ONU respalda la Paz Total de Gustavo Petro

Michelle Bachelet,­ alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instó al Gobierno de Gustavo Petro a cumplir los Acuerdos y manifestó su apoyo a la iniciativa de ‘paz total’, que describió como “un enfoque sólido”.

La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (OHCHR, por su sigla en inglés), en cabeza de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, reiteró su apoyo a futuras negociaciones entre el Gobierno de Gustavo Petro y los grupos al margen de la ley.

“Insto a las autoridades a que escuchen las voces de todos los sectores de la sociedad. Las personas que viven en zonas rurales y remotas son las que más han sufrido el flagelo de la violencia, pero también son las que mejor pueden ayudar a trazar un camino hacia un futuro más pacífico”, expresó la alta comisionada.

Así mismo, Bachelet señaló que “el enfoque del Gobierno entrante sobre la ‘paz total’ y la implementación regional del Acuerdo de Paz es un enfoque sólido que mi Oficina apoya”.

El espaldarazo a la iniciativa del presidente Petro se dio en el marco del informe Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones para el nuevo Gobierno.

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El documento advierte sobre el “impacto devastador” de “la creciente violencia perpetrada por los grupos armados y las organizaciones criminales en las zonas rurales de Colombia”, especialmente en mujeres, niños, negritudes, líderes comunitarios, pueblos indígenas y defensores de los derechos humanos.

En el informe, la OHCHR urgió al nuevo Gobierno a priorizar la lucha contra esa violencia, entre la que hace mención a hechos como desapariciones, masacres, homicidios, violencia sexual, reclutamiento de menores y extorsión a la población.

Desmantelar grupos armados

Bachelet coincide con el Consejo de Seguridad en pedirle “al Gobierno de Colombia el desmantelamiento rápido de los grupos armados ilegales”.

La ONU resalta que la firma de los Acuerdos de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) en 2016 “mostró un descenso drástico de la violencia”, y cita cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) que muestran que los asesinatos pasaron de 12.665 en 2012 a 1.238 en 2016.

“Pero en los últimos dos años –advierte–, los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales, a menudo involucrados en actividades ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, han ampliado su presencia en varias regiones de Colombia”.

Por eso, el reporte exhortó al Gobierno a “desmantelar el amplio espectro de grupos armados no estatales y organizaciones criminales que operan en el país”, meta que calificó de prioridad, junto con la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de las instituciones públicas en las zonas más afectadas por la violencia.

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El informe, además, establece una serie de recomendaciones para que las autoridades las apliquen “urgentemente, en aras de proteger la vida y los derechos humanos de los afectados”, al tiempo que señala que la respuesta militar por parte del Estado no ha conseguido detener la expansión de los grupos ilegales. La presencia escasa de instituciones civiles, por otro lado, “ha agravado la situación”, advierte el informe.

Otro agravante, según la OHCHR, es “la falta de educación y de oportunidades laborales”, que aumenta “la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes a ser reclutados por los grupos armados”.

En 2021, la OHCHR en Colombia verificó el homicidio de 100 personas defensoras de los derechos humanos, mientras que este año, entre el primerode enero y el 30 de junio, recibió información sobre 114 homicidios de activistas. De ellos, hasta ahora, ha verificado 22 casos.

“Tenemos que pedir permiso para salir”

Los grupos armados y las organizaciones criminales han adoptado diversas tácticas para controlar a las comunidades, como la imposición de normas y restricciones a la circulación de la comunidad.

“Tengo temor”, denunció ante la ONU una defensora de los derechos humanos en el departamento de Arauca, “porque llevamos tanto tiempo con la presencia de las disidencias imponiendo sus normas y condiciones que, aunque no queramos, hacemos parte. Tenemos que obedecer lo que digan ellos (…) Hay retenes en la vía, con hombres con armas largas, donde nos paran, nos dicen que tenemos que pedir permiso para salir y nos revisan los celulares”.

