“Pese al acuerdo de paz, no hay condiciones para liderazgos LGBTQ+”: Caribe Afirmativo

Junio fue el mes del orgullo LGBTQ+, una oportunidad para celebrar los avances, revisar los retos y exigir el cumplimiento de los derechos de esta población.

Diario Criterio habló con Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, organización que lleva más de una década trabajando por la construcción de paz, la diversidad y la defensa de los derechos humanos. Como lo mencionó Castañeda (politólogo, magister y doctor en filosofía) en un país en paz no existe la discriminación.

El conflicto armado afectó de forma diferencial a las personas LGBTQ+. Prueba de ello son los informes presentados por esta ONG a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión de la Verdad. La persecución fue el factor de macrocriminalidad detectado por la organización. Durante la entrevista Castañeda explicó los hallazgos y conclusiones, pero también sus preocupaciones en materia de implementación.

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Caribe Afirmativo también alerta un aumento de la violencia en todo el país. Este año en el Caribe han documentado 15 asesinatos de personas LGBTQ+, 2020 y 2021 fueron los años con más casos desde que iniciaron sus registros.

Diario Criterio: ¿Cómo nació Caribe Afirmativo?

Wilson Castañeda: Caribe Afirmativo es un proceso de sociedad civil que surgió por un hecho muy concreto: en 2007, en Cartagena, asesinaron a un hombre abiertamente gay, de origen cubano, que se llamaba Rolando Pérez.

El entonces comandante de Policía de la ciudad, Carlos Mena, llegó al lugar de los hechos para hacerse cargo, pero cuando se enteró de que la víctima era un hombre homosexual, lo hizo responsable de su propia muerte, lo revictimizó con frases como “quién sabe en qué estaba metido”.

Esa declaración de Mena le dio la vuelta Cartagena y puso a la opinión pública en un falso dilema de quién es más malo, si el homosexual o el que mata al homosexual. Entonces, se levantó la homofobia que estaba dormida en Cartagena. Rolando era profesor universitario. Sus amigos y otras personas de la ciudad se indignaron y ahí se creó Caribe Afirmativo, una respuesta desde territorio y una forma de exigir el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQ+.

Diario Criterio: ¿Qué hace la organización?

W.C.: Caribe Afirmativo tiene cuatro líneas de trabajo. La primera es que, si bien somos una ONG y cumplimos con todos los requisitos legales y tributarios, nos definimos como una organización de trabajo comunitario. Generamos espacios para que las personas LGBTQ+ se empoderen en sus derechos y para que la ciudadanía crezca en cultura ciudadana.

De hecho, nuestros lugares de trabajo se llaman casas afirmativas y no oficinas. Ya tenemos ocho sedes: en Barranquilla, Maicao, Ciénaga, Soledad, Montes de María, Montelíbano, Cartagena y Medellín.

En segundo lugar, cuando Caribe Afirmativo nació, el país estaba construyendo la Ley de Víctimas y en Cartagena se estaban haciendo unos encuentros para responder de qué manera afectó el conflicto armado a la ciudadanía. Empezamos a participar y nos dimos a la tarea de entender cómo el conflicto afectó a las personas LGBTQ+. Hicimos un acercamiento a los pueblos de los Montes de María, Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, para identificar historias de personas LGBTQ+ asesinadas, desaparecidas, amenazadas o que seguían en la zona resistiendo.

La tercera tiene que ver con que nuestra organización entendió la importancia de la incidencia en el entorno. En Colombia, las agendas LGBTQ+ han tenido un campo de incidencia en el Congreso de la República, en las cortes, en la presidencia, pero había una ausencia de esto en los territorios. Parecía que, como eran decisiones en Bogotá, se quedaban en el orden central sin avanzar en la periferia. Comenzamos a hacer ejercicios con alcaldes, comisarios, personeros, pero también lideresas de los barrios, tenderos y vigilantes para evitar que se reprodujeran prácticas de discriminación.

Diario Criterio: ¿Y la última?

W.C.: La cuarta línea tiene que ver con que en los últimos años a nuestras casas afirmativas —en las que hacemos actividades lúdicas y artísticas— llegaron personas LGBTQ+ de origen venezolano. Nos enfrentamos al reto de entender cuál debía ser la respuesta como organización frente al proceso de movilidad humana de personas LGBTQ+.

Trece años después del inicio de Caribe Afirmativo estamos empeñados en construir espacios para la diversidad sexual desde lo territorial, desde lo periférico, desde las regiones para que se garanticen los derechos de las personas LGBTQ+.

El conflicto armado y la población LGBTQ+

Diario Criterio: ¿Cómo ha sido el proceso de documentar el conflicto armado en la vida de la comunidad LGBTQ?

W.C.: Cuando participamos en 2010 en la construcción de la Ley 1448, la Ley de Víctimas, la primera en Colombia que habla de las personas LGBTQ+, decidimos seguir haciendo una observación sistemática. Sabíamos que venía un proceso de paz y queríamos tener la información para ponerla sobre la mesa y proponerle al Estado que la paz incluyera a la comunidad.

