Diálogos con el ELN: ¿Es posible salvar una paz en cuidados intensivos?

Especial para Diario Criterio

La paz ha sido una de las aspiraciones aplazadas en Colombia. Una especie de promesa incumplida desde el origen mismo del país. Todas y cada una de las tantas guerras padecidas comenzaron diciendo que, al final, llegarían tiempos de paz; en campaña electoral las y los candidatos la prometen y quienes resultan elegidos dicen que ahora sí. Y nada, seguimos en guerra.

Ninguno de los presidentes nos ha dejado en paz. Unos, porque han carecido de voluntad política para buscarla y construirla. Otros, porque pierden el respaldo de los grupos sociales que detentan el poder real en las instituciones y están convencidos de que la única opción real es la derrota total del enemigo. Ningún mandatario nos ha legado la paz porque, más allá del querer presidencial, en todas las organizaciones armadas (legales o ilegales) hay personas cuyo único oficio ha sido y es el oficio de las armas, y porque la guerra es un gran negocio que beneficia a sectores e individuos que hacen parte del establecimiento.

Aun así, el actual presidente de la República también se comprometió a buscarla.

En la vida política del presidente Gustavo Petro Urrego, la paz ha sido una de las inquietudes más importantes. Siempre ha hecho parte de su quehacer, tanto en su actividad legislativa, como cuando ha sido gobernante o aspirante a serlo.

Por eso, fue poco sorpresivo que explicitara, ni bien se posesionó, varias intenciones acerca de la paz: implementar el acuerdo que el Estado firmó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), buscar conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y promover acercamientos con grupos armados que no tienen filiación ideológica ni proyecto político, pero ejercen dominio ilegal sobre poblaciones, territorios y recursos.

Y planteó la idea de una paz total. Para empezar a materializarla, un grupo de personas profesionales del derecho, funcionarias del Gobierno y legisladoras afines está en la tarea de elaborar el correspondiente proyecto de Ley que debe hacer su trámite legislativo.

Al mismo tiempo, el Gobierno designó a Danilo Rueda como alto comisionado para la Paz. Quienes saben de su trayectoria dicen que conoce a la mayor parte de las organizaciones armadas del país, que las ha visto cometer barbaridades y ejercer el poder en sus zonas de influencia; que sabe de sus métodos y reconoce sus características; y que ha tenido contacto con personas privadas de la libertad que hacen parte de esos grupos. Que las ha cuestionado, denunciado y confrontado desde su perspectiva de defensor de los derechos humanos y constructor de paz. Ellas también conocen al señor Rueda.

Todo lo anterior ha influido para que ya hoy, un poco más de dos meses después de haber empezado este gobierno, se hayan reiniciado, formalmente, diálogos con el ELN. Los diálogos del Gobierno con esa insurgencia suscitan, por partes iguales, un escepticismo radical o un optimismo desbordado.

Si se hacen algunas precisiones, talvez podamos entender, al tiempo, que estas conversaciones son complejas, pero pueden ser fructíferas, y que es posible —y complicado— lograr la prometida paz con los elenos. 

¿La paz de quién?

Hace pocos días se reunieron, en Caracas, Venezuela, el Gobierno nacional de Colombia, representado en Danilo Rueda, y el ELN, representado en Antonio García y Pablo Beltrán.

De esa reunión salió un comunicado conjunto. En él se afirma que se reinstala, oficialmente, la mesa de conversaciones entre las partes; que esas conversaciones se adelantarán a partir de lo ya pactado entre ellas antes del rompimiento —a principios del 2019— de sus diálogos anteriores, y que los nuevos empezarán después de la primera semana de noviembre.

Queda claro, pues, que lo pactado es la continuación de los Diálogos para la paz de Colombia, iniciados y llamados así durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuya finalidad, estructura y agenda las elaboraron ese gobierno y dicha organización insurgente mediante intercambios exploratorios y confidenciales llevados a cabo entre enero de 2014 y marzo de 2016.

De esa manera, no es veraz ni deseable llamar “la paz de Petro” a lo que ahora se retoma. Y tampoco será cierto que estos diálogos sean, simple y llanamente, la implementación de la paz de Santos. Ni la de García o la de Beltrán, que son los máximos comandantes de esa insurgencia.

La verdad es que el acuerdo de paz que se llegare a construir mediante estos diálogos obligará, por igual, al Estado colombiano, representado por el gobierno actual, y a la totalidad del ELN, representada hoy por sus dos comandantes principales.

Insistir en que esto es la paz de un presidente y de unos dirigentes de esa guerrilla dejaría abierto un boquete en el imaginario social: se creerá que como no es un pacto Estado-insurgencia, quienes asuman un nuevo gobierno o una nueva dirección político-militar pueden desconocer lo pactado. Como hizo el expresidente Duque.

