Chocó y el fantasma de los ’embilletados’ en las listas del Partido Liberal

Nilton Córdoba y Jhoany Palacios, dos cuestionados políticos del Chocó, aspiran a llegar en fórmula al Senado y la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Corrupción, lavado de activos y relaciones con el paramilitarismo son algunos de los presuntos delitos que investigan las autoridades.

En el Chocó, ‘embilletados’ es un término que se usa para nombrar a ciertos hombres que tienen poder, dinero y se dan toda clase de lujos. Se trata de una suerte de clase social, de nuevos ricos, que despierta admiración en una parte de los habitantes de uno de los departamentos más pobres e inequitativos del país. Desde hace varios años, los ’embilletados’ también empezaron a ser parte del panorama de la política electoral.

Su relación con este mundo se da a partir de la financiación de campañas políticas, especialmente de algunos clanes familiares que han detentado el poder público durante los últimos lustros.

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Los ‘embilletados’ también representarían la corrupción, uno de los males que más aqueja al Chocó, pues la financiación de las campañas políticas se cobra a través de contratos en la Gobernación, alcaldías y diferentes entidades públicas. Una especie de círculo vicioso que ha desangrado la salud, educación, en saneamiento básico, la infraestructura y, en general, el bienestar de los chocoanos.

Varias voces de este departamento aseguran que en las próximas elecciones los ‘embilletados’ del Chocó tendrán protagonismo. Dos nombres pertenecientes al Partido Liberal que aspiran llegar al Congreso han sido relacionados con este fenómeno. Se trata de Nilton Córdoba y Jhoany Palacios.

Ambos han transitado por diferentes cargos de elección popular y hoy hacen parte las listas al Congreso por las toldas rojas, junto a nombres como los de Lidio García Turbay, Fabio Amin o Miguel Ángel Pinto, entre otros y que esperan sacar a flote la fracturada colectividad liderada por César Gaviria.

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Nilton Córdoba, el ‘Cartel de la toga’ y algo más

Córdoba ha sido concejal y tesorero del municipio de Bajo Baudó, alcalde de Medio Baudó y, desde 2014, ocupa una curul en la Cámara de Representantes. Actualmente es la cabeza del cordobismo, un poderoso clan familiar que desde hace varias décadas administra el rumbo del Partido Liberal en Chocó. Figuras políticas como la exsenadora antioqueña Piedad Córdoba han hecho parte de este grupo.

Aunque ha tenido un paso discreto por el legislativo, desde finales de 2018 está en la mira por su supuesta participación en el entramado del ‘Cartel de la Toga’. La razón es que Córdoba tiene varias investigaciones abiertas en la Corte Suprema de Justicia, por presuntos actos de corrupción en su paso por la Alcaldía de Medio Baudó e, incluso, por su supuesta participación en lavado de activos. Uno de los procesos está relacionado, precisamente, con la construcción del palacio municipal de Medio Baudó.

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Según las investigaciones de la Corte Suprema, Córdoba habría entregado ese contrato, por un valor de 810 millones de pesos, a una empresa que construyó la obra en un terreno diferente al estipulado. Además, Córdoba es investigado en la Corte por supuestas alianzas con grupos paramilitares que lo habrían llevado a la alcaldía y por presuntas irregularidades en el tema de las regalías del oro, que se habrían usado para lavar la plata de bandas criminales.

Según denunció el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, para evitar la captura por uno de estos procesos, Córdoba habría buscado influir en las decisiones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a través de sobornos. Como se recordará, ese mismo exfiscal (condenado por corrupción) fue quien encendió el escándalo conocido como el ‘Cartel de la toga’ y que salpicó a los togados Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Gustavo Malo.

En su declaración, Moreno aseguró que Córdoba habría pagado 200 millones de pesos para obtener beneficios en su proceso. El supuesto pago fue destinado a la oficina de Camilo Ruiz, exmagistrado auxiliar del despacho de Gustavo Malo. Según Moreno, Nilton Córdoba habría pagado en total 460 millones de pesos, de los cuales 260 millones llegaron a la oficina de Francisco Ricaurte.

