La minirreforma constitucional escondida en el ‘articulito’ del PND de Petro

Se trata del artículo 8 del PND que obligaba al Estado acoger gradualmente, las 71 recomendaciones de hizo la Comisión de la Verdad.

Uno de los retos que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro, tras la disolución de su coalición en el Congreso, es lograr la aprobación íntegra del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Aunque el tema no es de mucho interés para el ciudadano de a pie, la realidad es que con ese proyecto el presidente Petro se juega todas sus cartas, ya que el PND es la hoja de ruta que contiene la letra menuda de las grandes transformaciones que prometió en campaña.

Mejor dicho, el PND condensa en un solo documento todo lo que implica el cambio por el que votaron los colombianos, para que fuera ejecutado por Gustavo Petro, líder de la izquierda que por primera vez llega al poder en el país.

Eso explica por qué esta semana ha sido de una particular exposición mediática en medios de comunicació y redes sociales, todo lo que sucede alrededor de la aprobación del PND en el Congreso.

Y particularmente la atención que se robó la discusión y hundimiento en el Senado, del famoso artículo 8 del Plan Nacional de Desarrollo (PND). ¿Qué dice ese artículito?

El artículo en sí, no dice mucho. Se trata de un párrafo que ordena al Estado colombiano, a través de sus instituciones, acoger gradualmente las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad.

“Las entidades del orden nacional sobre las cuales recaigan recomendaciones del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad las acogerán de forma progresiva según su viabilidad, competencias y capacidades. El Departamento Administrativo para la Presidencia de la República definirá los lineamientos, roles y responsabilidades de las entidades competentes. El Departamento Nacional de Planeación brindará apoyo técnico para la definición de los lineamientos y adecuará el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto – SIIPO-, como herramienta para el seguimiento de recomendaciones”, dice textualmente el polémico artículo 8.

Como se recordará, la Comisión de la Verdad es una entidad temporal y extrajudicial, creada en 2017 durante el proceso de paz con las Farc, como un mecanismo para saber la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad.

Sin embargo, cuando nos vamos a la fuente principal del mencionado artículo, es decir las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad, nos encontramos que se trata de toda una compleja transformación institucional plasmada en 71 propuestas que cubren 9 temas.

Las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad, tienen un enfoque hacia una política de paz, convivencia y respeto por los Derechos Humanos; es decir, muy en sintonía con las política que promueve el presidente Petro y recogidas en el PND que tituló, “Colombia, potencia mundial de la vida”.

No obstante, las 71 recomendaciones de esa comisión abarca temas tan amplios y complejos, que pueden equipararse a una mini reforma constitucional en asuntos de construcción de paz, víctimas, democracia, narcotráfico, impunidad y acceso a la justicia, seguridad, paz territorial, transformaciones culturales y legado.

Eso explicaría por qué el artículo en cuestión tuvo tanta resistencia en el Congreso, especialmente de los parlamentarios del Centro Democrático.

De hecho, la senadora María Fernanda Cabal fue una de las más críticas y opositoras a la permanencia del famoso atículo 8 del PND y cuestionó que la Guardia Indígena hiciera presencia en el Capitolio, para apoyar la aprobación del proyecto.

Los indígenas, las comunidades campesinas y negras, serían las más favorecidas con las recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad y su inclusión en el PND. Primero porque padecen en carne propia los efectos de la guerra; segundo, porque la ruralidad es la más golpeada por la pobreza.

Lo llamativo, es que esas recomendaciones (buenas o cuestionables), no se limitan a promover una política de paz, sino que fueron más allá al tocar problemas de fondo como la lucha contra el narcotráfico, la extradición, el fracaso de la política internacional antidrogas, la elección del Fiscal General, la Reforma Agraria, la creación del Ministerio de Paz, sacar a la Policía del Ministerio de Defensa y el cumplimiento del Acuerdo de Paz, entre otros.

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Diario Criterio recogió por temas, algunas de las 71 recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad y que serían incluidas en el famoso artículo 8 que tumbó el Senado, dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Construcción de paz (11 recomendaciones):

• Garantizar el cumplimiento pleno e integral del Acuerdo Final de Paz, desarrollando un plan de impulso a la implementación de todos los puntos del Acuerdo con enfoque territorial, étnico, de género y de derechos de las mujeres.

