“Hay que acabar con las ficciones que están frenando la Paz Total”

Francisco Tolosa, quien hizo parte del equipo técnico en La Habana y tuvo la vocería en la Cámara en la implementación legislativa; y John Espinosa, quien fuera asesor experto en la implementación normativa del acuerdo final de paz en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, instancia creada para esos fines, hablan sobre las trabas que frenan la Paz Total.

Diario Criterio: ¿Por qué creen que el proceso de la Paz Total sigue estancado, con poca claridad? ¿Por qué que consideran que el Gobierno Petro no ha podido avanzar ni siquiera en la implementación?

Francisco Tolosa: Tanto John como yo seguimos expectantes, porque hay un camino abierto para que se pueda hacer una paz con todos los actores armados; una forma de resarcir los errores que se cometieron, incluso con en el proceso de La Habana; en el que estuve como asesor, pero a la vez estamos muy preocupados, porque hay dos aspectos que tienen enredado el rumbo de la Paz Total.

Diario Criterio: ¿Cuáles son esos dos factores?

Francisco Tolosa: El primero, el desconocimiento técnico tan grande que hay —y ahí se me sale lo decente—, y es el que tiene que ver con la falta de marcos conceptuales y definiciones claras. No se sabe si estamos en una guerra o no; con quién o cómo se va a negociar; bajo qué marcos jurídico y conceptuales. Y el segundo es la fragilidad, por no decir ausencia, de marcos políticos y jurídicos, que no tiene nada qué ver con una ignorancia supina de quienes hacen las normas, sino de prejuicios políticos.

Diario Criterio: ¿Qué quiere decir con esto de desconocimiento o prejuicios?

John Espinosa: Hay una confusión dentro de todos los protagonistas a liderar la Paz Total, empezando por el presidente Gustavo Petro, pasando por el ministro de Gobierno, Alfonso Prada; y el comisionado de Paz, Danilo Rueda; y terminando por los parlamentarios o líderes en el Congreso.

El Gobierno hizo un llamado a todos los grupos armados, generadores de violencia, para participar en un proceso que llamó Paz Total. Pero terminaron empantanados en los conceptos y marcos legales, porque obviamente se requieren categorías, métodos y formas de negociar y acordar; y un marco jurídico claro, que comprenda una nueva transición política por fuera del estrecho margen actual constitucional, el cual viene utilizándose para ponerle freno a la idea del Gobierno del cambio de Paz Total.

Francisco Tolosa: Me parece pintoresco, por ejemplo, que el senador Ariel Ávila dice que en Colombia la única guerrilla que existe es la del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y que los demás son criminales comunes. Esa es la postura de un hombre que fue ponente de la Ley 2272 que, si bien no se sabe si es parte del Gobierno o de la oposición, lideró el proyecto de Ley de Sujeción.

Bajo esa premisa, entonces ¿en qué quedan las disidencias de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias), como la Segunda Marquetalia; o la de Iván Mordisco?, ¿o el reducto que se vino a saber que aún queda del EPL (Ejército Popular de Liberación)? Y ni hablar del mismo Clan del Golfo.

“Hay continuidad del paramilitarismo después de Ralito”

Diario Criterio: Precisamente, eso mismo pasa con la determinación de si en Colombia hay o no grupos paramilitares, neoparamilitares o grandes organizaciones criminales…

Francisco Tolosa: Se van a cumplir 20 años del Acuerdo de Ralito y, desde ese momento,  la version oficial es que se acabó el paramilitarismo. Y como no se pueden llamar así, a este grupo no solo le han cambiado su nombre: Urabeños, Clan Úsuga, Autodefensas Gaitanistas, sino su categoría: disidencias de los ‘paras’, Bandas Criminales (Bacrim), Grupos Armados Organizados, Grupos Armados Organizados Residuales, todo para negar dos cosas: que hay continuidad del paramilitarismo después de Ralito, que obviamente mutó, y que ahora no son ‘paras’ porque trafican con drogas. Esa sí es una fábula pueril, porque entonces, ¿Castaño vendía y se mantenía con empanadas? Lo mismo Mancuso, Jorge 40, el MAS (muerte a secuestradores) de Gacha.

