¿Golpe de estado en Brasil? 1.500 detenidos durante asalto a sedes del Gobierno
Gustavo Petro y Joe Biden manifestaron su apoyo al recién posesionado presidente Lula luego de que partidarios de Bolsonaro se tomaran y saquearan tres sedes del Gobierno, el 8 de enero, en Brasilia.
Las fuerzas de seguridad de Brasil han detenido a 1.500 personas este lunes 9 de enero, y otras 527 han sido arrestadas, luego de que hordas de simpatizantes del expresidente y excontendor en la pasada carrera presidencial, Jaír Bolsonaro, irrumpieran y saquearan tres edificios gubernamentales en Brasilia.
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El domingo 8 de enero, partidarios de Bolsonaro asaltaron y saquearon tres ramas del Gobierno en la capital: el Palacio del Planalto, o la oficina del presidente, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal, hasta que finalmente fueron contenidos por las fuerzas de seguridad.
“El fascismo decide dar un golpe”: Petro
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su apoyo a su homólogo brasileño e instó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a “aplicar la Carta Democrática”:
Por su parte, Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro, se ha distanciado de la “vergüenza” que le representa el asalto por parte de los partidarios del exmandatario a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo Federal en Brasilia, además de calificar la jornada como un “día triste para Brasil”.
Las imágenes de medios como la cadena de televisión Globo News y otras difundidas en redes sociales mostraron a manifestantes que invadían instalaciones del Congreso, el palacio presidencial de Planalto y el Tribunal Supremo Federal, máxima corte de Brasil, ubicados en la misma área donde se concentran los tres poderes del Estado, la denominada Explanada de los Ministerios.
Por otra parte, la Corte Suprema de Brasil decidió sacar de su cargo por tres meses al gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, después de los disturbios, medida que se produjo después de la destitución del secretario de Seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, que también fue ministro de Justicia durante el Gobierno de Bolsonaro.
Bolsonaro rechaza “invasiones de edificios públicos” y acusaciones “sin pruebas”
El expresidente, por su parte, señaló en un tuit que “las manifestaciones pacíficas, en la forma de la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017”, no están dentro de las reglas.
Bolsonaro, que vive en Orlando (Florida, Estados Unidos) y salió del país dos días antes del juramento de Lula para un tercer mandato como presidente, el pasado 1 de enero, escribió en Twitter que, “a lo largo de mi mandato, siempre estuve dentro de las cuatro líneas de la Constitución, respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad“.
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El líder de extrema derecha también repudió las acusaciones que se le hacen “sin pruebas, atribuidas a mí por el actual jefe del Ejecutivo de Brasil“. Lula aseguró el domingo en una conferencia de prensa que el expresidente había alentado las manifestaciones a través de varios de sus discursos.
Antes de la votación, Bolsonaro también puso en duda si respetaría los resultados de las elecciones y planteó preocupaciones sobre el sistema de votación electrónica de Brasil, pero no proporcionó pruebas.
Miles de simpatizantes del Bolsonaro se volcaron, este domingo 8 de enero, al Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, en rechazo a la investidura del recién posesionado presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotó a Bolsonaro en segunda vuelta, con 50,9 contra el 49,1 por ciento de los votos, el 30 de octubre del año pasado.
Tras anunciarse la victoria electoral de Lula, partidarios de Bolsonaro también se manifestaron con el bloqueo de carreteras en todo el país y presionaron para que los militares intervengan contra el líder de izquierda.
La condena que persigue a Lula
Lula fue candidato durante las elecciones presidenciales de 2018, hasta que las acusaciones por corrupción y lavado de dinero, en particular en relación con la multinacional Odebrecht, bloquearon sus aspiraciones políticas, por lo cual fue condenado a prisión y Bolsonaro ganó la Presidencia.
Sin embargo, años más tarde, las condenas fueron anuladas por la Corte Suprema, que dictaminó que el juez a cargo de los casos, Sergio Moro, actuó de forma parcializada y politizada. En 2019, el líder de izquierda fue liberado de prisión, lo cual le permitió postularse nuevamente para el cargo.
Al inicio del Gobierno de Bolsonaro, Moro fue nombrado ministro de Justicia.
Revertir las políticas de Bolsonaro, prioridad de Lula
Antes de jurar como presidente, el pasado 1 de enero, Lula anunció a las nuevas ministras de las carteras de Medioambiente y la recién creada de Pueblos Indígenas, ambas con el fin de salvaguardar las políticas ambientales del país y revertir las del exmandatario Jair Bolsonaro.
Marina Silva, una defensora de la selva amazónica, estará nuevamente en cabeza del Ministerio de Medioambiente, cargo que también ocupó entre 2003 y 2008, hasta su renuncia, tras una disputa política con Lula.
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Tras su nombramiento, Silva agradeció a Lula y escribió en Twitter que Brasil enfrenta “el gran desafío de rescatar y actualizar la agenda socioambiental perdida“.
Sonia Guajajara, por su parte, se convertirá en la ministra de Pueblos Indígenas. Guajajara, indígena ella misma, dijo sentirse “honrada y feliz” tras su nombramiento, que calificó en Twitter como, “más que un logro personal, (…) un logro colectivo de los pueblos indígenas; un momento histórico del principio de reparación en Brasil. La creación del Ministerio es la confirmación del compromiso que Lula asume con nosotros”.
Líderes ambientalistas y defensores de los pueblos indígenas y sus derechos territoriales han criticado las políticas de Bolsonaro, debido a que “ha hecho retroceder la protección ambiental de la Amazonía y causado destrucción ecológica“.
Durante la COP27 de noviembre, en Egipto, Lula dijo que “no puede haber seguridad climática para el mundo sin una Amazonía protegida“, y se comprometió a salvaguardar la biomasa de la selva.
Además, prometió fortalecer los órganos de inspección y los sistemas de monitoreo, así como tomar medidas drásticas contra los “delitos ambientales” y las “actividades ilegales” en la Amazonía, al denunciar las actividades mineras, madereras y agrícolas que, según señaló, han afectado significativamente la forma de vida de los pueblos indígenas en la región.
Lula fue una figura influyente durante la era de la marea rosa, un período en el cual muchos países latinoamericanos se inclinaron hacia la izquierda.
El ascenso político del exlíder sindical a la Presidencia marca una nueva ola de líderes regionales de izquierda en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, México y Perú.
Con Agencia Anadolu
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