‘Paraeconomía’ o como habría sido la relación entre bananeros y paramilitares

Aunque las investigaciones avanzan con lentitud, hay suficiente material probatorio para desenredar el eslabón de la ‘paraeconomía’. Un fallo reciente de la Fiscalía da luces de cómo operó en Urabá.

En las últimas semanas, el tema de la financiación de los paramilitares por parte de empresas legales ha dado de qué hablar. El pasado 20 de octubre, La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la libertad del excontratista de la Drummond Jaime Blanco Maya por su aporte a la verdad en el caso de la presunta financiación de la multinacional Drummond al paramilitarismo.

Y días antes, un fallo de la Fiscalía volvió a traer a colación el tema de la financiación de los bananeros a las estructuras paramilitares de Urabá, a través de las tristemente famosas Convivir. El documento definía el encarcelamiento de 18 empresarios bananeros acusados de concierto para delinquir agravado por financiar grupos paramilitares entre 1996 y 2003.

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Finalmente, la Fiscalía resolvió no enviar a la cárcel a 17 acusados y absolvió a una, pero su escrito esclarece cómo algunos dueños de fincas y de comercializadores de la fruta, presuntamente, aportaron dineros para sostener a empresas de seguridad como Papagayo, la Convivir más grande de Urabá que hacía parte, según las declaraciones de varios exparamilitares, de las AUC.

Un caso que avanza lento

La mención a estas relaciones non sanctas, que se han denominado ‘paraeconomía’, no son nuevas. Desde la década de los 90 del siglo pasado, ONG de derechos humanos, abogados de víctimas y políticos las han puesto en evidencia. Una década después, la justicia colombiana comenzó a investigarla gracias a las declaraciones que importantes exjefes de las AUC rindieron en Justicia y Paz. Sin embargo, el avance en este tema poco ha avanzado.

En el caso de los bananeros, la mayoría de investigaciones comenzaron hacia 2012, gracias a las declaraciones de Fredy Rendón Herrera, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, entre otros. Por ejemplo, Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, afirmó en Justicia y Paz que el puerto perteneciente a la multinacional Chiquita Brands entraron 14 contenedores con 3.400 fusiles AK 47 y 7 millones de cartuchos. También afirmó que la empresa tenía conocimiento de la llegada de las armas porque prestó una grúa para movilizar los contenedores.

Cabe anotar, que años atrás, en 2007, la multinacional aceptó haberle hecho más 100 pagos a las AUC que sumaron 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004. Por ello fue condenada a pagar 25 millones de dólares, aunque ninguno de sus directores terminó en prisión porque Chiquita Brand alegó que el dinero entregado a los paramilitares fue producto de extorsiones. Pese a lo dicho en Estados Unidos, las investigaciones han continuado en Colombia en donde sus abogados han intentado precluirlas.

‘Paraeconomía’ y bananeros

Si bien en Colombia ya había procesos individuales, el grueso de las investigaciones comenzó hacia 2012 luego de las declaraciones de Raúl Hasbún, exjefe paramilitar y primer empresario que se presentó a Justicia y Paz. En su comparecencia entregó una lista que compromete a más de 200 bananeros de Urabá que financiaban de manera voluntaria el bloque ‘Bananero’ de las AUC por medio de las Convivir, en especial de la llamada Papagayo.

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Las acusaciones también fueron respaldadas por los testimonios de otros exjefes paramilitares como José Gregorio Mangones Lugo, alias Carlos Tijeras. Los señalamientos van en contra de importantes empresas y comercializadoras como Banadex, Sunisa, Uniban, Proban, Banafrut, Bagatela. Así mismo mencionan los nombres de sus respectivos representantes legales, encargados de autorizar los pagos. Allí aparecen señaladas importantes personas de la élite antioqueña y bananera: Luis Fernando Arango Arango, Alberto León Mejía Zuluaga, Nicolás Echavarría Mesa (exembajador del gobierno de Álvaro Uribe en Bruselas), Javier Restrepo Girona, Georgina Girona de Restrepo, Jaime Restrepo Marulanda, James S. Leaver W., Inving Bernal Giraldo, entre otros.

Hasbún y demás líderes de las AUC que se han referido al tema, sostienen que el objetivo principal de las Convivir en Urabá no era la vigilancia sino crear una fachada legal para financiar el paramilitarismo. En ese sentido, los aportantes de las cuotas sabían el destino de los dineros. También afirman que la alianza con el paramilitarismo les trajo beneficios económicos.

Una fachada del paramilitarismo

En el documento que define la suerte de los 18 empresarios dice que hay “suficientes elementos probatorios que dan cuenta del interés creciente y por un largo tiempo, que tuvieron algunos empresarios bananeros en construir de manera permanente un grupo de autodefensas en la zona del eje bananero, destacándose cómo en todos ellos la financiación para el establecimiento de un grupo armado, correría por cuenta de estos”.

