Paz con legalidad es inconstitucional

Era claro que Duque sólo aceptaba la desmovilización y la reinserción de los exguerrilleros. La base era volver la reinserción el todo del acuerdo y dejar botados los otros puntos

Paz con legalidad fue el nombre con el que el presidente Iván Duque bautizó la implementación del acuerdo de las Farc. Quería separar su política de la de su antecesor Juan Manuel Santos. Había un mensaje para la comunidad nacional e internacional: la de él – de Duque- iba ser legal, no cómo Santos. Era una apuesta de legitimidad, una manera de alterar el acuerdo sin volverlo trizas. La base era volver la reinserción de los ex combatientes el todo del acuerdo y dejar botados los otros puntos.

Era claro que Duque sólo aceptaba la desmovilización y la reinserción de los ex guerrilleros. El capítulo de tierras nunca lo apoyó y por eso, tiene poca ejecución. El del narcotráfico también tenía respaldo. Las Farc eran y seguían siendo narcotraficantes. Había que erradicar con glifosato los cultivos ilegales. Que no la haya hecho es el resultado de fallos de la Corte Constitucional y no de falta de voluntad política.

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El capítulo político, considerado clave para la administración Santos, ha sido atacado constantemente por el actual gobierno. Duque considera inaceptable que los ex jefes de las Farc tengan 10 curules en el Congreso. Deben estar pagando sus penas antes de hacer política. También Duque se opuso a la designación de los 16 representantes de las víctimas. Le tocó aceptarlo por fallos judiciales pero no por convicción. Su gobierno teme que habrá más victimarios que víctimas.

El gobierno es escéptico de la Justicia Especial para la Paz, JEP. Intentó infructuosamente cambiar la JEP por el Congreso y siguió siendo un crítico de esta justicia. Alega la lentitud de las decisiones, lo que impacta la verdad de las víctimas. A esto, le agrega la insuficiencia de la reparación de las Farc.

El gobierno puso todo el esfuerzo en los ex combatientes y en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Era su demostración de su apoyo a la paz. Recibió apenas dos PDET cuando arrancó la administración Duque. Ya son 16 PDET que impactan 170 municipios. Se enfocó en mostrar avances significativos en estos proyectos asumiendo que sería suficiente para el gobierno. Eran su carta ganadora: “la Paz con Legalidad”.

El jueves por la noche se derrumbó la historia de Duque. La Corte Constitucional declaró un “estado de cosas inconstitucional”, un mecanismo diseñado para proteger derechos fundamentales de la población, al considerar el alto número de firmantes que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados. “Consideró la Corte que, en efecto, sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y dictó órdenes puntuales para restablecer estos derechos”, explicó la magistrada Cristina Pardo al leer la sentencia.

El alto tribunal dictó restablecer estos derechos en un fallo que les dio la razón a exguerrilleros de varios lugares del país, que alegaban que sus vidas estaban en peligro y que las medidas adoptadas por el Gobierno eran insuficientes, entre otros incumplimientos del acuerdo por parte del Estado. Han asesinado a más de 300 ex combatientes desde que se firmó el acuerdo en noviembre de 2016.

La decisión incluye la creación de una Sala Especial de Seguimiento en la Corte Constitucional, que verificará las órdenes dictadas en el fallo para materializar el componente de garantías de seguridad. También ordena a la UNP que reevalúe en los próximos cuatro meses el riesgo al que se enfrentan los firmantes del acuerdo y quienes pertenecen al partido político Comunes, antes la Farc. La Corte fue clara: “El gobierno nacional ha violado de forma masiva los acuerdos de paz”.

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La decisión causó consternación en el gobierno. “El compromiso del presidente Iván Duque con todo el proceso de implementación, y en particular con la seguridad de los excombatientes, ha estado desde el primer día”, reaccionó Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización, luego de conocer el fallo. El propio Duque manifestó este viernes que “se respeta” la sentencia, pero “de pronto no se vio a profundidad lo que se ha logrado en Colombia”.

Duque alegó que cuatro magistrados salvaron el voto. Acción que en lo legal no vale nada: el fallo lo aprobaron los otros cinco. Duque dijo que “muchos de los fundadores de las disidencias fueron firmantes del acuerdo”. Cierto, pero no importa. Su paz con legalidad es ilegal.

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