seguridad, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, señaló que “proteger la vida es la finalidad primordial de cualquier proceso de paz. En el caso de Colombia, la importancia de llevar a cabo acciones efectivas para lograrlo es aún más evidente ante la violencia que enfrentan las comunidades, los líderes sociales y exintegrantes de las Farc-EP”. 

Seguridad para los excombatientes 

El documento evidencia que desde la firma del Acuerdo de Paz son 262 los excombatientes asesinados -en realidad 276 porque después de la publicación se sumaron 14 asesinatos más-.  La mayoría de los estos hechos de violencia se concentran en 25 municipios de Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Meta, Putumayo, Valle del Cauca, Norte de Santander y Guaviare. Además de los asesinatos, se han reportado 59 tentativas de homicidio y 21 desapariciones forzadas de excombatientes. El 75 por ciento de los asesinatos ocurrieron en zona rural.

El documento reconoce que la concentración de la violencia en algunas regiones se debe a la escasa presencia del Estado, a la pobreza y la proliferación de actores armados ilegales que se disputan las economías ilícitas. También aborda otros puntos fundamentales para la implementación: solo el 47 por ciento de los excombatientes están vinculados a proyectos productivos colectivos e individuales, por lo que ONU hizo un llamado para acelerar este proceso. “El principal desafío es el acceso de los excombatientes a tierras, que es esencial para la sostenibilidad del proceso de reincorporación”, dijo Gutierres. 

De igual forma, el informe llama la atención sobre la necesidad de trasladar los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Puerto Asís (Putumayo), Miranda y Buenos Aires (Cauca) para garantizar la seguridad de los firmantes.

Por su parte, el representante Ruiz manifestó que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) deben complementarse con el desarrollo de la Reforma Rural Integral y habló de la necesidad de llevar “oportunidades productivas sostenibles a más familias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)”. 

¿Qué dijo el Gobierno?

Durante la presentación del informe, el Gobierno colombiano, a través de la canciller, Claudia Blum, dijo que la existencia de disidencias debía considerarse “un incumplimiento de la antigua guerrilla convertida ahora en partido político”, afirmación que generó todo tipo de críticas y de hecho que hay más de 13.000 excombatientes en el proceso de reincorporación. 

Tan polémicas fueron las declaraciones de Blum que el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, tuvo que salir a aclarar la situación: “algunos de los miembros de las Farc nunca se acogieron al proceso y otros como el Paisa, Romaña, o Santrich que pretendieron acogerse, abandonaron el proceso. Son ellos los que tienen que responder individualmente y esta no es una responsabilidad del partido Comunes”. Y agregó que esas violencias no se pueden atribuir a un incumplimiento del Acuerdo por parte del Gobierno, ya que grupos como el autodenominado Clan del Golfo, los Caparros, los Pelusos o el ELN, que hoy operan y asolan varias regiones del país, existían desde antes. 

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Proteger la vida de los líderes y defensores de Derechos Humanos 

Este aumento de hechos violentos también se evidencia en el asesinato de líderes y defensores de Derechos Humanos. Durante el mismo periodo que comprende el informe (28 de diciembre de 2020 al 26 de marzo de 2021), la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre 25 homicidios (incluidos seis líderes indígenas). De hecho, en la última semana la Jurisdicción Especial para Paz (JEP) denunció que desde la firma del Acuerdo han sido asesinados 904 líderes. 

Frente a esto, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición -conformado por la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas- le solicitó a la Defensoría del Pueblo realizar un informe en el que detalle la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que atentan contra los líderes sociales y excombatientes. Además, piden que se emita una resolución defensorial en la que se formulen recomendaciones a las instituciones del Estado y a la sociedad. 

Según la ONU, el 78% de los asesinatos de líderes sociales y defensores se presentan en zonas rurales, el 98% en municipios con economías ilícitas -en especial producción de drogas y minería ilegal- y el 45% en municipios PDET. 

Aumento de la violencia en el país

El informe también llama la atención sobre la violencia, especialmente, contra comunidades afrocolombianas e indígenas en el Pacífico colombiano que se evidencia en un aumento en los confinamientos y desplazamientos.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por su sigla en inglés) este año -con corte al 16 de abril- se han desplazado 16.601 personas, el 35% son afrocolombianos y el 7% indígenas. Entre enero y marzo hubo un aumento del 84% en los desplazamientos respecto al mismo período de 2020. Los departamentos de la región Pacífica concentran el 56% de los eventos y el 86% de los afectados. 

Otras 18.958 personas han sido víctimas de confinamiento como mecanismo de protección o por imposición de grupos armados, lo que representa un aumento del 142% respecto al primer trimestre de 2020. La OCHA señala que, particularmente, las poblaciones de Murindó, Frontino y Dabeiba (Antioquia), Argelia (Cauca), Bojayá, Alto Baudó y Bagadó (Chocó) y El Charco (Nariño) han sido revictimizadas por los confinamientos. 

El aumento de la violencia ya se evidenciaba en las cifras de 2020. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el año pasado se documentaron 76 masacres en las que asesinaron a 292 personas, el registro anual más alto desde 2014. Un panorama similar reveló el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia (CICR) en un informe publicado el 24 de marzo, en este reportan un incremento en las víctimas de artefactos explosivos, en total 389, el número más alto de los últimos cuatro años; 21.307 personas desplazadas y 28.123 confinadas. 

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También preocupa la violencia contra miembros de diversos partidos políticos, incluido el asesinato del concejal Fermiliano Meneces en Argelia (Cauca) que generó el desplazamiento de 11 concejales en enero. Frente a estos hechos, el informe resalta la importancia de hacer uso del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, más aún teniendo en cuenta que se aproximan las elecciones de 2022.

Este escenario de riesgo en el Cauca había sido advertido en octubre del año pasado por la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana 047 de 2020. El documento reveló que además de los políticos, también estaban expuestos servidores públicos, líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, miembros de juntas de acción comunal y campesinos en Argelia, El Tambo y Balboa.

“Colombia se verá inmersa en los próximos meses en una campaña política que coincide con un entorno complejo provocado por la pandemia del Covid-19. Esta circunstancia, sin precedentes, requiere que todos los actores políticos y la sociedad colombiana recurran al diálogo y a los medios democráticos para resolver sus diferencias”, asegura el informe de la ONU, que también hace un llamado a aprobar la política pública de desmantelamiento de grupos armados ilegales y a fortalecer la Unidad Especial de Investigación.