La Corte Suprema de Justicia llamó al representante a indagatoria el pasado 3 de septiembre. Cabe resaltar que en medio de este proceso Córdoba fue vinculado al caso que el mismo tribunal llevó contra Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos. Esto tiene que ver con que, en vez de interceptar el celular de Córdoba, los investigadores registraron el del expresidente Uribe pensando que era el del representante. El resultado de esas grabaciones ya las conoce el país.

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Mientras las investigaciones siguen avanzando, Córdoba se prepara para dar el salto al Senado, con el número 90 en el tarjetón del Partido Liberal. “Nuestra tarea es que el pueblo chocoano se sienta orgulloso de nuestros logros”, dice una de sus piezas de campaña.

En 2018 este político chocoano obtuvo 23.650 votos, gracias a la maquinaria electoral que construyó con su familia, la cual es hoy la más poderosa del Chocó, por encima del clan Sánchez Montes de Oca. Varias fuentes consultadas por Diario Criterio y que obviamente pidieron su anonimato, señalan que el dominio sobre esta región ha sido impulsado por el control absoluto del Partido Liberal en esa región y el buen relacionamiento de la familia con los ’embilletados’, quienes financian las campañas.

También es curioso que algunos financiadores de las campañas terminen siendo empleados de la Gobernación. Por ejemplo, en 2018 Nilton Córdoba recibió 12 millones de pesos de aportes para su campaña por parte de Boris Andrés Peña, quien en 2019 terminó como secretario de Cultura del Chocó y actualmente es secretario general de la Gobernación. Cabe destacar que los últimos dos gobernadores del departamento, Jhoany Palacios y Ariel Palacios, fueron elegidos con el aval de Córdoba.

Otro de los integrantes de la familia que está en el mundo político es Hever Córdoba, hermano del representante Nilton y actual alcalde del municipio de Istmina.

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La otra ficha del Partido Liberal en Chocó

La fórmula de Nilton Córdoba para la Cámara de Representantes es Jhoany Carlos Palacios, inscrito en la lista liberal con el 102. Palacios es otra de las fichas clave de esa colectividad en Chocó. Ha sido alcalde de Istmina, entre 2008 y 2010, y gobernador del departamento, entre 2016 y 2019.

Antes de dejar este último cargo, Palacios y Nilton Córdoba trabajaron para dejar en la Gobernación a alguien de su entera confianza, el exalcalde de Bojayá Ariel Palacios, quien finalmente ganó la elección. En 2020 el gobernador fue temporalmente suspendido por la Procuraduría, por presunta corrupción en un contrato para hacer pedagogía sobre el Covid-19. La investigación ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre el ahora candidato al Congreso Jhoany Palacios también pesan varios cuestionamientos. En 2018 la Procuraduría ordenó una investigación disciplinaria en su contra por las fallas en el proceso de contratación del Hospital Lascario Barbosa Avendaño de Acandí. Esta obra ha tenido varios retrasos, por lo cual, para agosto de este año, apenas avanzaba en un 73 por ciento.

Según el Ministerio Público, la administración de Palacios no realizó los estudios necesarios antes de adjudicar el proyecto, lo que generó demoras y sobrecostos. Además, no habría aplicado las sanciones pertinentes ante los incumplimientos del contratista en el cronograma establecido en el contrato.

En 2019 la Procuraduría también solicitó, al entonces gobernador, suspender un convenio firmado con Fundechocó por más de 8.000 millones de pesos, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de regalías.

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El exgobernador aparece relacionado en otro gran escándalo de corrupción, el de la construcción del Sistema de Masificación de Gas Natural. Según la Contraloría, en este proyecto se perdieron más de 19.000 millones de pesos, pues las obras nunca se terminaron y hoy se encuentran abandonadas.

El pasado 23 de octubre de 2020, Palacios fue imputado por la Fiscalía por su responsabilidad en este caso junto a otros dos exgobernadores, Hugo Arley Tobar y Efrén Palacios Serna. El ente acusador asegura que son responsables de los delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. A pesar de esto, Palacios se prepara para llegar al Congreso, con el lema: “llevar gestión para las subregiones”.

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