La mejor manera de evitar que se construya y consolide esa idea es, por una parte, que el Estado tenga claro y ratifique, con palabras y acciones, que la paz es una política pública, y, por otra, que el ELN anuncie y muestre que es una decisión colectiva que compromete a la totalidad de personas que hacen parte de esa organización.

Según lo ya definido entre el Estado y el ELN en 2016, la sociedad civil hará parte de la mesa de diálogo y, en esa medida, puede ayudar a consolidar la idea de que la paz es un asunto que nos concierne a todas y a todos. Es importante que ella prepare (preparemos) propuestas viables para conversarlas con las otras partes, que estemos prestos a escuchar y a decir sobre la importancia de la paz y los beneficios que ella traería para la vida de cada persona.

Promover la salida negociada al conflicto armado con el ELN o participar activamente en los debates y en las discusiones no nos convierte en simpatizantes o idiotas útiles de alguna de las partes que ha estado en guerra. Hacerlo nos vuelve personas responsables que entienden que la paz es una necesidad, un deber y un derecho de quienes vivimos en este país, sin excluir a nadie. La paz es nuestra.

La paz, en cuidados intensivos, y cuidados intensivos para la paz

Hemos vivido tanto tiempo en guerra que hay quienes no pueden imaginarse algún modo de existencia que no involucre el uso de la violencia. Otros, al contrario, no podrían ni respirar sin imaginar formas de vida que los alejen de la tanta guerra cotidiana.

Unos y otros han vivido la paz como una idea que nunca acaba de concretarse.  Cuando más cerca la tuvieron fue en los meses siguientes a la firma del acuerdo entre el Gobierno y las antiguas Farc.

Fue una experiencia y un alivio de corta duración, porque, al poco tiempo, resultó elegido como presidente Iván Duque Márquez. Algunos de sus partidarios se habían comprometido a hacer trizas la paz firmada con ese grupo guerrillero. Unos meses después, un seguidor voluntario del entonces presidente anunció, pública y airadamente, que lo que venía era “bala” y que “plomo” es lo que iban a dar.

En los cuatro años del gobierno de Duque, se hizo un entrampamiento judicial a algunos de los excomandantes guerrilleros que fueron firmantes del acuerdo y ellos prefirieron volver a sus andadas antes que ser extraditados. Se les acusaba de delitos que –según ellos y las pruebas ahora reveladas– nunca cometieron. Además, funcionarios de ese gobierno se robaron los dineros destinados a la implementación de los acuerdos de paz y hubo cientos de asesinatos de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y de excombatientes.

La paz quedó en una especie de unidad de cuidados intensivos, pero sin los equipos indispensables.

¿Cómo va a negociar la guerrilla, siendo que el Estado ha probado varias veces que no cumple lo pactado y no garantiza ni la vida de quienes abandonan la lucha armada?, se preguntaría un grupo de personas escépticas. Y otro igual bien podría complementar diciendo: ¿Cómo negociar con un grupo que sigue delinquiendo, mientras afirma que busca la paz negociada con el Estado?

Esas preguntas no han tenido, hasta la fecha, ninguna respuesta convincente. Lo cual explica, en parte, el alto nivel de pesimismo que hay ante la idea de Paz Total y, en particular frente a las conversaciones entre el Estado y el ELN. 

Las personas optimistas entienden, al contrario, que esta es una oportunidad única para que la guerrilla negocie, pues es un gobierno progresista el que promueve los diálogos y está fuertemente comprometido con la paz. Indican, con pruebas, que nunca antes Colombia había tenido un gobierno así, encabezado por alguien que participó en la guerra y luego optó por seguir buscando el cambio social, pero respetando las instituciones. Alguien que, incluso, ha ayudado a cambiar las instituciones, respetando la normatividad vigente.

Desde su optimismo, promueven que se negocie rapidito. Argumentan que, teniendo en cuenta lo ocurrido con el Acuerdo de paz firmado con las Farc en 2016, lo mejor es que este mismo gobierno inicie y deje consolidada la implementación de lo pactado. Sobre todo, hacen mucha presión a la guerrilla del ELN para que negocie sin poner tantas condiciones, sin esperas, ni dilaciones.

Sacar la paz de cuidados intensivos y obtener el resultado deseado exige lograr el apoyo de los escépticos y evitar el acelere de los optimistas. Es imprescindible, entonces, que la fase pública de la negociación sea pública realmente y podamos contar con información veraz y oportuna al respecto.

