Educación, empleo y reforma a la Policía: las deudas con los manifestantes del paro nacional

Al cumplirse un año del estallido social generado por la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla, la crisis económica, los abusos policiales y el descontento generalizado contra el gobierno de Iván Duque, conviene hacer un balance de lo que ha pasado con las reformas que pidieron quienes se movilizaron en las calles durante el paro nacional.

En abril de 2021, en medio de uno de los momentos más complejos de la pandemia del covid-19, miles de colombianos salieron a protestar contra una reforma tributaria que golpeaba el bolsillo de la clase media, justo en un momento de inestabilidad económica derivado de los cierres y restricciones de la emergencia sanitaria.

Si bien ese fue el principal detonante, las movilizaciones también venían cargadas con el descontento social que ya se había vivido en 2018, 2019 y 2020. En este periodo –los primeros años del gobierno de Iván Duque– el país vivió un paro universitario, movilizaciones a favor del Acuerdo de Paz y varias mingas indígenas.

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Así mismo, también presenció una dura represión policial que encendió más los ánimos y que ha dejado cientos de víctimas y casos de violación a los derechos humanos que hoy se investigan a paso lento. A todo esto se suma una estigmatización de la protesta social impulsada por diferentes sectores políticos y en muchos casos respaldada por el Gobierno y la fuerza pública.

La situación también generó la apertura de una discusión nacional sobre las peticiones de los manifestantes, especialmente de los más jóvenes. Aunque la mayoría hacía parte de los pliegos de petición del Comité Nacional del Paro, muchas llegaron a través de medios, redes sociales y lograron un espacio en el Congreso o en la agenda del Gobierno.

Sin embargo, al analizar algunos de los reclamos más importantes, aparecen varios interrogantes sobre el avance en temas de educación, participación, garantías para la protesta social, seguridad social, entre otros. Si bien las marchas han perdido fuerza, estas preocupaciones siguen ahí y ahora parece que se trasladaron a la contienda electoral.

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Educación, más allá de la matrícula cero

Durante el paro universitario de 2018, estudiantes de instituciones públicas y privadas alzaron la voz por la crisis de la educación superior en Colombia. El reclamo general era más inversión en educación, pues muchos consideraron que el presupuesto aprobado para 2019 –cerca de 41,4 billones de pesos– no era suficiente, que hacían falta 580.000 millones para 2018 y una solución para cerrar el déficit histórico de 18,2 billones de pesos.

La fuerza de las protestas, que aumentó con la represión, obligó al presidente Duque a sentarse a dialogar con los estudiantes. En un principio el mandatario ofreció una inversión adicional de un billón, pero no fue bien recibida. Tras varias reuniones, el Gobierno logró un acuerdo al prometer 4,5 billones de pesos de inversión para los siguientes cuatro años.

Durante 2019 y 2020, los estudiantes denunciaron incumplimientos en lo pactado, por lo que salieron nuevamente a las calles. Para este punto, la protesta ya tenía tintes fuertes contra la represión policial y otras problemáticas del país. Por ejemplo, la muerte del estudiante Dilan Cruz por el disparo de un agente del Esmad, en noviembre de 2019, marcó otro rumbo en las movilizaciones. Muchos empezaron a pedir reforma a la Policía y desmonte del Esmad.

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En mayo de 2021, el Gobierno anunció matrícula cero para estudiantes de universidades públicas de estratos 1, 2 y 3. No obstante, la medida tiene varios vacíos. Por un lado, beneficia a 693.000 estudiantes, que equivalen solo al 64 por ciento del total de la matrícula de pregrado en instituciones públicas. Además, es una política que no ha sido ratificada y que es calificada por expertos como un ‘pañito de agua tibia’.

Actualmente, en el Congreso hay un proyecto para el fortalecimiento de la educación superior, pero a pocos meses de que termine la legislatura, apenas está en la Comisión Sexta de la Cámara y no ha tenido ninguno de los cuatro debates necesarios para convertirse en ley.

Reforma a la Policía y garantías a la protesta

Según los datos de varias organizaciones sociales y de derechos humanos, tan solo en el paro nacional de 2021 habrían muerto 46 personas. Según la ONU, en al menos 28 casos habría responsabilidad de miembros de la fuerza pública, especialmente agentes del Esmad. A esto se suman los casos de desaparición, tortura, amenazas y movilizaciones.