John Espinosa: Lo complejo es que esas ficciones políticas tienen su correlación jurídica. Si el Clan del Golfo es una banda criminal, ¿entonces por qué el Estado les envía el Ejército, lo mismo que a la Segunda Marquetalia, o las disidencias, las bombardea o enfrenta con elementos o tácticas de guerra? Entonces yo me buscaría un abogado para que demanden al Ejército, poque están violando el principio de proporcionalidad de la fuerza, porque a un grupo delincuencial no se le pueden aplicar métodos de guerra.

Y los muertos que llevamos desde ese tiempo, si no ocurrieron como consecuencia de un conflicto, ¿entonces fue por líos de faldas?, ¿ajustes de cuentas? Uno no mata líderes sociales, como los están asesinado, si no es parte de un conflicto. No hace un paro en 300 municipios si es un cartel de narcotráfico, sabiendo que van a perder plata; o prohíben la venta de drogas en sus zonas de control.

“Todo el mundo piensa que el Clan del Golfo está fuera del Estado”

Diario Criterio: Entonces, si el Clan del Golfo es un grupo paramilitar o neoparamilitar, ¿por qué no negocian con ellos con las normas que permitieron la desmovilización en el gobierno de Uribe?

Francisco Tolosa: en mi opinión, la Paz Total es la desactivación conjunta, simultánea, de los grupos armados, grupos rebeldes o guerrilleros; grupos paramilitares o neoparamilitares; y el presidente de la República tiene la potestad constitucional para negociar con ellos, incluso con las normas actuales. Lo que pasa es que se enredaron en los conceptos y tecnicismos que heredaron.

En lo firmado en La Habana, entre el Gobierno y las Farc, por ejemplo, hay todo tipo de definiciones para no hablar de la categoría paramilitarismo, porque el general Óscar Naranjo no permitió que se les dijera así. Entonces, ¿qué es el Clan del Golfo? Como no se los podía llamar así, bajo la ficción de que el paramilitarismo se acabó con el proceso de Uribe, entonces se les ha llamado neopramilitares.

Acá todo el mundo piensa que el Clan del Golfo está fuera del Estado. Ellos dicen, por ejemplo, que eran paramilitares cuando el general Faruk Yanine les daba las armas y ayudaban a los militares, pero no hoy, cuando tienen a uniformados que los ayudan o trabajan para ellos. Esto va a que no se les puede dar el mismo tratamiento a estos grupos que a una banda que roba celulares. Debe haber una categoría y un proceso con alzados en armas, otra para los ‘paras’ o ‘neoparas’ o grandes organizaciones criminales, y una para bandas de delincuencia común.

John Espinosa: La claridad la tienen que dar el Presidente y el Gobierno: Vamos a crear dos o tres anillos o procesos. El primero, con las guerrillas del ELN y demás; el segundo, con los grupos paramilitares o como se llamen, como el clan del Golfo, los Pacheli; y un tercero, que incluso puede estar en cabeza del Ministerio del Interior y las alcaldías, es con los pandillas y bandas criminales.

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La Paz Total es la “superación de la violencia política”

Diario Criterio: Y cuando hablan de falta de claridad o sinceridad política, ¿a qué se refieren?

Francisco Tolosa: Uno de los problemas que quedó claro en todo el proceso de La Habana y la aplicación de lo acordado es el Estado. La Paz Total debe ser una política de Estado, no solo gubernamental. Eso implica el concurso de las tres ramas del poder público, por lo menos.

Efectivamente, la potestad constitucional para determinar con quién se negocia la tiene el presidente de la República, pero está maniatada por el Congreso de la República, en donde tiene mayorías para elegir al contralor general, pero no se sabe si para aprobar normas que se requieren para los diálogos o para implementar lo acordado. Y lo otro es que, en vez de llegar a acuerdos con la Justicia, se cayó en la confrontación que, al parecer, parece haberse zanjado en la última reunión entre Petro y el fiscal, Francisco Barbosa.

John Espinosa: Si al Clan del Golfo los tratan como traquetos, ellos entregan rutas y plata; si los tratan como paramilitares o, como dice Mancuso, “agentes de facto del Estado”, tienen que entregar a padrinos o ahijados políticos; económicos, militares. O si los tratan como bandas criminales o delincuentes comunes, las víctimas y sus familias van a quedar sin verdad ni reparación. Ahí debe estar centrada la claridad jurídica al respecto.