Es preciso que la gente radicalmente pesimista sepa, a ciencia cierta, que no habrá concesiones que superen los límites del Estado de derecho; que nadie firmará una rendición y que ninguna de las partes se levantará de la mesa hasta que se hayan puesto de acuerdo en todos y cada uno de los puntos de la agenda. Se necesita que quienes tienen optimismo exigente y crónico asuman que no por mucho madrugar amanece más temprano.

Todas las personas aportan, todas ganan

La lógica mínima y la tradición muestran que terminar una confrontación armada mediante diálogo y negociación es un asunto de las partes. Se dice que, si la guerra ha sido de ellas, ellas son las que deben pactar su final.

También se dice que la construcción de paz que sigue a la terminación de hostilidades es una tarea que asume, principalmente, la sociedad civil.

Las personas que hacen dejación de las armas y desean participar de este proceso del posconflicto podrán hacerlo a condición de que cumplan con los requisitos judiciales acordados en la mesa de diálogo y la negociación. El Estado, por su parte, implementaría los mecanismos pactados durante las conversaciones y pondrá las instituciones en la perspectiva de aplicar lo acordado y transitar hacia la paz.

Volviendo al tema de la presencia o no de la sociedad civil en las mesas de conversación Estado-ELN, hay que reiterar que las partes –en contravía de la lógica más usual y de la tradición dominante en las negociaciones- han pactado que la sociedad civil participe activamente en dichas mesas. Al respecto, hay varios asuntos que todavía están por definirse con entera claridad.

El primero, ¿quién o quiénes componen la sociedad civil? ¿De qué manera, mediante qué criterios y mecanismos se autoriza la presencia de personas, organizaciones, movimientos o entidades que quisieran ser tomados como representantes de la sociedad civil?

El segundo, ¿las propuestas que se hagan desde la sociedad civil tendrán carácter vinculante y serán de obligatorio cumplimiento para las partes? ¿Esas propuestas serán tenidas en cuenta y discutidas, con la misma celeridad y respeto que las propuestas que las delegaciones del Estado y del ELN presenten?

Por último, ¿las delegaciones de la sociedad civil estarán conformadas siempre por las mismas personas o cambiarían según los temas de la agenda? En este último caso, ¿cuál o cuáles serían los mecanismos de selección?

La participación de la sociedad civil tiene sus dificultades. Parece que una de las primeras cosas que debe asumir la mesa de dialogo es definir más claramente las condiciones en que se dará esa participación.

Puede haber una coincidencia que facilite llegar a esa definición: en varios capítulos y artículos de la Constitución Política de Colombia y en distintas sentencias de la Corte Constitucional se asume y promueve la democracia participativa como parte de la forma de gobierno y el ELN, por su parte, ha expresado varias veces su respaldo irrestricto a la participación de la sociedad civil en estas conversaciones. Así, de entrada, hay un punto de partida común.

También se puede señalar otro principio de acuerdo en este aspecto: el Estado y sus instituciones han venido incorporando la interseccionalidad (conjunción de los enfoques de género, de clase, étnico y etario) en la elaboración y práctica de sus políticas. También el ELN parece estar asumiendo esos enfoques en sus reflexiones y propuestas. Si esto es así, las partes podrían estar de acuerdo en promover, facilitar y aceptar que se tengan en cuenta dichos enfoques para definir la participación de la sociedad civil en la mesa de dialogo.

Así, se construiría una poco usual dinámica de dialogo, negociación y construcción de paz en la que participan los actores de la guerra y distintos —incluso opuestos— sectores de la población civil que la ha sufrido.

Esa dinámica permitiría escuchar y tramitar las opiniones y propuestas, previsiblemente antagónicas, de los actores del conflicto armado y, también, posibilitaría conocer y gestionar las diferencias de intereses y necesidades que hay entre diversas clases y sectores sociales o poblacionales.

Si las labores de la mesa tuvieran esas características, serían una especie de muestra de lo que será vivir en paz sin que nadie tenga que esconder sus convicciones o sus ideas; sin que nadie tema ser despreciado o perseguido por su pertenencia a una etnia, a un género, a un partido o movimiento político; a una clase social, a una diversidad sexual determinada.

Entonces, el conjunto de la sociedad civil estaría aportando al proceso de diálogo de paz y así, también, se beneficiaría con lo pactado.

A propósito de beneficios, ¿les parece que sería útil, viable y provechoso —para el proceso mismo y para quienes viven en áreas de confrontación armada— que se pacte un cese al fuego bilateral de carácter nacional y los respectivos mecanismos de verificación? ¿Esto puede hacerse ya o habrá que esperar a acordarlo en la mesa de negociaciones que empezará labores en noviembre?