Demagogia antinarcóticos y ambientalista
En 1971, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, declaró la guerra contra las drogas. Y hoy, 52 años después, estamos ante la guerra más perdida de la historia.
Cada vez se consumen más estupefacientes y de más variedades; los de siempre, marihuana, cocaína y heroína; y los nuevos, metadona, metanfetamina, fentanilo, entre otros narcóticos.
Se producen con facilidad y a costos menores, y se venden a precios exorbitantes.
En 2019, un kilo de cocaína en Colombia valía 1.491 dólares –y era un gran negocio, con ventas del orden de 11 mil millones anuales–; el mismo kilo puesto en México costaba 12.433; en Estados Unidos, 69.000; y 152.207, en Australia. Al menudeo, en Nueva York, a un kilo le sacaban 153.000 dólares.
¿Cómo explicar esos precios y esas ganancias exorbitantes? Simple. Por su ilegalidad, principalmente, además de su amplia demanda. Si fuera legal, ‘se tirarían el negocio’, porque las drogas se venderían baratísimas y con utilidades mucho menores.
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El rotundo fracaso de la guerra contra las drogas era y es fácil de explicar.
Por un lado, siempre –siempre– habrá quienes consuman drogas, como habrá bebedores de alcohol y fumadores. Y con esas ganancias exorbitantes, siempre habrá quien le jale a ese negocio, aun a riesgo de la cárcel y la muerte; corrompiendo, además, policías, jueces, políticos, gobernantes y empresarios, anegando a los países en sangre y llenándolos de viudas y huérfanos.
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Si ha fracasado la guerra de Estados Unidos y de los gobiernos que lo siguen contra las drogas, como tenía que suceder, lo que sí no ha fracasado entonces es el descomunal negocio, ilegal y legal, que esa guerra crea y promueve.
Y tampoco ha fracasado esa guerra como pretexto para intervenir en los países, según enseñan experiencias de cinco décadas y el Plan Colombia (2000), un plan norteamericano, no para acabar con la producción de cocaína, sino para reducirla al 50 por ciento y usarlo como pretexto para determinar la economía y la política del país a tal punto que Juan Manuel Santos, ministro de Hacienda de Andrés Pastrana, firmó una carta de intención titulada FMI acoge el Plan Colombia (ver enlace)
Tanto determina el Plan a Colombia, que su primera estrategia compromete al país a promover los tratados de libre comercio y la inversión extranjera, y la segunda incluye privatizar más la economía.
La negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el Caguán aparece en el tercer punto: “Una estrategia de paz que le apunte a unos acuerdos negociados con la guerrilla”. Solo en el sexto se habla de “una estrategia antinarcóticos” (ver enlace).
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Aunque suene cómico, lo de reducir la oferta de cocaína a la mitad con el Plan Colombia –que es la exigencia de los gringos a los anteriores gobiernos y a Petro– es una “solución de mercado”, porque, dicen, al encarecerla, algunos no podrán pagarse sus rayas de perico. No les temen ni a las falacias ni al ridículo.
Entonces, lo dicho por Petro y Biden sobre el narcotráfico no es para acabar con ese negocio, según se ha probado hasta la saciedad.
Y es igual su demagogia ambientalista, útil para distraer a un mundo modelado por Estados Unidos y con gravísimos problemas económicos, sociales y militares, mientras Biden promueve enormes proyectos de exploración de hidrocarburos en su país, en el Golfo de México y Alaska para agregarlos a sus 11,8 millones de barriles de producción diaria de petróleo y 934 mil millones de metros cúbicos de gas, 15 y 89 veces más que Colombia.
Entretanto, el embajador Benedetti explicó que Petro le sirve tanto a Biden que parece su canciller (ver enlace).
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