Diario Criterio: ¿Qué entienden por la Paz Total o cómo la definen?

John Espinosa: Es un proceso para pacificar el país, entendido como una superación de la violencia política, por supuesto, y, para ello, se deben crear mecanismos e instrumentos de orden legal para poder llegar a esa superación de la violencia política. El reto es cómo adelantar estos procesos con o a pesar de los mecanismos que dejó, por un lado, el acuerdo final de paz de La Habana, las normas jurídicas establecidas; y, por el otro lado, las libertades que tiene el Ejecutivo para negociar, que es muy diferente a lo que se pueda requerir para implementar lo acordado.

Francisco Tolosa: De acuerdo. Es la eliminación de las formas de violencia política. Ponerles fin a las pugnas por o contra el poder del Estado, así como el ELN está en confrontación con el Estado. Para eso ejerce control social, territorial, militar o incluso interfiere en las administraciones públicas y elecciones. El Clan del Golfo no pugna por el poder nacional, pero también controla territorios, impone un orden social, entre otros.

“El santanderismo nos metió en ese debate”

Diario Criterio: ¿Se necesita una nueva ley para negociar?

John Espinosa: Para empezar a negociar, no; para firmar reformas institucionales o constitucionales, sin dudas. En el caso del ELN, hasta el señor (José Félix) Lafaurie ha reconocido que es un grupo armado político con el que debe haber un diálogo político.

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Lo mínimo de donde no se va a bajar este grupo es de la no extradición, cosa que hoy no tiene garantizada. Lo puede hacer en el marco del acuerdo de justicia. Ahora, si se hace por la Ley 2272, termina siendo excluyente, porque, en términos coloquiales dice que el presidente puede invitar a almorzar, pero solo sopa o carne; pero si hay un vegano o alguien más quiere pescado, no puede.

¿Qué significa esto? Que a un grupo armado organizado o residual no se les puede tratar ni dar el carácter político, porque no se permite, y hay sentencias de la Corte Constitucional; pero, en realidad, son organizaciones que hacen lo mismo que un grupo insurgente.

Francisco Tolosa: Pero, así como hay un marco que le favorece, también lo puede perjudicar, pero este pasa por lo político. Es claro que dentro de la alianza de partidos que eligió a Petro está todo un sector que negoció la paz con las Farc. Ellos tienen una visión que, en ciertos puntos o momentos, choca con la que tienen otros sectores que también hacen parte del Pacto (Histórico), pero que no necesariamente coinciden. Mientras esas dos visiones estén en pugna, difícilmente se llegará a la Paz Total. Pongamos un ejemplo extremo:

Donald Trump negoció con los talibanes, pero no se puso a determinar primero si eran guerrilleros, ilegales, terroristas, rebeldes, semirrebeldes, religiosos armados… Simplemente decidió negociar, y lo acordado se implementó dentro del marco constitucional, político, jurídico. En Colombia, el santanderismo nos metió en ese debate y por eso no se avanza.

Las “ficciones” que frenan la Paz Total

Diario Criterio: ¿Cuál es la normatividad, entonces, que podría usarse, pero la que también interfiere?

John Espinosa: Seguimos en una transición política en materia criminal y de paz, y en la que se han producido dos tipos de normas: unas transitorias y unas permanentes. Dentro de estas últimas, el Acto Legislativo 05 de 2017, que plantea que, una vez las Farc dejaran las armas, el monopolio y ejercicio de ellas y de la fuerza era legítimo del Estado.

Lógicamente eso no es cierto, y esa ficción ha hecho que todo aquel que en adelante sea detenido por hacer parte de un grupo armado sea procesado por concierto para delinquir agravado y no por rebelión. Entonces, ¿qué va a pasar con los detenidos del ELN o de las disidencias de las Farc desde 2017 hasta hoy? Ese tipo de cortapisas, de ficciones, frenan la Paz Total e imponen ajustes normativos que salven el anhelo de paz.

Francisco Tolosa: Ya se ha avanzado, con la Ley 2272 de 2022 y la nueva Ley de Acogimiento, pero también hay varias normas que se deben derogar o modificar, entre ellas, el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley 1908 de 2019 de sometimiento promovida por el exfiscal Néstor Humberto Martínez, las leyes relacionadas con las suspensiones provisionales de orden de captura o Ley 1081 de 2015.

