Petro y Barbosa, dos proyectos opuestos para el mismo país

César TorresCésar Torres

“Esto no es Petro contra Barbosa, ni viceversa. Esto es una disputa entre dos propuestas de manejo de la cosa pública”: César Torres.

El 12 de septiembre de 1989, en Washington D.C., el periodista colombiano Fabio Castillo rindió testimonio ante el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados unidos. En una parte de su declaración, Castillo hizo referencia a Los Jinetes de la Cocaína, libro de su autoría, publicado el año anterior.

Castillo dijo que “el libro, como lo podrán apreciar quienes lo hayan leído, es un grito de rabia de quien presiente el secuestro de la misma democracia, con unos partidos políticos que están como virtuales rehenes de quienes les financiaban sus campañas con dinero que nunca podrían confesar.”

El periodista mostró como, a partir de los gobiernos de Alfonso López Michelsen (1974-1978) y Julio César Turbay Ayala (1978-1982), las mafias se fueron infiltrando y apoderando poco a poco del Estado. Otro tanto hicieron los paramilitares que, si bien fueron creados a mediados de los años 60 del siglo XX, solo en 1981 aparecieron promoviendo un proyecto político-militar. 

Desde ese momento, el narcotráfico y el paramilitarismo ayudaron a construir un régimen que, en lo económico, se caracteriza por la privatización de empresas y servicios públicos y la llamada apertura económica, arruinando la industria nacional.

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En lo político, ese régimen se ha destacado por promover y permitir la multiplicación de los partidos sin más identidad que los acuerdos para repartirse la torta burocrática y las rentas públicas y, en lo social, el régimen se distingue porque pretende regular la convivencia mediante el uso abusivo de la violencia que atemoriza a la población.

Apoyando la creación y fortalecimiento de ese régimen, la delincuencia organizada, poquito a poco, infiltró y capturó buena parte del Estado. Dos de los casos más documentados de esa captura ocurrieron en el congreso y en la rama judicial, siendo Álvaro Uribe Vélez presidente.

El primero fue la presencia ostentosa de estos grupos delincuenciales en el Congreso de la República. El cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso, el 4 de agosto de 2005, reconoció que el 35 por ciento de los congresistas de ese periodo habían sido elegidos por influencia directa de ese grupo armado. 

El segundo fue el tristemente célebre Cartel de la Toga, creado entre 2009 y 2010. Operó bajo la dirección del entonces fiscal anticorrupción, nombrado por Néstor Humberto Martínez. Coordinaba su accionar delictivo con otros fiscales, jueces, magistrados y funcionarios judiciales de menor nivel jerárquico. Exigía grandes cantidades de dinero, sobre todo, a políticos sindicados de paramilitarismo. A cambio, se comprometía a cerrar o desviar las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia adelantaba en su contra.

La infiltración a las instituciones del Estado y la captura de las mismas continuó y sigue hasta hoy día. El ejemplo más reciente de esa infiltración (o captura) del aparato judicial lo reveló el periodista Gonzalo Guillén, en La Nueva Prensa, el 26 de abril y 1 de mayo de este año. 

Según los documentos y las otras fuentes consultadas por el periodista mencionado, el fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez decidió permitir el asesinato de más de 200 personas, pese a que investigadores de la Policía Judicial le informaron las condiciones de modo, tiempo y lugar en que sicarios al servicio del Clan del Golfo cometerían esos crímenes. 

Para completar el ilícito, el mismo fiscal Hernández Martínez, “(…) hasta hoy, se ha negado sistemáticamente a la captura de los 14 asesinos principales, quienes continúan cometiendo homicidios y otros delitos, tales como narcotráfico, desaparición y desplazamiento de personas”, escribió Guillén

Y si, ante estas evidencias, el fiscal general y su vicefiscal guardan silencio, intentan ocultar el proceder de Daniel Hernández y, además, incumplen su obligación constitucional de informar al presidente sobre hechos tan graves que podrían afectar la seguridad nacional y a la institucionalidad en su conjunto.

¿Qué puede pensar uno?

Puede ser que el fiscal Barbosa y la vicefiscal Mancera no tengan conocimiento suficiente de las actividades de su subalterno. Es posible que este les presente informes incompletos o amañados o les oculte información y los esté engañando.

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También es posible que organizaciones de mafiosos y paramilitares hayan cooptado y puesto a su servicio a la cúpula de la Fiscalía.   

En cualquiera de esos casos, está claro que el llamado rifirrafe entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa no es solo ni principalmente una competencia entre dos narcisos, ni una lucha de egos entre machos alfa, ni un asunto cuya causa y solución dependen de la interpretación de la Constitución Política. Aunque algo de todo eso puede haber.

En este enfrentamiento lo que se está disputando, realmente, es el control del aparato Estatal y la continuidad o no del régimen edificado desde mediados de los años 70 del siglo pasado, con la participación, cada vez más protagónica, de las organizaciones mafiosas y paramilitares. 

En esta confrontación que hoy encarnan el fiscal y el presidente están, con el primero, los sectores sociales, empresariales y políticos que, desde el siglo anterior, se aliaron con la delincuencia para capturar el Estado e imponer el régimen antes descrito; y, con el segundo, las fuerzas políticas y sociales consientes de ser perjudicadas por la implantación de dicho régimen.

Ambos son capitalistas, promotores del libre mercado y respetuosos de la propiedad privada. Pero los primeros pretenden continuar controlando el Estado y mantener invariables los componentes económicos, políticos y sociales del régimen.

Los segundos, en cambio, buscan asumir el control de las instituciones y, desde allí, hacer transformaciones en el modelo económico y en la manera de hacer política, para crear una forma nueva de dirigir la sociedad más centrada en el diálogo y la concertación que en la fuerza y la represión.

¿Qué pueden hacer los partidos, las dirigencias políticas y la sociedad civil frente a esta disputa?

Muy difícil saberlo.

Pero una cosa sí es segura: esto no es Petro contra Barbosa, ni viceversa. Esto es una disputa entre dos propuestas de manejo de la cosa pública.

Usted verá cuál apoya.

O si, mejor, no apoya a ninguna.

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