Hicimos el ejercicio de documentar hechos victimizantes o decisiones relacionadas con el conflicto armado que afectaron a las personas LGBTQ+. Realizamos varios informes que responden a esa pregunta. Cuando se iniciaron las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, nos invitaron en calidad de organización experta para explicar a los negociadores por qué para construir la paz se debían pensar los efectos diferenciales de la violencia.

Diario Criterio: ¿Qué encontraron? ¿Qué concluyen en el informe presentado este año a la Jurisdicción Especial para la Paz?

W.C.: Esa incidencia en La Habana, junto con la del movimiento de mujeres, se traduce en el enfoque de género del Acuerdo de Paz. Cuando se creó el sistema de justicia transicional encontramos una oportunidad para hacerlo realidad. Para empezar, acoplamos el proceso que iniciamos desde 2010 a los instrumentos de la JEP y la Comisión de la Verdad y preparamos los informes.

Encontramos que la persecución (entendida en el derecho internacional como limitación o impedimento a generar un liderazgo) era el patrón de macrocriminalidad en la violencia contra las personas LGBTQ+.

Reconstruimos casos de homicidio, feminicidio, desplazamiento forzado, violencia sexual y amenazas que cumplían con el patrón en territorios afectados por el conflicto; nos concentramos en los casos del Urabá antioqueño, Cauca y Valle del Cauca. Pero también entregamos a la JEP otros casos de violación a derechos humanos, por ejemplo, una caracterización de casos de violencia por parte de la fuerza pública con énfasis en Montes de María  —que esperamos algún día sea priorizado—, violencia contra niños y niñas por expresión de género (aquí puede leer el informe Juguemos en el bosque mientras el lobo no está), persecución a colectivos LGBTQ+.

Finalmente, además de construir el informe, hicimos un proceso de acompañamiento en términos jurídicos y psicosociales y una representación de las víctimas ante la jurisdicción. Ahora estamos a la espera de que todo sea tenido en cuenta.

Diario Criterio: ¿Qué otros informes han presentado o presentarán?

W.C.: Hacemos dos tipos de informes. Para la Comisión de la Verdad ya entregamos ocho. Estamos preparando el último, junto con la Universidad de los Andes, sobre la afectación del conflicto armado para las personas que viven con VIH. Todos son de conocimiento público, analizan patrones de violencia y esperamos que se incluyan en el gran informe de la Comisión de la Verdad.

Por otro lado, como ya dije, entregamos informes a la JEP donde desarrollamos los patrones de macrocriminalidad. Ahora estamos preparando un informe sobre Caquetá. La construcción de cada documento implica un acompañamiento integral a las víctimas y también entregamos el consentimiento de estas para que sean tenidas en cuenta en el proceso, en ese caso las representaremos. 

Diario Criterio: ¿La situación de las personas LGBTQ+ sigue siendo más crítica en las zonas rurales y en los lugares afectados por el conflicto?

W.C.: Para Caribe Afirmativo la situación se está agudizando en las zonas donde antes había alta afectación del conflicto. Muestra de ello es la dificultad en la participación en los consejos de paz que no arrancan y el poco avance de los PDET [Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial] que no están articulados a los Planes de Desarrollo Territorial y no reciben recursos por parte del Gobierno. La pandemia los dejó en el olvido, una situación que se da en medio del aumento de la violencia que afecta, particularmente, a líderes y lideresas sociales comprometidos con la agenda de paz.

Notamos en zonas rurales, donde hay personas LGBT que fueron víctimas, un incremento en las amenazas, incluso en los asesinatos. Hay temor colectivo porque no hay condiciones para que en los territorios de donde salieron las Farc haya una ocupación del Estado. Por el contrario, nuevos actores están copando los territorio.

Diario Criterio: ¿Cuántas personas LGBTQ+ fueron asesinadas en el último año en el Caribe?

W.C.: En 2020 documentamos 32 homicidios y feminicidios de personas LGBTQ+ en el Caribe y en 2021 hemos documentado 15. Además, registramos un aumento de casi el 70 por ciento en las amenazas a líderes y lideresas sociales, en territorios como los Montes de María, la Mojana sucreña, la Serranía del Perijá, territorios de PDET.

En la pandemia, que trajo restricciones a la movilidad, se incrementó la violencia contra personas LGBTQ+, muchas veces en sus propias casas.

El 2020 y lo que va de 2021 no solamente han sido los años más violentos desde que Caribe Afirmativo tiene registro, sino que se nota la connivencia del Estado por el aumento de la violencia policial y el abandono estatal.

En época de pandemia, muchas personas, no tenían casa y terminaron siendo habitantes de calle, exponiéndose a más peligros, a muchos les costó la vida. Hay que decir que después de la firma del Acuerdo de Paz no han existido condiciones para los liderazgos de la comunidad LGBTQ+ en los territorios, sino que se han precarizado y agudizado las vulnerabilidades.

Diario Criterio: ¿Considera que hay violencia institucional?

W.C.: En el conflicto armado la violencia institucional fue una tendencia, sobre todo por parte de la fuerza pública (Policía, Ejército, Infantería de Marina), que tenían interés de control territorial e involucraron asuntos de doctrina moral. Consideraban que las personas LGBTQ+ eran indeseables, “un daño moral para la sociedad”, y que no debían estar.