La mayoría de los casos no han sido resueltos. Como lo contó Diario Criterio, de las 4.269 denuncias recibidas en el marco del paro nacional, solo 179 están en etapa de juicio, 57 en investigación y apenas 23 han generado algún tipo de condena.

Todas estas cifras pusieron en la agenda nacional el debate de la reforma a la Policía y el posible desmonte del Esmad. Sobre lo último, aunque varios congresistas de oposición presentaron proyectos para llevarlo a cabo, no lograron respaldo total de los partidos, el Gobierno y sectores de la sociedad.

La reforma a la Policía sí se llevó a cabo, pero con varios puntos que no dejaron contentos a los manifestantes. El pasado mes de diciembre el Congreso aprobó un proyecto para crear un nuevo Código Disciplinario de la Policía, que incluye temas como la sanción a uniformados que excedan el uso de la fuerza, nuevos uniformes y capacitación en derechos humanos para contextos como el paro nacional.

Sin embargo, dicha reforma también ha recibido cuestionamiento porque, supuestamente, no soluciona los problemas de fondo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ejemplo, sugirió separar a la Policía del Ministerio de Defensa para que sus miembros no sean procesados por la justicia penal militar, sino por la ordinaria. La recomendación nunca se tuvo en cuenta.

Así mismo, muchos critican que no se especifiquen sanciones contra altos mandos y que, por el contrario, se descargue toda la responsabilidad sobre los patrulleros de base. Otros dicen que la reforma no contó con la participación de las organizaciones sociales.

Cabe recordar que el Congreso ha hundido por lo menos cuatro reformas a la Policía propuestas por la oposición. Actualmente hay dos proyectos en el Legislativo sobre el tema, uno de reforma policial y otro de participación ciudadana y garantías de la movilización pacífica, pero a duras penas han tenido un debate de plenaria.

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Otras deudas del paro nacional

Durante las protestas los jóvenes también pidieron empleo, subsidio a las pequeñas empresas, renta básica, reforma a la salud, al sistema pensional, entre otros temas. Frente al primer punto, el Dane reporta que el índice de desempleo juvenil –personas entre 14 y 28 años– fue de 21,5 por ciento en 2021.

Aunque se trata de una buena noticia, si se tiene en cuenta que en 2020 alcanzó el 24,2 por ciento, los manifestantes aseguran que aún falta mucho para volver a los niveles de la prepandemia –el dato de 2019 es de 17,7 por ciento–. Por otra parte, también reclaman que la brecha laboral entre hombres y mujeres sigue creciendo y ahora está por encima del 11 por ciento.

El otro tema pendiente del paro nacional es el de la renta básica para la población vulnerable. Según algunos analistas, la propuesta tal y como la planteó el comité del paro nacional costaría cerca de 6,1 billones de pesos mensuales, es decir, más de 73 billones en un año. Esto teniendo en cuenta una base de 6,2 millones de hogares en situación de pobreza.

En el Congreso, esta petición ni siquiera fue debatida a profundidad. Las mayorías la hundieron en tres oportunidades, la última en noviembre de 2021. Muchos congresistas de la bancada de Gobierno la consideran inviable por la falta de recursos y aseguran que es una bandera populista de la oposición.

Para los expertos, todas las causas que han motivado las marchas en los últimos años siguen vigentes, solo que ahora no son problema del Gobierno, sino de los candidatos que se disputan la Presidencia. El tema de la renta básica es un ejemplo. Basta mirar propuestas como la de Federico Gutiérrez, que habla de llevar el programa Ingreso Solidario a 5 millones de familias, o Gustavo Petro, que propone una renta mínima de 800.000 pesos mensuales.

Las reformas a la salud y al sistema pensional hacen parte de los programas de gobierno de los candidatos, quienes también buscan capitalizar el descontento de los últimos años para lograr una victoria en primera o segunda vuelta. Por ahora, el Gobierno ha atendido las peticiones de los manifestantes del paro nacional a través de programas o proyectos, pero ninguna se ha convertido en ley a través de los proyectos que se radicaron en el Congreso. 

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