ONU apoya la política de drogas de Petro
El alto comisionado de los Derechos Humanos para la ONU resaltó la “magnitud abrumadora” de los pendientes con los acuerdos de paz, entre los más graves, homicidios, masacres, desplazamientos y discriminación.
En una corta visita al país, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, habló sobre los retos que el país afronta en la materia.
“El camino para dejar atrás décadas de conflicto y su legado será indudablemente largo para Colombia, y a veces arduo (…) Sin embargo, dejo Colombia con optimismo y mucha esperanza para el país”, aseguró el alto comisionado, al concluir su visita oficial.
Durante su estancia, Türk mantuvo entrevistas con miembros del Gobierno colombiano, entre ellos, el presidente, Gustavo Petro; representantes de la sociedad civil, de las comunidades indígenas, afrodescendientes y grupos de defensores de los derechos humanos, donde pudo constatar que “la magnitud de los desafíos es abrumadora”.
Los problemas que no cesan
Türk mencionó que los problemas de Colombia, incluyendo el racismo y la discriminación, profundamente enraizados, llevan décadas incrustados, incluso siglos. “Y, como lo escuché de representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes, continúan también en el presente”, señaló.
Los niveles de violencia que las comunidades sufren por parte de diversos grupos armados son difíciles de imaginar, de acuerdo con el alto comisionado, que indicó que el desplazamiento, el confinamiento, la violencia sexual y basada en género; y las masacres “forman parte de su cotidianidad”.
Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en 2022, cerca de 102.000 personas no pudieron salir de sus comunidades o entrar a ellas, lo cual generó aislamiento y falta de acceso a asistencia humanitaria.
Adicionalmente, 82.860 personas fueron desplazadas el año pasado.
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“Es importante que todos los actores armados garanticen el acceso humanitario que las comunidades tanto necesitan. En un conflicto armado, todas las partes deben actuar de conformidad con sus obligaciones y responsabilidades en virtud del derecho internacional humanitario, y respetando el derecho internacional de los derechos humanos, cuando sea aplicable”, enfatizó Türk.
Asimismo, comentó que, desde la pandemia, se ha visto un incremento gradual de la violencia en zonas rurales, donde la presencia del Estado es débil o inexistente.
“No tengo ninguna duda de que es necesario consolidar el Estado de derecho, en áreas particularmente afectadas por la violencia y el conflicto, a través del fortalecimiento de la presencia y capacidad de instituciones estatales civiles”, agregó.
Por ello, recomendó tomar “medidas decisivas, incluido el desmantelamiento de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, que son los principales responsables de esta violencia”.
Sin embargo, pese a todos esos desafíos, Türk observó una serie de aspectos positivos.
Apoyo a la política de drogas
“En mi reunión con el presidente Gustavo Petro (…), saludé la nueva política de ‘paz total’ de su Gobierno, incluido el compromiso de implementar plenamente el acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). También acogió con beneplácito la reanudación del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, afirmó el Alto Comisionado, que ofreció la experiencia de su Oficina para acompañar las negociaciones y brindar asesoría sobre derechos humanos.
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En relación con esas negociaciones de paz, indicó que es importante que las autoridades colombianas garanticen que las negociaciones con el ELN y los diálogos con otros actores armados “integren los derechos humanos desde su inicio”.
“Como escuché en mis reuniones con representantes de la sociedad civil —contó. Türk—, las negociaciones deben incluir un enfoque específico en las víctimas y comunidades afectadas, y su participación debe ser garantizada. La participación integral de las mujeres en los diálogos de paz será crucial”, explicó.
Con la propiedad de tierras como una de las causas subyacentes de los conflictos de varias décadas, Türk consideró esencial que se implemente la reforma rural como fue planteada en el acuerdo de paz con las Farc.
Y respecto de la violencia, la política de drogas fue otro de los asuntos que abordó en su reunión con el presidente Petro.
El alto comisionado le expresó su apoyo para el cambio de enfoque de la política de drogas, de un enfoque principalmente punitivo, a un enfoque más social y basado en la salud pública.
“Al tratar una de las causas de la violencia en Colombia, este enfoque puede ser fundamental para una mejor protección de los derechos de las comunidades campesinas, indígenas, y afrodescendientes. Un enfoque basado en la salud pública podría servir mejor a las personas usuarias de drogas, a nivel nacional y global”, dijo.
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Prolongar la presencia de la ONU en Colombia
Türk también participó en una ceremonia en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde firmó un nuevo Acuerdo de Sede, renovando la presencia de su Oficina en Colombia hasta el 2032.
“Me gustaría expresar mi profunda gratitud al Gobierno por este acuerdo, que nos permitirá continuar, y espero fortalecer, nuestra labor aquí”, aseguró.
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La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia es una de las más grandes y antiguas, con casi 26 años de seguimiento a los eventos relacionados con los derechos humanos, además de intermediar entre las comunidades y el Estado.
“Este empeño, por supuesto, continuará”, declaró Türk.
Para el alto funcionario, la reforma del sector de seguridad —incluyendo la policía— es otro tema clave. Por ello, valoró que el Gobierno haya expresado su voluntad de asumirla con un enfoque basado en el respeto para los derechos humanos.
Récord de homicidios y masacres
En ese contexto, anunció que su Oficina espera firmar pronto un memorando de entendimiento con el Ministerio de Defensa para proveer asistencia en la integración de normas y estándares internacionales de derechos humanos en el accionar de las fuerzas de seguridad.
En 2022, la Oficina de ONU Derechos Humanos en Colombia verificó 83 masacres y 112 homicidios de personas defensoras de derechos humanos.
Señaló, además, que el Gobierno se compromete a tomar pasos positivos para garantizar que quienes han estado históricamente marginados y excluidos puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos, incluyendo la política social, el sector de seguridad, la protección del medioambiente y la política de drogas.
“Espero que el nuevo Ministerio de la Igualdad y la Equidad pueda impulsar la implementación de las políticas que tanto se necesitan para acabar con la discriminación”, afirmó.
“El cielo azul después de un huracán”
Türk también tuvo palabras para las personas defensoras de derechos humanos desempeñan un papel importante al alzar la voz de los más vulnerables y, tras destacar los riesgos que corren, consideró alentador saber de las medidas importantes de emergencia implementadas por el Gobierno, por solicitud de la sociedad civil, para abordar su protección.
Tras observar todos estos aspectos positivos, el alto comisionado comentó que, durante sus reuniones con representantes de la sociedad civil, estos le expresaron su esperanza sobre el futuro.
“Uno describió tener la sensación de ver el cielo azul después de un huracán”, contó.
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