• Garantizar la seguridad de las y los excombatientes de las FARC-EP, así como su reincorporación económica, social y política, dentro de una estrategia integral de protección de territorios inspirada en el concepto de seguridad humana, a través de, entre otras acciones.

• Al Gobierno Nacional, crear un Ministerio para la Paz y la Reconciliación que lidere la implementación y articule las instituciones, programas y políticas orientadas al reconocimiento de las víctimas, la generación de condiciones de convivencia y de confianza entre la ciudadanía y de esta con el Estado, y, en general, a la reconciliación.

Víctimas (07 recomendaciones):

• Al Gobierno Nacional, asumir el compromiso de liderar los reconocimientos extrajudiciales de responsabilidad y de la dignidad de las víctimas sobre la base de los avances, experiencia y criterios de la Comisión, dando prioridad a los reconocimientos de responsabilidad de hechos sufridos por sujetos de reparación colectiva

• Garantizar de forma prioritaria el cumplimiento de las órdenes sobre reparación integral de las víctimas del conflicto armado contenidas en sentencias de órganos internacionales.

Democracia (12 recomendaciones):

• Al Gobierno Nacional, el Congreso de la República, los partidos y movimientos políticos avanzar en una reforma al régimen político y electoral, que tenga en cuenta las propuestas realizadas por la Misión Especial Electoral creada en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, a través de un discusión amplia y plural para la búsqueda de consensos alrededor de las garantías para un régimen pluralista, democrático y deliberativo, que permita dignificar el ejercicio de la política.

• Al Estado colombiano, bajo el liderazgo del Gobierno Nacional, y del Congreso de la República realizar los ajustes normativos, institucionales, culturales y políticos necesarios para dar garantías al ejercicio de la movilización y la protesta como derecho y a la primacía del diálogo amplio y plural como respuesta a la misma.

• A los servidores públicos, abstenerse de realizar conductas que deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o estigmaticen la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, integrantes de movimientos sociales y de líderes y lideresas sociales. También es importante que se abstengan de hacer falsas imputaciones o acusaciones que comprometan su seguridad, honra y buen nombre.

• Al Gobierno Nacional, establecer un espacio de diálogo y concertación con las organizaciones campesinas para acordar las reformas normativas e institucionales que se consideren necesarias para garantizar el reconocimiento del sujeto campesino, su igualdad material y su participación activa y efectiva en los asuntos que les afectan. Estas reformas incluyen, entre otras, la adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos, medidas para el fortalecimiento político del movimiento campesino, y campañas contra la estigmatización de sus liderazgos y organizaciones.

Narcotráfico (02 recomendaciones):

• Reformular la política internacional frente a las drogas, en particular con el Gobierno de los Estados Unidos, para ajustarla a una nueva visión que permita avanzar hacia la regulación legal y hacer más transparente el campo de acción de las agencias extranjeras en Colombia.

• Implementar un cambio sustancial en la política de drogas, teniendo en cuenta la evidencia, que incluya superar el prohibicionismo y transitar a la regulación de los mercados de droga. Este cambio debe dejar atrás el abordaje del problema de las drogas como un asunto de seguridad nacional y debe contribuir a desmilitarizar la relación entre el Estado y la ciudadanía.

Impunidad y acceso a la justicia (09 recomendaciones):

• Modificar la forma de elección del Fiscal General de la Nación para garantizar su independencia, sobre la base de criterios de mérito y reconocimiento de trayectoria profesional, publicidad y transparencia. Se recomienda que en la reforma del proceso de postulación y selección se incluya la participación de la academia y mecanismos para el control ciudadano.

• Al Congreso de la República, a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de Política Criminal, garantizar la priorización de la investigación contra terceros civiles y agentes del Estado a través de la centralización, organización y análisis de la información producida en investigaciones activas y no activas, incluida la priorización de las compulsas de copias de Justicia y Paz. De este modo, se fortalecerá el trabajo interno de sus unidades y se garantizarán canales de comunicación efectivos con la JEP para lo que pueda ser de su competencia.

• Al Presidente de la República, priorizar la investigación, el juzgamiento y la sanción en Colombia al momento de decidir sobre solicitudes de extradición de personas procesadas que puedan contribuir a esclarecer fenómenos criminales, violaciones a los DDHH, infracciones al DIH y corrupción a gran escala, para así dar garantías a la satisfacción de los derechos de las víctimas.