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Minorías étnicas, desprotegidas ante el conflicto

La ONU también denuncia casos en los que indígenas y afrodescendientes reclutados por estos grupos armados: “Han sido obligados a participar en actividades ilícitas y a abandonar sus formas de vida tradicionales, como la pesca y la caza”.

La combinación y perpetuación de esta violencia “destruye el tejido social de las comunidades, poniendo en peligro la identidad cultural y la autonomía”, señala el documento, y, por ello, agrega, las mismas comunidades y sus líderes, al tratar de proteger sus tierras, “sus vidas, su cultura y el medioambiente se enfrentan a enormes riesgos”.

El documento aborda el caso del pueblo indígena nasa, en el departamento del Cauca, que desde hace tiempo es objeto de amenazas y ataques.

Solo en los primeros meses de 2022, según datos de la ONU, cuatro líderes nasa fueron asesinados.

Además de la violencia, el narcotráfico y “las industrias extractivas que amenazan su forma de vida e, incluso, su supervivencia”, el informe advierte que “la situación actual podría acelerar la desaparición del pueblo indígena jiw, ubicado en las riberas del río Guaviare y que actualmente cuenta con unos 2.261 habitantes”.

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La OHCHD también pide que “los actos de violencia cometidos por los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales” sean “investigados eficazmente y sus autores castigados, independientemente de su afiliación”.

Sustitución de cultivos, a medias

El informe también le pide al Gobierno de Petro “garantizar la plena aplicación del Acuerdo de Paz”, así como incentivar la sustitución voluntaria, “en lugar de la erradicación forzosa, de los cultivos de coca”.

Al respecto, diferentes análisis de los garantes y acompañantes de los Acuerdos de Paz han dejado ver su implementación en el gobierno de Iván Duque.

Por ejemplo, el 12 de julio de este año, el informe ‘No enreden la paz’, firmado por senadores y representantes a la Cámara de la Alianza Verde, el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido de la U, el Polo y el Centro Democrático, enumeró los problemas en temas como la seguridad, el estado de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las reformas pendientes, la restitución de cultivos, entre otros.

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En el caso del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), que vinculó a más de 99.000 familias, estas erradicaron exitosamente más de 45.000 hectáreas de hoja de coca. Aunque el Estado se comprometió a brindarles alternativas productivas, la cifra total, un poco más de la mitad, tienen proyectos productivos de ciclo corto y apenas el 2,4 por ciento proyectos de ciclo largo, alerta el documento.

“Los retos más grandes están en Meta y Córdoba, ya que en cada departamento hay más de 4.000 familias sin proyecto productivo”, resalta el informe. Cabe destacar que, además de las fallas de origen en el diseño del PNIS, la sustitución se ha visto afectada por la presencia de grupos armados en los territorios y el interés del gobierno de Duque de impulsar la erradicación forzada.

Reformar el sector seguridad e investigar a funcionarios

Uno de los hallazgos más preocupantes de ‘No enreden la paz’ tenía que ver con el aumento del 5,5 por ciento en la tasa de homicidios entre 2017 y 2021. Los más afectados fueron los municipios PDET, los mismos que, por años, sufrieron con más fuerza la guerra. En estos lugares el índice de homicidios creció 38,9 por ciento al comparar con el año en que el <cuerdo se firmó.

Sobre las masacres, el informe evidenció un aumento del 287 por ciento entre 2016 y 2022.

Por su parte, la OHCHD señaló que “deben aplicarse y consolidarse los programas de reforma y desarrollo rural, con la participación de las comunidades afectadas. Debe reforzarse la capacidad de los gobiernos locales, incluidos los de las comunidades afrodescendientes e indígenas”.

El informe de la OHCHD también detalla la preocupación por las violaciones a los derechos humanos, “incluidas las privaciones arbitrarias de la vida, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, e insta a reformar el sector de la seguridad. También pide investigar “los presuntos vínculos entre algunos funcionarios y fuerzas de seguridad del Estado con estos grupos violentos”.

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