El factor Clan del Golfo en el paro minero del Bajo Cauca

Aunque el Gobierno acierta a la hora de culpar al Clan del Golfo por los desmanes del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, ignora que el control de este grupo es tan fuerte que ha llegado hasta el punto de establecer el comportamiento social de la población. Para los expertos, esto obliga a repensar las intervenciones contra la minería ilegal en la región.

Por primera vez desde que llegó a la Presidencia, Gustavo Petro tuvo que cambiar su postura frente a las protestas y movilizaciones sociales. Ante los bloqueos y desmanes en el Bajo Cauca antioqueño y en Córdoba, que mantuvieron a miles de personas sin acceso a comida y medicamentos, el mandatario ordenó que policías y militares despejaran las vías e hicieran presencia permanente.

“Liberar los pueblos es la misión real del Estado“, dijo Petro en su cuenta de Twitter. El nuevo discurso del presidente se justifica en las denuncias que él mismo y diferentes autoridades han hecho sobre la injerencia del Clan del Golfo en el paro minero. Todo indica que este grupo armado, al verse perjudicado por las operaciones contra la minería ilegal, que incluyen la destrucción de dragas para la explotación de oro, estaría presionando a los campesinos para que salgan a las calles y el Gobierno ceda.

La situación ha llegado hasta el punto de poner en duda la continuación del cese al fuego bilateral pactado entre el Gobierno y el Clan del Golfo. El propio Petro señaló que mientras otras estructuras, como la de las Autodefensas de la Sierra Nevada, cumplen sus compromisos, el Clan del Golfo se rehúsa a dejar a un lado las economías ilegales que financian la guerra, lo que podría sacarlos definitivamente de la Paz Total.

Más allá de las declaraciones y los posibles efectos políticos del paro minero, varios expertos coinciden en que no es noticia que los grupos armados del Bajo Cauca estén detrás de la minería ilegal y que controlen a la población que se mueve alrededor de esta economía. Por el contrario, advierten que el paro estaba anunciado y que los episodios de violencia reflejan las fallas del Gobierno en la implementación de una estrategia de seguridad.

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Más allá del oro: el control social del Clan del Golfo 

Los analistas aseguran que este grupo armado ha consolidado una serie de regulaciones sobre los mineros de oro en el Bajo Cauca, hasta el punto de cooptar las funciones del Estado. Cabe resaltar que en esta región, como señala el profesor Daniel Bonilla Calle, se produce la mitad del oro colombiano, especialmente en los municipios de Nechí, Tarazá, Caucasia, Zaragoza, El Bagre y Cáceres. 

Las rentas del oro han hecho de esta región una pieza clave para la operación de los grupos armados, generando una dinámica de conflictos que deja en medio a las comunidades, que desde hace varios años están sometidas a una institucionalidad paralela, como indica Bonilla en su trabajo sobre la gobernanza criminal en la zona.

En esta investigación se detallan las formas de control del Clan del Golfo sobre la minería y los mineros, en las dimensiones económicas, políticas y sociales. En varias zonas, este grupo armado controla los permisos de explotación, ya sea con maquinaria o de manera artesanal, con mineros que practican el barequeo. En muchos casos no solo hacen presencia en las minas, sino que exigen una parte del producido o cobran por permitir el tránsito.

Quienes no acatan estas normas pueden ser desterrados, perder sus materiales de trabajo y el oro recolectado o, simplemente, ser asesinados. A esto se suma que el Clan del Golfo también suele controlar los precios y manipular los cupos del Registro Único de Comercializadores de Minerales, para declarar una parte de las ganancias y la otra enviarla al mercado negro, para financiar su operación.

En cuanto al control social, uno de los temas más preocupantes, el trabajo revela que el Clan del Golfo se ha convertido en una suerte de juez o árbitro en conflictos entre mineros o campesinos y que incluso interfiere en casos de violencia familiar e infidelidades. Por otra parte, impone sus normas a los comerciantes, quienes deben pagar ‘vacunas’ o prestarse para el lavado de dinero o testaferrato.

El Clan del Golfo también controla el porte de armas, el consumo de drogas, los permisos para que foráneos entren a la región y el comportamiento de mujeres y población LGBTI. También interfieren en política, avalando o financiando candidatos; limitando actos de proselitismo político y posteriormente controlando la contratación. Se cree que extorsionan a los contratistas o pactan con ellos cuotas del 10 o 15 por ciento. 

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“No se trata de un paraestado. Es una forma de gobernanza compartida, una coexistencia en la que actores estatales y no estatales buscan réditos económicos, controlando la actividad política y social; aprovechando las brechas, la ausencia o la debilidad del Estado”, señala el profesor Bonilla Calle. 

Por último, cabe destacar que la investigación cuestiona la respuesta del Estado contra la minería ilegal, que suele intervenir sin tener en cuenta la necesidad de planes de formalización ajustados al contexto local, el desarrollo social, el fortalecimiento institucional e incluso los temas medioambientales. 

Otros analistas aseguran que el Gobierno de Petro no debe olvidar que, más allá de la cohesión del Clan del Golfo sobre los mineros, estos no tienen oportunidades de empleo y educación, por lo cual saldrán a protestar aun cuando saben que su actividad es ilegal.

Y es que, según el informe Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia, en el Bajo Cauca existen 1.200 unidades de explotación minera de carácter informal, de las que dependen unas 45.000 personas. Aunque la crisis desatada por el paro minero ha disminuido, los mineros insisten en que el Gobierno no los escucha, que no están de acuerdo con la destrucción de maquinaria y que sin minería no habrá economía en la región. 

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