• Al Gobierno nacional y al Congreso de la República, impulsar y realizar los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios para poner en marcha una comisión transitoria de esclarecimiento e investigación independiente e internacional o mixta (nacional e internacional) para impulsar la investigación y esclarecer la verdad de los hechos del narcotráfico y de la criminalidad organizada asociada a este y sus redes de apoyo.

Seguridad (12 recomendaciones):

• Al Gobierno Nacional y al Congreso de la República adoptar una nueva visión de seguridad para la construcción de paz, enmarcada en el enfoque de seguridad humana, que se centre en la protección de la vida de las personas y las comunidades sobre la base del respeto del principio de pluralismo democrático y del principio de la dignidad humana.

• Garantizar el direccionamiento civil sobre las Fuerzas Militares, la Policía y los organismos civiles de inteligencia, de manera que se fortalezca la gobernanza civil, los controles, mecanismos de supervisión y las responsabilidades derivadas de tal direccionamiento. Para ello, se recomienda: * Separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y ubicarla en otro o en un nuevo ministerio.

• Fortalecer el control preventivo, el penal, disciplinario y fiscal y la supervisión democrática de las Fuerzas Militares, la Policía y los organismos de inteligencia para mitigar factores de riesgo y hacer frente a la impunidad. Para ello, se sugiere: * Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas sobre los procesos, operaciones, cumplimiento del derecho operacional y resultados institucionales con un sistema de información confiable y abierto que garantice el acceso a información de calidad por parte de la ciudadanía y permita la veeduría y escrutinio públicos.

• Revisar y ajustar la doctrina de las Fuerzas Militares y de la Policía, teniendo en cuenta los ajustes a roles y misiones y la nueva visión de seguridad, a través de un proceso transparente y público. Para ello, se recomienda: * Garantizar que la fuerza pública no realice labores sociales ni obras civiles en los territorios que pongan en riesgo a la población civil o la comprometan en las hostilidades.

• Ajustar la estructura de las Fuerzas Militares y la Policía para que esta sea acorde con los cambios realizados a partir de la nueva visión de seguridad. Para ello, es importante: * Realizar ajustes normativos e institucionales necesarios para eliminar gradualmente la obligatoriedad del servicio militar y transitar hacia un servicio social en instituciones civiles.

• Ajustar el sistema de ingreso, ascensos e incentivos de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía. Para ello, se sugiere: * Realizar los ajustes normativos necesarios con el fin de garantizar que no puedan recibir ascensos quienes tengan denuncias creíbles o procesos abiertos en su contra –por acción o por omisión– en casos de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, o en casos de vinculación y connivencia con grupos armados ilegales y delincuencia organizada.

• Al Presidente de la República, al Ministerio de Defensa, a la fuerza pública y Organismos de Seguridad e Inteligencia, al Congreso de la República y a la Rama Judicial, garantizar de manera inmediata el acceso a la información de inteligencia y contrainteligencia que haya cumplido el término legal de reserva a partir de la fecha de recolección, y adelantar un proceso gradual de levantamiento de la reserva de archivos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia en garantía del derecho a la información.

• Al Congreso de la República derogar la disposición de la ley de Inteligencia y Contrainteligencia que establece un término de reserva de treinta años, y mantener vigente como único plazo máximo de reserva el de quince años, no prorrogable, establecido en la Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. Mientras tanto a la Rama Judicial, interpretar que el término máximo de reserva es el de la Ley de Transparencia, de 15 años, por ser posterior y pro personae.

Paz territorial (12 recomendaciones):

• Al Congreso, al Gobierno nacional y autoridades territoriales, diseñar e implementar una estrategia de desarrollo territorial y sostenible para la equidad y la paz territorial para revertir las grandes desigualdades que han caracterizado históricamente la configuración de los territorios rurales y construir una relación equitativa entre el país urbano y el rural, que se fundamente en un proceso de ordenamiento territorial participativo, sostenible y multicultural que permita construir una visión de territorio y futuro compartidos.

• Profundizar el proceso de descentralización, la autonomía territorial y reconsiderar la organización político administrativa del país, con miras a que se dé efectivamente un debate en torno a la equidad territorial y al bienestar a nivel local y regional.

• Al Gobierno Nacional y los gobiernos locales finalizar la formación del catastro multipropósito: A través de un proceso participativo, ágil, que resuelva las inconsistencias con el registro de instrumentos públicos, que sea de utilidad para la planeación de políticas públicas, que garantice su actualización y conservación a lo largo del tiempo y que conduzca a un sistema de información de fácil acceso y utilización para la ciudadanía.