Diario Criterio: ¿Se mantuvo después de la firma del acuerdo?

W.C.: Sí, pero en los últimos meses aumentó por dos factores. Por la pandemia los territorios fueron militarizados, incrementando los casos de violencia contra personas LGBTQ+ habitantes de calle o que debían salir a buscar su sustento. Y por el paro nacional. Mucha de la gente que sale a la calle a protestar es de la comunidad LGBTQ+ y han sido violentadas antes, durante y después de la movilización. Esto se suma a la desatención del Estado.

Diario Criterio: ¿A qué trabas se enfrenta una persona LGBT que acude a la justicia?

W.C.: Hay un alto nivel de impunidad. Además, no solo nos interesa saber quién lo hizo, sino por qué lo hizo. Para Caribe Afirmativo la violencia contra las personas LGBTQ+ es por prejuicio, entendido como una motivación irracional colectiva que valida la violencia.

Lo que le hemos dicho históricamente a la sociedad y al Estado es que quien hace la investigación debe indagar si la orientación sexual, identidad o expresión de género fueron motivantes para generar el hecho de violencia.

El último informe que compartimos con la Fiscalía revela que la investigación de la violencia ejercida contra personas LGBTQ+ avanzaba en un 20 por ciento, es decir, el otro 80 por ciento no está siendo investigado en Colombia. Cuando no se investiga los victimarios creen que tienen licencia.

Del otro lado, las víctimas se sienten indefensas, no ven garantías para denunciar porque muchas veces la misma entidad que los vulnera recibe su denuncia o al hacerlo son revictimizadas, ridiculizadas e incluso cuestionadas.

Con la implementación del acuerdo, si bien celebramos el enfoque de género en la JEP, sentimos que no hay garantía plena para las víctimas, las audiencias virtuales son todavía más complejas. Además, hay demoras. Es aberrante que todavía no se haya priorizado el caso de violencia sexual.

Diario Criterio: ¿Cuáles son las diferencias en los patrones de violencia que ejercen contra un hombre gay, una mujer lesbiana, una mujer trans…?

W.C.: Cuando le apostamos a pensar el enfoque de género, teníamos muy claro que hay una afectación diferencial. La violencia es patriarcal, machista, misógina y lo que se le castiga a las personas LGBTQ+ es esa renuncia al patriarcado. Hay mayor afectación hacia las personas trans, mujeres lesbianas o bisexuales y hacia los hombres que “ponen en riesgo la masculinidad”.

Cuando uno es un hombre gay y no hay una expresión de género contraria al patriarcado, no es tan hostil la sociedad. En cambio, cuando te feminizas o rompes la feminidad, te atacan porque interpelas al patriarcado.

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Uno de los datos más alarmantes del informe que entregamos a la JEP sobre el Cauca es que hay muchos casos de personas trans a las que los actores armados les prohibieron su expresión de género porque lo consideraban “inmoral”.

No solamente las personas LGBT recibieron un impacto diferente en el conflicto por su orientación sexual, identidad o expresión de género, sino que la persecución fue aún más aguda para algunas personas.

La mejor manera para leer la violencia por prejuicio hacia las personas LGBT es hacerlo con los lentes de violencia de género porque, valga la redundancia, esta está dada en torno al género que asumen, al que renuncian o que complejizan.

“Un país en paz es uno que deja atrás la discriminación”

Diario Criterio: ¿Qué mensaje deja Caribe Afirmativo en este mes del orgullo que se acaba?

W.C.: Celebramos que en Colombia hoy hay más activismo LGBTQ+, sobre todo joven, feminista; celebramos que hoy las personas LGBTQ+ están en más espacios políticos, culturales.

El orgullo es una celebración, pero tenemos tres grandes preocupaciones. La primera es que en el país está incrementando el discurso de odio, en la clase política, en quien gobierna y en varios sectores. Por ejemplo, están poniendo en duda si somos ciudadanos de derechos y eso nos preocupa porque los discursos de odio son un caldo de cultivo para perpetuar la violencia.

En segundo lugar, hay vientos de retroceso. Veníamos avanzando en materia de reconocimiento de derechos, en los últimos años nos estancamos. Dos casos puntuales: el primero es que el Gobierno anterior dejó una política pública LGBTQ+ que el Gobierno actual debía implementar, pero ya va de salida y no lo ha hecho. El segundo es que hace años se creó la mesa de casos urgentes, conformada por diferentes entidades del Estado, con la secretaría técnica del Ministerio del Interior, para prevenir violencia contra las personas LGBTQ+. Esa mesa está desactivada, justamente, cuando hay un aumento en las violencias.

Nuestra tercera preocupación es que sigue aumentando la violencia. Al ver las tasas de homicidios, según Medicina Legal, vienen bajando, pero eso no pasa con la violencia hacia las personas LGBTQ+. En el territorio nacional se han duplicado. Y nosotros sabemos que un país en paz es uno que deja atrás la discriminación.