Basado en los testimonios de Hasbún y otros, la Fiscalía sostiene que los empresarios ya venían haciendo pagos ilegales a los paramilitares y que desde 1996 comenzaron a idear un plan para poderlas financiar de manera legal. “Mas sin embargo –dice el escrito– todo empieza a cambiar cuando aprovechando la creación legal de las Convivir, estos vislumbran la posibilidad ya no de apoyar secreta y subrepticiamente a un ejército ilegal, sino a apuntalar financieramente unas asociaciones que prestarían la seguridad de sus complejos agrícolas, y que para el efecto contarían con el visto bueno de la institucionalidad”.

Los testimonios hablan de que los representantes de los bananeros se reunieron en Medellín varias veces con el fin de crear una Convivir. Incluso, se menciona que el empresario León Mejía Zuluaga tuvo una reunión con el gobernador Álvaro Uribe y Pedro Juan Moreno en el tercer trimestre de 1996 para conseguir el apoyo de la Gobernación de Antioquia con el fin de conformar una convivir en Urabá.

Producto de esas reuniones no se crearon una sino 15 Convivir en la región de Urabá, la más importante: Papagayo, que, al fin de cuentas, vendría a centralizar la mayoría de los recursos y de hombres. Esta Convivir estaba administrada por Arnulfo Peñuela Marín, quien en 2008 era alcalde de Carepa, Antioquia y que, en 2010, un juez lo halló responsable de financiar grupos paramilitares en la región de Urabá. Y en su momento de auge llegó a tener 1.065 hombres.

Financiación e irregularidades en su creación

Aunque las Convivir estaban amparadas en la ley, el documento de la Fiscalía demuestra cómo hubo inconsistencias en su creación. Por ejemplo, la fecha del concepto favorable del comandante de la región, que en este caso era Rito Alejo del Río es primera que la de la constitución y reconocimiento de personería jurídica. Además, estos documentos también muestran cómo el militar firmaba escritos de coadyuva para que se le entregaran a las Convivir de Urabá subfusiles Uzi, pistolas Pietro Beretta, revólveres y escopetas de repetición.

Según el escrito de la Fiscalía, la financiación se hacía de manera legal y los empresarios, sociedades o comercializadoras pagaban 3 centavos de dólar por cada caja exportada. Esos dineros entraban de manera legal a las cuentas, por ejemplo, de Papagayo, y de ahí iban a caer en manos de los jefes paramilitares.

Los aportes se recibían en Medellín y Papagayo tuvo ingresos de 7.000 millones de pesos, entre 1908-2003. De esa cantidad solo aparecen girados 593 millones y los investigadores encontraron múltiples irregularidades como ausencia de comprobantes de pago. El expediente afirma que 194 empresas entregaron dineros a Papagayo y que no fueron producto de extorsiones “sino que fue previamente acordado y para ello se convino un aporte totalmente voluntario”.

Los empresarios involucrados en estos procesos siempre han negado los señalamientos. Si bien afirman que pagaron esos dineros y que incluso, algunos de ellos conocieron y se reunieron con Hasbún, nunca tuvieron conocimiento de que sus aportes pararon en las arcas de los paramilitares.

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Sin embargo, el documento sostiene: “De lo vertido por los procesados no queda claro siquiera cómo autorizaron estos esa retención de dinero con destino a esas cooperativas. Algunos sostienen que fue un simple voz a voz entre los productores y otros que esto provino de las comercializadoras o desde la agremiación Augura”.

También señala que “no se cree entonces posible que unos ávidos comerciantes y productores con experiencia en el mercado internacional no se hubiesen dado a la tarea de inquirir sobre los aspectos negativos que implicaría dicha financiación. Eso ameritaba por lo menos haber citado a los representantes de esas cooperativas para que les explicasen allí mismo aquel modelo de seguridad y se comprometiesen estos a manejar con rectitud y trasparencia el dinero”.

A manera de conclusión

Urabá ha sido una de las regiones más afectadas por la violencia desde la década de los setenta del siglo pasado y vivió con bastante fuerza el fenómeno paramilitar. Entre 1990 y 2005 hubo cerca de 100 masacres y los mayores desplazamientos se dieron entre 1996 y 1997, años en que se crearon las Convivir en Urabá.

Diversos estudios muestran cómo la retoma paramilitar benefició la industria del banano. El beneficio no solo radicó en que este grupo armado ilegal efectivamente logró neutralizar a las guerrillas que tenían azotados a los empresarios de la región, sino que también desterraron a campesinos de sus tierras que terminaron en manos de empresas bananeras. Así mismo se convirtieron en un mecanismo de control social y asesinaba o amedrentaba a todo aquel que formara paros o se convirtiera en un obstáculo para el lucrativo negocio de la exportación de banano.

Lo cierto, es que el capítulo de empresarios y sector privado que financiaron el paramilitarismo en Colombia está lejos de cerrarse.