El lío del padrastro de James evidencia el poder intocable del fútbol colombiano

La Corte Constitucional suspendió, de manera provisional, los efectos del fallo que ordenaba entregar el reconocimiento deportivo al Real Sincelejo, club de Juan Carlos Restrepo, padrastro de James Rodríguez. La magistrada que elaboró esa decisión fue integrante de una comisión de la Dimayor.

La decisión del alto tribunal se emitió a través de un auto de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, en respuesta a una solicitud de medida provisional que presentaron la Federación Colombiana de Fútbol y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

Este auto revive un debate que ya había planteado Diario Criterio: el poder de los directivos del fútbol colombiano y sus vínculos con magistrados de las altas cortes. Ortiz Delgado fue integrante de la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor, situación que para algunos era suficiente argumento para que ella se marginara de pronunciarse respecto al pleito con el Real Sincelejo.

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“Ella está tomando decisiones sobre las cuales, evidentemente, debe declararse impedida. Y si no es así, la deben recusar porque es claro que ella tiene un impedimento al haber hecho parte de la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor”, explicó a Diario Criterio un abogado que ha seguido este caso.

Por la forma en que llegó este caso a la Corte Constitucional también se puede rastrear ese poder. La trama, incluso, involucraría a la actual procuradora Margarita Cabello Blanco.

Los chanchullos por el Real Sincelejo

Todo este lío empezó en noviembre de 2004, cuando Édgar Paternina Revollo, entonces presidente de la junta directiva del Real Sincelejo, convocó una supuesta asamblea extraordinaria de socios en la que se autorizó vender el club a los dueños del Deportivo Pereira por unos 300 millones de pesos. En ese mismo mes, a través de una escritura pública, el club cambió de razón social y pasó a ser Club Deportivo Pereira S.A. Casi dos años después, en octubre de 2006, el equipo volvió a cambiar de nombre y se convirtió en Depor Fútbol Club S.A., con sede en Cartago (Valle del Cauca), y jugó en una segunda división hasta 2015 con el mismo NIT del Real Sincelejo.

Precisamente, en febrero de ese año el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo anuló todas las decisiones que se habían tomado respecto al Real Sincelejo entre 2004 y 2006 al comprobar que Paternina Revollo enajenó el club de forma ilegal y obró sin el consentimiento de los socios para venderlo. El tribunal lo condenó a tres años de prisión y una multa de 133 salarios mínimos mensuales vigentes. Así la cosas, el club volvería a sus antiguos socios y a su ciudad de origen.

Sin embargo, después de ese fallo, el Depor volvió a cambiar de nombre y se rebautizó como Atlético Fútbol Club S.A.

El lío del padrastro de James

Juan Carlos Restrepo, padrastro de James Rodríguez, compró al Real Sincelejo en noviembre de 2015, por un monto de 6.000 millones de pesos. Pero el equipo no ha podido jugar, puesto que en marzo de 2016 Coldeportes (hoy Ministerio del Deporte) suspendió su reconocimiento deportivo. Esa medida tenía un ingrediente adicional: la entidad sí decidió entregarle el reconocimiento al Atlético Fútbol Club.

En consecuencia, el FCF y la Dimayor se negaron a autorizar la afiliación del Real Sincelejo al sistema del fútbol profesional.

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Sin embargo, el padrastro de James considera que el fallo de 2015 “ordena el restablecimiento de sus derechos deportivos”, y por ende, que los directivos del fútbol colombiano avalen su afiliación.

En mayo de 2019 el caso llegó a la Procuraduría General, que en ese momento formuló pliegos de cargos contra los exdirectores de Coldeportes Andrés Carlos Botero Phillpsbourne y Clara Luz Roldán González, y la exdirectora de Inspección, Vigilancia y Control de la entidad, Claudia Edelmira Guerrero Sánchez, por la negativa de darle reconocimiento deportivo al Real Sincelejo.

Para el Ministerio Público, Coldeportes, la FCF y la Dimayor, presuntamente, hicieron caso omiso del fallo de febrero de 2015 al permitir que Depor Fútbol Club se inscribiera en el torneo Águila de 2015, “sin contar, para ese momento, con una escritura pública que legitimara su razón social, ni un certificado de existencia y representación que respaldara no solo la afiliación a la Dimayor, sino el reconocimiento deportivo por parte del ente estatal”.

La Procuraduría no se quedó ahí, pues cuestionó que Coldeportes sí le hubiera dado reconocimiento al Atlético Fútbol Club. Para el ente de control, Botero Phillpsbourne y Guerrero Sánchez, presuntamente, violaron el debido proceso al darle el aval al equipo sin esperar que “se surtiera el trámite” de una resolución en “la que Coldeportes se abstuvo de otorgarle el reconocimiento”. En ese sentido, según la Procuraduría, ambos terminaron obrando a favor de un tercero.

Por su parte, en septiembre de 2020, Restrepo interpuso una acción de tutela contra el Ministerio del Deporte, la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, al considerar que se habían violado varios de sus derechos fundamentales.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre negó la tutela en primera instancia. Pero en diciembre de 2020 el Consejo Superior de la Judicatura, en segunda instancia, falló a favor de Restrepo y ordenó al Ministerio de Deporte darle el reconocimiento al Real Sincelejo, y a la FCF y la Dimayor autorizar su afiliación. Sin embargo, esa decisión estuvo lejos de solucionar el lío.

En ese momento, Restrepo le contó a El Tiempo los temores que tenía con la llegada de Margarita Cabello Blanco a la Procuraduría General, pues pensaba que el proceso disciplinario contra los exdirectores de Coldeportes podría frenarse: “La nueva procuradora, Margarita Cabello, ha tenido nexos con la Dimayor, con Ramón Jesurún y hasta con la Conmebol”.

Cabello Blanco, exministra de Justicia de Iván Duque, asumió como procuradora general el 15 de enero de este año, en reemplazo de Fernando Carillo. En efecto, fue presidenta del Comité Disciplinario del campeonato de fútbol de la Dimayor y presidenta de la Comisión de Cumplimiento y Auditoría de la Conmebol, el ente rector del fútbol sudamericano.

Y así va el caso…

Entre junio y agosto de este año, el Tribunal Superior de Sincelejo emitió varias decisiones que buscaban garantizar el cumplimiento de la tutela del padrastro de James. La última fue un auto del pasado 11 de agosto que le daba un plazo de tres días a la FCF y a la Dimayor para demostrar su cumplimiento.

La tutela se remitió a la Corte Constitucional, que inicialmente no la eligió para revisión. Sin embargo, el magistrado Alejandro Linares presentó dos insistencias para que sí se revisara. Linares, cabe mencionarlo, había sido postulado por la Dimayor para integrar la Comisión Disciplinaria de la FCF. Aunque no fue elegido, no deja de llamar la atención este acercamiento con los directivos del fútbol.

Por su parte, el pasado 28 de julio, la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor “presentaron solicitud de medidas provisionales” alegando que el Tribunal Superior de Sincelejo se había extralimitado en sus funciones.

Y ahora, menos de dos meses después, la magistrada Gloria Stella Ortiz ya les tiene respuesta. Su auto no solo suspende los efectos del fallo de diciembre de 2020. También suspende los trámites que estaba adelantando el Tribunal Superior de Sincelejo para evitar el desacato de la orden. 

Y aunque la Corte Constitucional dice que se trata de una decisión provisional, mientras falla de fondo en este caso, queda la sensación de que el poder de los directivos del fútbol colombiano es intocable. Además, del proceso que inició la Procuraduría en 2019 no hay noticias.

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