Diario Criterio: Pero este proceso viene empantanado desde la campaña o los acercamientos entre Danilo Rueda o el hermano del presidente Petro…

Francisco Tolosa: En la campaña, Petro no habló de la Paz Total ni de Venezuela, porque seguramente así se lo recomendaron sus asesores. Una vez posesionado, avanzó en los dos con la meta de paz, no de lograr acuerdos parciales —incluido el que firmó el Estado con el M-19—, sino totales para evitar que se caiga en un reciclaje de nuevas violencias, tal y como se vio en el pasado. Por ejemplo, en el acuerdo de 1958 se desmovilizaron las guerrillas liberales y se estableció que quien no lo hiciera, sería tildado y tratado al día siguiente de bandolero.

Ya sabemos lo que pasó con quienes no fueron incluidos, entre ellos, Manuel Marulanda. Yo, que trabajé en el acuerdo de la Habana, no me opongo a la Paz Total, porque ese acuerdo fue incompleto. Por ejemplo, mire el conflicto que hay porque la JEP (Justicia Especial para la Paz) no puede o quiere darles entrada a los ‘paras’.

John Espinosa: La Paz Total implica cambiar una realidad jurídica. Por ejemplo, liquidar Justicia y Paz, para crear un nuevo marco normativo, político, que yo llamo mental. Hay que diferenciar entre el diálogo y la negociación, y en eso anda enredado el Gobierno; así como en buscar el cese de hostilidades, alto al fuego con distintas organizaciones. Como se vio con el ELN, el Gobierno pensó y anunció una cosa, y el ELN dijo que no eso no se había hablado o negociado con ellos.

El Clan del Golfo no comete delitos políticos: Tolosa

Diario Criterio: Sobre las diferencias con el presidente Petro, que parece esta semana quedaron mediamente saldadas, ¿en qué sí o no tiene razón el fiscal Barbosa?

Francisco Tolosa: En varias tenía razón. Por ejemplo, cuando él niega el levantamiento de órdenes de captura a personas del Clan del Golfo, lo hace con base en lo que hemos hablado, que allí no hay delito político. Segundo, que solo son amnistiables este tipo de delitos políticos o conexos.

Y difiero del fiscal Barbosa, además de otras posturas políticas, en que la Ley de Sometimiento era una gran dádiva para los narcos y grupos delincuenciales por conservar el seis o siete por ciento de los bienes que entregaran como fruto de la negociación o del sometimiento. Si ni la Fiscalía ni las autoridades saben cuáles son o de qué fortunas se están hablando, porque si lo supieran, ya habrían actuado, entonces es difícil juzgar si era una gran dádiva o un buen negocio para el Estado.

A la Ley 1908 de sometimiento no se ha acogido nadie, porque no es mejor que otras que ya existen en la justicia ordinaria, por no hablar de la justicia de Estados Unidos.

John Espinosa: En lo relacionado con la suspensión de órdenes de captura no tenía razón y así lo explicó la misma Presidencia de la República; y porque la Ley 2272 sí previó este tipo de suspensión en su artículo 8 parágrafo 2. Lo que resulta extraño es que la Oficina del Alto Comisionado se auxilie de normas anteriores para peticionar al fiscal las suspensiones de ordenes de captura.

Y en cuanto al favorecimiento a los narcos, ente comillas, ya existe en la normatividad el principio de oportunidad, esa figura legal creada dentro del sistema penal acusatorio como en la Ley de Extinción de Dominio en la que se prevé, al igual que en el proyecto de ley, que los beneficios se entregan si y solo si hay entrega verdadera de bienes de manera temprana o confesión anticipada.

Diario Criterio: Para terminar, este fin de semana se dio el lanzamiento de la negociación con la disidencia de Iván Mordisco. ¿Qué opinión le merece?

John Espinosa: Una nueva oportunidad para avanzar en el diálogo, con una promesa de inicio o instalación formal de la mesa en el mes de mayo. Este hecho prueba que es posible iniciar los diálogos con todas las guerrillas, con base en el artículo 22 de la Constitución y la Ley 2272. Que hay que comenzar con el reconocimiento de las nuevas insurgencias y parando la guerra en todos los territorios, con protocolos claros y verificables del cese al fuego. Se debe negociar en un ambiente de alto al fuego.