El hijo de ‘La Gata’ y los interrogantes que deja su caso sobre la paz total

La orden de libertad para Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, alias La Gata, abrió el debate sobre la pertinencia de los facilitadores o gestores de paz que el Gobierno de Gustavo Petro está nombrando en el marco de la paz total. Muchos se preguntan cuál es el criterio para escogerlos y cómo los vigilarán.

En cuestión de horas, una decisión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz desató una tormenta política para el Gobierno Petro. Según la resolución 075 de 2022, emitida por esta entidad, Jorge Luis Alonso, hijo de alias La Gata y condenado por el homicidio de un periodista, quedó autorizado para ‘facilitar’ las conversaciones de paz con grupos armados organizados. 

La resolución fue firmada en diciembre del año pasado y utilizada por Alonso para pedirle a un juez de Barranquilla que suspendiera la orden de prisión domiciliaria que pesaba en su contra por una condena de 29 años, relacionada con el asesinato del periodista Rafael Enrique Prins. 

El juez encargado, Orlando Petro Vanderbilt, verificó que Alonso hubiera sido nombrado como facilitador de paz y le otorgó la boleta de libertad el pasado 2 de febrero, recibida este miércoles por el Inpec. 

Una vez se conoció la noticia, las críticas empezaron a llover sobre Petro y el comisionado Danilo Rueda, quienes tuvieron que publicar varios comunicados para tratar de aclarar la situación. Según ellos, aunque Jorge Luis Alonso sí fue nombrado como facilitador, nunca se dio la orden de liberarlo, pues su papel lo podía cumplir desde prisión domiciliaria.

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“El Alto Comisionado de Paz no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa es una facultad exclusiva del presidente de la República. No hay ningún decreto firmado –repito– que pida la libertad del señor López”, dijo el ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfonso Prada. 

El Gobierno le pidió al juez revocar la decisión que dejó libre a Alonso y aseguró que a este solo le quedaban 13 días como facilitador de paz. Por su parte, la Fiscalía anunció que investigará al juez Petro Vanderbilt, quien ya había sido cuestionado por otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria al hijo de La Gata.

A pesar de la reacción del Gobierno, la noticia sigue generando críticas de la oposición e indignación de los periodistas, pues el acusado de ordenar la muerte del comunicador Rafael Enrique Prins quedó libre unas horas antes de conmemorarse el día internacional del periodista. 

Algunos críticos de Petro, como los excandidatos Federico Gutiérrez y Enrique Gómez, revivieron la polémica del llamado ‘Pacto de La Picota’, escándalo que desataron las visitas del hermano del presidente, Juan Fernando Petro, a varios narcotraficantes y parapolíticos que tendrían la intención de sumarse a la paz total. 

Aunque en las últimas horas el Alto Comisionado revocó la decisión de nombrar a Jorge Luis Alonso como facilitador de paz, argumentando que la filtración de su nombre pone en riesgo el proceso, quedan muchas dudas sobre el uso que el Gobierno le está dando a esas nuevas figuras de voceros o gestores de paz. 

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¿Quién es quién en la paz total de Petro?

La liberación de Alonso está rodeada de incertidumbre. Si bien se conoce la solicitud del Alto Comisionado que pide convertirlo en facilitador de la paz total durante dos meses, no hay ninguna explicación de por qué el hijo de La Gata es valioso para este fin y mucho menos cuáles serán sus funciones. 

Lo único que se sabe es que tanto Alonso como su familia —la empresaria del chance Enilce López, su madre; y el exsenador Héctor Julio Alfonso, su hermano— habrían mantenido estrechas relaciones con grupos paramilitares en el Caribe.

Cabe recordar que Jorge Luis y su hermano Héctor fueron expulsados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues este alto tribunal consideró que ninguno de los dos aportó a la verdad. Esta es otra de las críticas a la decisión del Gobierno, pues algunos creen que con ese antecedente es poco probable que Alonso quiera aportar a la paz.

En todo caso, la polémica generó varios interrogantes sobre los mecanismos del Gobierno Petro para conversar con grupos armados y bandas criminales. La confusión llegó a tal punto que el Alto Comisionado tuvo que publicar un ‘ABC’ de los términos usados en el contexto de la paz total. 

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Según la entidad, existen tres figuras: gestor o promotor de paz, facilitador y vocero de paz. Los dos primeros aparecen avalados por leyes y decretos de 2005, 2016 y 2020. El último está consagrado en la Ley 2272 de 2022, la que le brinda facultades al presidente Petro para negociar con los grupos.     

El Alto Comisionado explica que los gestores de paz son únicamente miembros de grupos armados y que su designación está a cargo del presidente. Son ellos quienes pueden obtener la suspensión de una pena u orden de captura, sin que esto implique anular los procesos judiciales. No reciben sueldo. 

En cuanto a los facilitadores de paz dice que pueden ser nombrados por la Oficina del Alto Comisionado, que la designación no se trata de un indulto o amnistía y que tienen como tarea “verificar la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”. 

Por último, explica que los voceros de paz hacen parte de organizaciones sociales o humanitarias y que, si bien pueden estar siendo investigados, no deben ser condenados. Su papel es ayudar a desescalar los conflictos. Tampoco reciben una remuneración ni pueden firmar contratos laborales.  

Este jueves se conoció que el juez que ordenó la libertad de Jorge Luis Alfonso López había enviado, el 18 de enero, una carta al comisionado Danilo Rueda, informándole que se adelantaba un proceso para liberarlo teniendo en cuenta su condición de “facilitador de los procesos de paz”.  

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