• Al Estado en general revertir la alta concentración de las tierras y corregir los usos antieconómicos y antiecológicos de las mismas, a partir de un plan de reforma agraria que parta del cumplimiento de las metas del Acuerdo de Paz, y que incluya además, las siguientes medidas.

• Al Gobierno nacional, distribuir al menos tres millones de hectáreas –adicionales a las de formalización de baldíos– a campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente.

• Al Gobierno Nacional y el Congreso de la República, a partir de un diálogo amplio, participativo y transparente, definir el trazado de la frontera agraria según necesidades ambientales, sociales y económicas y darle fuerza vinculante.

• Al Gobierno nacional y al Congreso de la República formular una legislación sobre acumulación indebida de baldíos, que contemple un tratamiento diferenciado para los sujetos de especial protección constitucional según su grado de vulnerabilidad, el tiempo y el modo de ocupación, entre otros criterios de equidad, y las características agroecológicas del predio. Esta debe ofrecer incentivos a ocupantes irregulares para que contribuyan a la recuperación, reversión o regularización de baldíos.

• Al Congreso de la República, Gobierno Nacional y gobiernos y concejos municipales, diseñar y ejecutar un plan de fijación y cobro del impuesto predial basado en el principio de progresividad, que aumente efectivamente el recaudo fiscal de los municipios, contribuya a una distribución más equitativa de la tierra y fomente la protección y el uso adecuado de ecosistemas y recursos naturales, y la producción ambientalmente sostenible de alimentos.

• Al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, establecer mecanismos para superar y prevenir los conflictos de uso de suelos, subsuelos y cuerpos hídricos, para garantizar los servicios ecosistémicos esenciales, la disponibilidad de tierras de cultivo para garantizar la seguridad y la soberanía alimentarias de la población, y la pervivencia y el bienestar de las comunidades en sus territorios.

Transformaciones culturales (05 recomendaciones):

• Al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y las secretarías de educación certificadas, con participación amplia de las comunidades educativas y la asesoría de personas expertas, nacionales e internacionales, realizar los ajustes normativos, institucionales y presupuestales necesarios para que el sistema educativo implemente una estrategia pertinente y efectiva para la formación de sujetos capaces de vivir en paz con énfasis en elementos de ciudadanía, reconciliación, habilidades socioemocionales y educación en derechos humanos, que incluya enfoques interculturales, de género y de derechos de las mujeres.

• Al Ministerio de Educación, Secretarías de Educación certificadas e instituciones educativas, promover al interior de las instituciones educativas el desarrollo de pactos para la paz, de manera que se promueva la diversidad, la pluralidad, el cuidado de la vida y la igualdad de dignidades, con participación de diferentes actores de las comunidades e instituciones educativas.

• A los medios de comunicación públicos, privados, alternativos y comunitarios e instituciones educativas con programas de comunicación social, llevar a cabo un diálogo nacional para definir estrategias que permitan fortalecer el papel de los medios de comunicación y el oficio periodístico en la construcción de una cultura para la paz y en la garantía del derecho a la información como parte del derecho a la verdad.

• A las iglesias, comunidades religiosas y comunidades de fe promover desde su prédica, congregaciones e instituciones educativas, narrativas y prácticas que fomenten el valor de la dignidad de las personas, el respeto de los derechos humanos, el diálogo y el reconocimiento y respeto de la diversidad, con especial énfasis en la transformación de las percepciones y el trato hacia las mujeres y las personas LGBTIQ+, que contribuyan a desinstalar las narrativas de odio que legitiman y aceptan la eliminación física de las personas.

Legado  (01 recomendación):

• A los diversos actores sociales, particularmente quienes se desempeñan en labores de pedagogía, educación y gestión cultural; a los medios de comunicación públicos y privados; al Gobierno Nacional, Congreso de la República y la institucionalidad pública en general; y dentro de ellos a quienes apoyaron y acompañaron de cerca los procesos de la Comisión, se les insta a conocer el legado de la Comisión de la Verdad, difundirlo y darle continuidad a nivel territorial, nacional e internacional de acuerdo con lo que atañe a sus deberes, objetivos y misiones concretas y apoyarse en este para implementar las recomendaciones que se les ha hecho en el presente Informe.

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